La legisladora rionegrina Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, aseguró que la empresa Camuzzi Gas del Sur se niega a cumplir la Ley Provincial Nº 5.860, recientemente prorrogada, que impide el corte de los servicios de gas, electricidad y agua a sectores vulnerables mientras regularizan su situación mediante planes de pago.
En una entrevista con libertad Radio 95.1, Odarda explicó que la norma se viene renovando desde 2009 y tiene como objetivo proteger a jubilados, personas con discapacidad y familias cuyos ingresos no alcanzan el valor de la canasta básica.
“La ley no perdona las deudas ni exime del pago. Lo único que establece es que las empresas no pueden cortar un servicio esencial y deben ofrecer un plan de pago acorde a las posibilidades de cada familia”, sostuvo.
Denuncia contra Camuzzi
La legisladora afirmó que, a diferencia de años anteriores, este año Camuzzi manifestó expresamente que no acatará la legislación provincial al considerar que responde a una jurisdicción nacional.
Según indicó, ya se registró un caso en Cinco Saltos donde una usuaria comprendida por la ley sufrió el corte del suministro y el retiro del medidor, pese a haber iniciado el trámite correspondiente.
“Es una situación muy grave porque se trata de una empresa monopólica que presta un servicio público esencial. Si entendía que la ley era inconstitucional, debía recurrir a la Justicia, no decidir unilateralmente que no la iba a cumplir”, afirmó.
Ante esta situación, el bloque Vamos con Todos presentó una denuncia formal ante la Agencia de Recaudación Tributaria (ART), autoridad de aplicación de la ley, y solicitó la intervención del Fiscal de Estado para garantizar su cumplimiento.
Odarda sostuvo que el Poder Ejecutivo provincial tiene la obligación de hacer efectiva la normativa, ya que fue promulgada mediante decreto y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Quiénes pueden acceder al beneficio
La legisladora recordó que la ley alcanza a:
* Jubilados y pensionados cuyos ingresos sean inferiores al valor de la canasta básica.
* Familias con ingresos por debajo de ese mismo parámetro.
* Hogares que tengan personas con discapacidad a cargo.
Los beneficiarios deben presentarse ante la empresa prestataria con una declaración jurada y la documentación respaldatoria para acceder a un plan de pago.
En caso de que igualmente se produzca el corte del servicio, la norma establece que los costos de reconexión, incluyendo eventuales trabajos de gasistas matriculados, deberán ser asumidos por la empresa y no por el usuario.
Hasta el momento, Odarda aseguró que la única empresa que manifestó formalmente su negativa a cumplir la ley es Camuzzi.
Preocupación por la reforma de la Ley de Tierras
Durante la entrevista, la legisladora también expresó su rechazo al proyecto nacional que propone modificar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Odarda advirtió que la iniciativa eliminaría restricciones que actualmente limitan la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en zonas de frontera y en áreas con recursos estratégicos como agua dulce, glaciares, bosques nativos y yacimientos minerales.
“La ley vigente frenó un proceso de extranjerización y concentración de tierras. Si se eliminan esos límites, cualquier grupo de inversión extranjero podría adquirir extensas superficies en la Patagonia”, señaló.
El caso Lago Escondido
Como ejemplo, Odarda volvió a referirse al conflicto por el acceso al Lago Escondido, donde desde hace años impulsa acciones judiciales para garantizar el ingreso público al espejo de agua rodeado por propiedades vinculadas al empresario británico Joe Lewis.
La legisladora cuestionó además un acuerdo que, según denunció, habría firmado el Gobierno nacional con la empresa Hidden Lake para desistir de una demanda que buscaba recuperar unas 12.000 hectáreas cuya adquisición consideró irregular.
También alertó sobre la intención de crear una reserva privada en el área y sostuvo que “los lagos son bienes de dominio público y no pueden quedar sujetos a la decisión de un particular”.
Alerta por compras de tierras
Finalmente, Odarda manifestó su preocupación por lo que calificó como un nuevo fenómeno en Río Negro: la adquisición de grandes extensiones de tierras por parte de Estados extranjeros a través de empresas privadas.
Según afirmó, existirían más de 70.000 hectáreas vinculadas a intereses de Emiratos Árabes Unidos y Qatar en zonas estratégicas de la cordillera.
“Ya no hablamos solamente de grandes empresarios extranjeros. Estamos viendo a Estados adquiriendo tierras con recursos naturales estratégicos, algo que consideramos de extrema gravedad para la soberanía nacional”, concluyó.
La legisladora adelantó que el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Tierras está previsto para comienzos de agosto y aseguró que continuará impulsando acciones tanto para exigir el cumplimiento de la Ley 5.860 como para frenar las modificaciones que, a su entender, profundizarían la extranjerización del territorio argentino
