Río Negro

El avión sanitario que compro la gobernadora no funciona desde hace dos meses

El avión de la polémica que compró la Gobernación de Río Negro no hace vuelos sanitarios desde hace casi dos meses y el Estado provincial volvió a las contrataciones dentro del sector privado para cumplir con esos traslados.

El Cessna Citation V Ultra que el gobierno de Arabela Carrera compró el año pasado por más de 4,2 millones de dólares permanece en el aeropuerto de Viedma, ya que no tiene pilotos autorizados para comandarlo.

Según informaron tres fuentes vinculadas con el sector aeronáutico al diario Río Negro, los profesionales que habían sido contratados para realizar las primeras operaciones desde que la nave llegó a la provincia, en agosto del 2022, terminaron su vínculo con la Provincia. Y cuando eso ocurrió, los pilotos que tiene en planta la Dirección de Aeronáutica de Río Negro no contaban todavía con los permisos obligatorios que impone la normativa vigente para hacer vuelos sanitarios en ese tipo de aviones.

Por otra parte el diario Río Negro también informó que el gobierno provincial tuvo que volver a pagar por la instrucción de sus agentes en los Estados Unidos, luego de una capacitación inicial realizada a principios del 2022.

Esos traslados y estadías corresponden al propio director de Aeronáutica, José María Scheverin, y a otro piloto.

El funcionario integró la tripulación que trajo el Cessna Citation al país, en el recordado vuelo del 24 de julio del año pasado, que fue noticia porque el avión sufrió un incidente y quedó paralizado durante varias en medio de la pista del aeropuerto de Salta.

Pero además de los cursos en Estados Unidos, la Provincia decidió a fines del año pasado la contratación de un instructor de vuelo, para que capacite a tres pilotos del staff del Estado.

Ese proceso se abrió el 20 de octubre pasado, a través de la compra directa 48/2022 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos -del cual depende la Dirección de Aeronáutica- y en su carátula, el expediente detalla que el objetivo de ese instructor será “brindar un curso para 3 pilotos p/ la intrucción (SIC) y habilitación de copilotos p/la aeronave oficial Cessna Citation LV-FKB”.

Y casi dos semanas después de iniciar ese proceso, la web oficial de Compras del Estado reveló otra prueba de que el gobierno rionegrino adquirió un avión sin prever los tiempos de capacitación de sus pilotos.

Fue el 2 de noviembre, cuando se abrió el expediente 013055ST-2022, correspondiente a la compra directa 52/2022, para la “contratación de servicios profesionales de un copiloto por el término de un mes habilitado y con experiencia en Cessna Citation V560”.

Ese trámite derivó en la Resolución 794 del Ministerio de Obras Públicas, firmada el 16 de noviembre, en la que el gobierno dispuso la contratación de Tomás Ezequiel Belbruno para cumplir con esa función, por una suma final de 350.000 pesos.

Lo singular es que esa disposición surgió apenas tres días antes de que el avión oficial dejara de ser utilizado para conectar dos aeropuertos. Ese último recorrido fue el 19 de noviembre, entre Bariloche y Viedma, para quedar en el aeropuerto Gobernador Castello hasta nuevo aviso.

Desde el Ejecutivo confirmaron la recepción de las preguntas, pero hasta ayer y a pesar de los nuevos llamados y mensajes, no hubo respuestas oficiales.

Por otra parte, este diario consultó a fuentes del Ministerio de Salud cómo se estaban cubriendo las necesidades de traslados sanitarios, ahora que el avión oficial no está cumpliendo esa función.

“Con la licitación privada que estaba prevista a la par”, respondió un funcionario de la cartera provincial.

Esa explicación contiene dos datos: uno es tranquilizador, porque ningún paciente que demande una derivación urgente hacia un punto lejano verá bloqueada esa posibilidad, pero el otro es más inquietante, porque se confirma que a pesar de la compra y de la llegada del avión propio, el Estado rionegrino nunca rompió su vínculo con los prestadores privados de servicios aéreos.

En el caso particular de Salud, ese convenio está sellado con la empresa Elair SA, de la familia Urcera, que inicialmente tuvo un acuerdo por 35 millones de pesos, para el primer semestre del 2022.

Ese mismo contrato contenía una cláusula que permitía la renovación automática, algo que se concretó a partir de las demoras en el arribo al país del avión oficial.

Lo que también preveía el convenio en la cláusula décima era que el Ministerio de Salud podría “rescindir unilateralmente el presente contrato, sin invocar causa alguna, en cualquier momento con un preaviso de treinta (30) días corridos de antelación”.

Eso nunca ocurrió y -sin que nadie lo haya planificado- ofreció el salvoconducto para el gobierno ante la necesidad de suspender los vuelos sanitarios en el Cessna.

