Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo. El objetivo: abrir el debate sobre la despenalización y legalización del aborto para que finalmente las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo.
El segundo piso del anexo de la Honorable Cámara de Diputados se vio, ayer, teñido de verde. Se trataba de pañuelos transportados por mujeres, hombres y niños que exigían: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.”
Allí se presentó, por sexta vez y en conferencia de prensa, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) que cuenta con el apoyo de más de 350 organizaciones, la firma de 34 diputados de diversos partidos políticos y el deseo de reconfigurar el dilema ético que supone la interrupción de un embarazo no deseado.
Es que en el país existen alrededor de 500.000 casos por año de mujeres que deben recurrir a abortos clandestinos. Desde el retorno de la democracia, más de 3.000 de ellas fallecieron por exponerse a intervenciones inseguras.
La situación es clara: la criminalización del aborto no impide su práctica y en ella, se va la vida de muchas de nosotras.
El proyecto fue impulsado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La idea surgió durante el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2003, se consolidó en el mismo encuentro llevado a cabo durante el año 2004 y logró crearse como movimiento a partir del 28 de mayo del 2005: no por casualidad, el día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Actualmente, nuclea a más de 340 organizaciones de diversos ámbitos: movimientos feministas, de derechos humanos, docentes, estudiantes y grupos del ámbito científico y de la salud. Entre ellos se encuentra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo, la Asociación Argentina de Educadoras y Educadores Sexuales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, docentes de las Universidades Nacionales del Litoral y del Comahue, la Asociación Argentina de Protección Familiar, Cátedras de las Facultades de Medicina, Psicología y Filosofía de la UBA, entre otros cientos de colectivos.
La lucha es federal y el objetivo, concreto: lograr el debate y la aprobación de una ley que permita la despenalización y la legalización del aborto en nuestro país. Para ello, redactaron el primer proyecto en el año 2006, que fue presentado por primera vez en el 2007. Hubo sucesivas presentaciones en los años 2009, 2010, 2012 y 2014 y esperan que la sexta, impulsada ayer, sea la última.
La norma que se intenta impulsar manifiesta el derecho de toda mujer a decidir la interrupción en forma voluntaria de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Si bien los proyectos anteriores enmarcaban la legislación en las primeras 12 semanas, el nuevo proyecto lo amplía, según indicó Marta Alanis, integrante de la Campaña “en consonancia con las leyes de otros países donde han despenalizado el aborto hace varios años, como por ejemplo, España“.
Además, el proyecto aclara que, fuera de dicho plazo, cualquier mujer podría decidir abortar en caso de tratarse de un embarazo producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o bien si existieran malformaciones fetales graves.
Por otra parte, el proyecto contempla que el Estado debe garantizar el acceso gratuito a estas intervenciones y que los sistemas de salud privados deberán incorporarlo a su cobertura como una más de sus prestaciones.
Contempla las prácticas profesionales sin necesidad de judicialización, plazos de 30 días corridos para que el médico en cuestión manifieste su objeción de conciencia y la derogación de los artículos 85 (inc. 2), 86 y 88 del Código Penal de la Nación, artículos que actualmente penan tanto a los profesionales como a las mujeres que se practiquen un aborto.
Las razones para aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo son múltiples. El CELS expone diez claras razones. En primer lugar, porque la penalización, tal como demuestran las cifras, no disuade a las mujeres de la práctica. Por el contrario, da lugar a la realización de abortos clandestinos, bajo tratamientos sumamente inseguros y aumenta exponencialmente la mortalidad de mujeres pobres y jóvenes.
Pero además, su penalización viola derechos fundamentales de niñas, mujeres y adolescentes. El CELS dice al respecto: “La falta de acceso de las mujeres en situaciones de embarazo no deseado a servicios de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad es discriminatoria porque afecta únicamente a las mujeres. La falta de garantía por parte del Estado para el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos reproductivos viola los derechos de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica, moral y a la autonomía, intimidad y dignidad”.
La penalización, nos induce a recurrir a métodos inseguros, aumenta muertes y pérdida de salud e incluso impacta negativamente sobre el acceso a los abortos legales debido a la estigmatización producida socialmente. La penalización expone a las mujeres y valida un negocio millonario que se vale de la clandestinidad del dolor femenino con el único objetivo del lucro. Viola nuestro derecho a decidir y a actuar con completa autonomía sobre nuestro cuerpo.
El proyecto cuenta con la firma de diputados de diversas agrupaciones políticas:Victoria Donda Pérez (Movimiento Libres del Sur), Carolina Gaillard (FpV), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Myriam Bregman (PTS), Alicia Ciciliani (PS), Margarita Stolbizer (GEN), Héctor Recalde (Fpv) Carla Carrizo (UCR), Soledad Sosa (PO), Cecilia Moreau (Frente Renovador), Juan Villalonga (Cambiemos), Carlos Heller (Partido Solidario), Julio Raffo (Proyecto Sur),Samanta Acerenza (), Brenda Austin (UCR), Karina Banfi (Cambiemos), Miguel Bazze (UCR), Graciela Cousinet (Libres del Sur), Lucila De Ponti (Movimiento Evita), Edgardo Depetri (FpV), Alejandro Echegaray (UCR), Gabriela Estévez (FpV), Araceli Ferreyra (FpV), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Silvia Horne (FpV), Pablo López (PO), Raúl Pérez (Frente Renovador), Néstor Pitrola (PO), Olga Rista (UCR), Gabriela Troiano (PS), Marcelo Wechsler, Sergio Wisky (Cambiemos) y Lucila Duré (PS), entre otros.
