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Esta respuesta del Gobierno no es la que esperan los trabajadores y los rionegrinos. Se empieza a consolidar un retroceso institucional de magnitud en la provincia.
Parece mentira que debamos volver a discutir que la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de huelga son derechos constitucionales (Artículo 14 bis) y humanos en la Argentina (Artículo 19 Convención Americana sobre Derechos Humanos) y el Gobierno provincial lo que está haciendo ahora es violentándolos.
El miedo y disciplinamiento como política ya se pretendieron instaurar y signó una de las épocas más trágicas para nuestro país.
Este intento del Ejecutivo rionegrino muestra con claridad, que el conflicto desatado a partir del rechazo paritario será abordado desde la irresponsabilidad. Este escenario no es auspicioso.
El pueblo rionegrino padecerá la falta de las principales prestaciones estatales por la impericia y exclusiva responsabilidad del Gobierno.
Lo más fácil de resolver para los funcionarios será la pauta salarial. Lo que le resultará más complejo y tal vez no se logre, es resolver el trato y la justa consideración que merecen quienes sostienen el funcionamiento del Estado todos los días.
