Denuncias por el escándalo de los fondos a Bomberos
Alcanzan a Tortoriello y al vice de la Federación. Los acusan de comprar unidades con sobreprecios, en una operación que trianguló una firma offshore.
Llegó a la Justicia penal el caso de la irregular compra de autobombas para los cuarteles de Bomberos rionegrinos con millonarios fondos públicos sin rendir, denunciado por “Río Negro” en diciembre pasado.
El intendente de Cipolletti y ex titular de la Federación Bomberos, Antonio Tortoriello, y el vice de la entidad, Alejandro Railefe, fueron denunciados penalmente por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Se les adjudica haber adquirido con abultados sobreprecios las unidades, haber utilizado una firma offshore como importadora y haber hecho una rendición parcial y a destiempo de los 43.134.000 pesos (un aporte no reintegrable) que otorgó la gestión Weretilneck a la Federación con fondos petroleros.
“Río Negro” había revelado todas estas maniobras en la investigación “Bomberos: el regalo de la discordia”, de Ítalo Pisani. Allí se dio a conocer que una empresa fantasma con sede en Uruguay trianguló la compra. También se plantearon los abultados montos pagados por las unidades traídas desde Holanda que –en algunos casos– superaban los 20 años de antigüedad. Y se expuso que hubo apuro y reparto discrecional de las unidades, con cuarteles muy beneficiados y otros ninguneados.
La denuncia contra Tortoriello y Railefe fue presentada ayer ante la Fiscalía por el legislador del Frente para la Victoria, Nicolás Rochás.
Plantea la “desproporcionada onerosidad de la compra” con los más de 43 millones pedidos por la Federación en enero de 2015 y entregados por el gobierno dos meses más tarde. Con ese dinero se adquirieron 31 autobombas, 10 camiones cisternas, 2 unimog y 30 camionetas 4×4, a un promedio de 45.000 euros (740.000 pesos), “cuando en realidad el valor de mercado de los vehículos oscila entre los 15.000 y los 35.000 euros”. Además, se trataba de unidades de elevada antigüedad. Ejemplifica que una autobomba 4×2 modelo 1997 fue abonada en 46.500 euros, cuando un vehículo similar modelo 2001 vale 14.900”. “Se podrían haber comprado muchos más vehículos si se hubiese pagado al valor del mercado y no las sumas que pagó Tortoriello”, señala.
La denuncia describe, asimismo, todo el periplo de reclamos e intimaciones por la demora en la rendición de esos dineros, teniendo en cuenta que el decreto 134/10 de asignación de fondos establecía un plazo de 60 días para la utilización del aporte y 30 días para la rendición.
En realidad, hay que señalar que la mayor parte de las intimaciones del Ministerio de Seguridad que dirige Gastón Pérez Estevan fueron hechas después de la publicación del informe de este diario.
Un punto clave de la denuncia se refiere a “la oscuridad de la adquisición, a través de una empresa fantasma”. “Río Negro” había revelado que la facturación de la operación de importación fue realizada por Reditrans SA, ignota firma asentada en Montevideo y sede de por lo menos 22 sociedades más. Federico Hinz fue el representante argentino de la firma holandesa Kronenburg, que vendió los vehículos. El papel del vice de la Federación, Alejandro Railefe, en la operación de compra fue directo, ya que –concluye la denuncia– “contactó al importador, seleccionó las unidades y negoció su precio”. Advierte la denuncia al respecto: “Consideramos que no hace falta indagar demasiado para llegar a la conclusión de que el dinero girado por el Estado provincial a la Federación tenía un destino muy diferente al que los propios bomberos voluntarios suponían”.
Los legisladores adjuntaron facsímiles de las dudosas facturas y pidieron al fiscal de turno promover la investigación, al considerar que los denunciados incurrieron en el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, generando un grave daño para la provincia.
