Con la presencia de invitados especialistas, la Cámara de Diputados comenzó hoy a tratar el proyecto de ley con media sanción del Senado para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea cancelada en base a la repatriación de «dólares fugados» de evasores que tienen bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La iniciativa, que el pasado 12 de mayo consiguió en el Senado los votos justos para la aprobación (37 afirmativas y 31 negativos), fue debatida en la comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau.

Juntos por el Cambio está en contra de la iniciativa (de hecho ya se inclinó por el rechazo en la votación del Senado) por considerar que se trata de un blanqueo que beneficia injustamente a personas que cometieron delitos, y que la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya tienen herramientas para repatriar el dinero.

El proyecto -diseñado por el senador kirchnerista Oscar Parrilli- para crear el «Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional» apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio del pago de una multa en dólares equivalente al 20% de sus bienes totales no declarados.

En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota de la multa sube del 20 al 35%.

El fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo.

Será administrado por el Ministerio de Economía, mientras que el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de este fondo estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

«Estarán obligados al pago las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que posean tenencias de moneda nacional y/o extranjera; inmuebles; muebles; y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, sin declarar», señala el texto del proyecto.

El proyecto autoriza a solicitar información a los Bancos y sancionarlos con el cierre de sus sucursales argentinas si la ocultan.

El debate

El primer orador de la ronda de expositores fue el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien comenzó desmintiendo que la iniciativa tenga como propósito realizar un blanqueo.

«Creo que la norma no tiene otro nombre de la de su finalidad que es proceder el arreglo de la deuda externa aportando un criterio particular para ese arreglo y por ello la necesidad de una nueva ley”, respaldó.

En tanto, cuestionó la legalidad de la operación de deuda efectuada por el ex presidente Mauricio Macri con el FMI por no haber sido autorizada por el Congreso nacional.

En este sentido, Barcesat manifestó que «la competencia constitucional» sobre reestructuraciones de deuda es de este Congreso nacional».

«El ministro de Economía es un empelado del Poder Ejecutivo y también está sujeto a las decisiones que tome al respecto el Congreso de la Nación», indicó.

A su turno, la ex directora de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía Mercedes D´Alessandro, consideró que si no se avanza «sobre este proyecto la deuda la va a pagar el pueblo trabajador todos los días, y esto es muy injusto».

«Porque ya nos extrajeron este dinero que se fugó, y encima vamos a tener que seguir pagando hacia adelante», continuó la economista.

Por su parte, el director de Ciencias Sociales de la UBA Pablo Manzanelli consideró que «es un acierto conectar la deuda con la fuga», y explicó: «Este proyecto apunta a una porción de la fuga de capitales que tiene que ver con la deuda que no está declarada y ubicada en el exterior».

La figura del «colaborador»

El proyecto oficialista estipula la creación de la figura del «colaborador», que será «cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos», y coopere con la AFIP para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y/o maniobras de evasión fiscal.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a 500.000 dólares en concepto de activos no declarados.

El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

Se establece una pena de prisión de uno a seis años al colaborador que aportare información falsa; y de seis meses a dos años al colaborador que, de cualquier forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa al proceso de colaboración.

Si el evasor declara y paga en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestos en los artículos 11°, 12° y 13° del blanqueo previsto en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal (N°27.613).

No obstante, la norma propuesta aclara que los beneficios previstos no cancela las investigaciones por delitos preexistentes del lavado de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de persona u otros que puedan corresponder.

El objetivo que persigue el proyecto es recaudar hasta 44 mil millones de dólares para pagarle al FMI.

Según los informes del Banco Mundial existen en el exterior más de 410 mil millones de dólares de residentes argentinos, de los cuales 340 mil millones no figuran en los registros de AFIP.