La diputada Victoria Donda, quien encabezó las firmas, hizo hincapié en la importancia de decidir sobre nuestros cuerpos. Además, aclaró la importancia del debate: “Por primera vez lo podemos discutir en los ámbitos institucionales, ojalá que podamos sacarle dictamen y que se pueda discutir en el recinto”.
Carolina Gaillard, por su parte, confesó que “los diputados y los senadores estamos en falta ya que hoy somos responsables por omisión de que sigan muriendo mujeres por realizarse abortos clandestinos. La clandestinidad mata, por eso creemos que el aborto es un tema de salud pública y el Estado tiene que estar presente para garantizar la seguridad de todas las mujeres“.
Myriam Bregman aclaró también que el panorama actual, con el oficialismo, es desalentador “Hay un gobierno que en este momento está cerrando programas que afectan directamente a las mujeres. Sabemos que no es fácil esta votación,sabemos que este proyecto tiene muchos enemigos que han impedido su tratamiento, pero tenemos también la fuerza de ganar la calle, la fuerza de la movilización y nos ponemos a disposición para que este proyecto se trate y se discuta con la mayor brevedad.“
En ese mismo sentido, Soledad Sosa aclaró: “tenemos las declaraciones expresas del presidente al decir que defiende la vida desde el momento de su concepción y éste es el gran obstáculo que tenemos. Es por ello que hay que redoblar los esfuerzos más que nunca”.
Carla Carrizo, señaló también durante la conferencia de prensa: “el tema genera un conflicto entre moral y política. Este no es un Estado confesional, este es un Estado democrático. Y una de las características del Estado democrático es la construcción del consenso. Estamos acá con el desafío de poder convencer a los bloques de que nos permitan tratarlo, que aunque no ganemos tenemos el derecho a debatir y argumentar nuestras cuestiones”.
El primer mundo
La diputada Carolina Gaillard sostuvo que “tenemos que seguir el ejemplo de muchísimos países. Muchas veces se suele hablar de los países desarrollados, de ponerlos como ejemplo. Nosotros nos hemos reunido con la Comisión de Salud del parlamento de Finlandia, de Noruega, de Canadá y nos han contado cómo han bajado los índices de mortalidad materna a partir de la legalización del aborto”.
Es que según estadísticas del 2011, 58 países que componen casi el 40% de la población, legalizaron el aborto sin restricción alguna en relación a sus razones. Países como Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Portugal, España, Francia, Suiza, Alemania y Bélgica, entre otros, trabajaron el tema en sus parlamentos y bregan hoy por el derecho individual de la mujer.
En América del Sur, se encuentra legalizado y despenalizado sólo en Cuba, Puerto Rico y, a partir de octubre de 2012, en la República Oriental del Uruguay. (También en los territorios de Guyana y Guayana Francesa)
El caso de Belén
Nadie omitió a lo largo de la conferencia hablar de Belén, la joven de Tucumán que “se encuentra presa hace 832 días por haber tenido un aborto espontáneo en un hospital”, según indica Soledad Deza, abogada de Belén e integrante de Campaña.
Es que se trata de un caso paradigmático en el que no sólo se criminaliza el aborto, sino que además se incumplen las normativas hoy vigentes que asumen al aborto espontáneo como no punible. Soledad aclara: “legalizar el aborto es una deuda de la democracia con las mujeres porque no podemos seguir siendo ciudadanas de segunda, y lo somos mientras no tengamos soberanía con nuestros procesos reproductivos. No puede costarle la libertad a una mujer desafiar el mandato de maternidad cultural que está instalado. La maternidad es una tortura cuando es impuesta. Debe reinar un pluralismo moral suficiente que habilite en nuestro parlamento la discusión de un tema que es una demanda legítima de todo el movimiento de mujeres” y cerró con la consigna general: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Fuera del anexo de Diputados, mujeres, hombres y niños esperaban la finalización de la conferencia. Un camión actuaba de escenario y varias bandas acompañaban el momento. De los laterales de un gazebo colgaban hojas de colores. Cada una de ellas compartía la historia de diversas mujeres que tuvieron que enfrentarse a un aborto en total clandestinidad. Debajo, un cartel resguardaba: “El Estado abandona a las mujeres que abortan, nosotras no.”
Allí se encontraba también el ex legislador Luis Zamora, quien dijo que: “Hay muchos bloques de distintos partidos que adhieren. Eso es indicativo de que se está abriendo camino, pero va a haber que luchar mucho más. El poder de la iglesia es enorme, y la dirigencia política es totalmente servil con la iglesia católica. Con Bergoglio en Roma la lucha se ve perjudicada. Pero, si hay algo de lo que saben las mujeres, es de lucha.”