Pocas respuestas y el registro de los últimos traslados

Desde Salud hubo respuestas parciales, pero no ocurrió lo mismo con las preguntas remitidas a través del área de Comunicación.

Puntualmente se requirió sobre la finalización de los contratos de los pilotos que comandaron el Cessna entre agosto y noviembre pasados, sobre los cursos en los Estados Unidos pagados al director de Aeronáutica de la provincia y a otro piloto y sobre las contrataciones directas de un instructor de vuelo y de un copiloto. Sobre este último profesional, se pidió saber qué ocurriría con el compromiso asumido por el Estado de pagarle 350.000 pesos por un mes de trabajo, cuando a los tres días de la disposición que habilitó ese gasto el avión dejó de prestar servicios sanitarios.

Hasta ayer las preguntas permanecían sin respuestas, igual que las llamadas y mensajes a los funcionarios que recibieron el cuestionario.

Lo mismo ocurrió con un mensaje enviado al propio director de Aeronáutica, José María Scheverin.

La última información oficial publicada por el gobierno data del 28 de octubre pasado, cuando se resaltó que la aeronave había cumplido con tres traslados de pacientes en un lapso de 24 horas.

En esa misma gacetilla se destacó que el avión comprado por el Ejecutivo “sigue fortaleciendo la atención de emergencia en la provincia” y que “desde su llegada, ya totaliza 12 salidas para asistir cuadros de urgencia”.

Los órganos de control llevan casi un año sin definiciones

Los órganos de control externo iniciaron de oficio en abril del año pasado sus investigaciones con las primeras publicaciones de la compra del avión. Pero, esa inusual celeridad se desvaneció luego, ya que todavía no hay conclusiones.

En julio, un equipo del Tribunal de Cuentas concluyó una auditoría, con su envío a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a partir de observaciones formales y dudas en la razonabilidad del valor de la operación.

La Fiscalía, a cargo de Fabian Gatti, cumplía su propia evaluación. A diez meses, ese órgano de investigación reiteró que sigue con su análisis, todavía sin resolución.

Los auditores designados por el Tribunal concluyeron que en la operación “no actúo personal idóneo” y que “no surgen los criterios aplicados ni consta documentación que respalde la determinación del costo técnico estimado”. Sus observaciones indican que “el costo no fue evaluado y razonado por parte de quien la suscribió”, indicando que se requería un “informe técnico inicial” para las cotizaciones oficiales evaluadas en “forma fundada y razonada acorde a los valores del mercado”, cumpliendo “el objeto de la contratación”, “en el momento oportuno y menor costo posible, bajo las pautas de economicidad, eficiencia y eficacia”.

Con ese informe, el fiscal Gatti debe considerar si las “insuficiencias e incumplimientos” detectados conforman irregularidades para denunciar a los funcionarios intervinientes. Esa conclusión aún no está.

Por su parte, los miembros del Tribunal (Maximiliano Suárez, Natalia Falugi y Dolores Cardell) tienen la misión de revisar las conductas administrativas. Incluso, días atrás, trascendió que existía una resolución con multas para funcionarios del área, pero la información fue negada desde el organismo, reiterando que ese estudio todavía no está finalizado.

La gobernadora y los vuelos de Sapsa

El último vuelo del Cessna Citation LV-KFB entre dos aeropuertos fue el sábado 19 de noviembre, entre Bariloche y Viedma.

El gobierno provincial no informó sobre vuelos sanitarios en esa época y este diario no tuvo respuestas cuando preguntó cuándo fue el último servicio sanitario que se prestó con la aeronave oficial.

Ese dato es relevante, porque permitirá saber si el avión sólo fue utilizado para necesidades de pacientes, tal cual anunció el gobierno cuando se desató la polémica por su compra.

Por lo pronto, la gobernadora Arabela Carreras usó un avión Sapsa, firma contratada para traslados de funcionarios, para llegar el último miércoles a Viedma junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Cuándo podrían reactivarse los vuelos sanitarios

Fuentes oficiales consultadas por el diario Río Negro informaron que el avión de la Gobernación estaría sin uso para vuelos sanitarios por lo menos hasta la semana próxima.

El 10 de enero fue la fecha estimativa inicial en la que podrían reactivarse los servicios del Cessna Citation V Ultra, que por estas horas permanece en uno de los hangares del aeropuerto de Viedma.

En ese lugar quedó el 19 de noviembre, después de cumplir con un traslado desde Bariloche hacia la capital, de acuerdo con la información que aparece en el sitio especializado flightaware.com.

En esa página se detalla que la aeronave identificada como LV-KFB despegó a las 8.42 de ese sábado desde el aeropuerto barilochense, aterrizando en Viedma a las 9.49 de la mañana.

El jueves y viernes pasados el Cessna tuvo mínimos desplazamientos, sobrevolando el área cercana a la capital, para volver a aterrizar en el Gobernador Castello.

Fuente
Diario Río Negro
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