UPCN va a la justicia por la Mesa de la Función Pública
El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi planteó la inconstitucionalidad de la ley que modificó el esquema de composición de la Mesa de la Función Pública y el reconocimiento legal a ATE para integrarse al organismo. Dictamen favorable del Procurador General para UPCN.
La ley 5.277 aprobada por la legislatura en mayo, incluyó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Consejo de la Función Pública (instituto que regula las estructuras organizativas del Estado, regímenes laborales, salarios y participación en el presupuesto provincial). Hasta entonces UPCN tenía una integración gremial exclusiva en ese organismo, en el instituto de formación de estatales (IPAP), y en las Juntas de Reclamos, de Disciplinas, de Evaluación y, también, de la Comisión de Carreras.
En otras palabras, la norma disolvió la posición dominante en el Consejo del gremio conducido por Juan Carlos Scalesi que leyó en eso una “represalia” del gobernador Weretilneck, y recurrió a la Justicia con un planteo de inconstitucionalidad.
El gremio argumentó que la Constitución Nacional establece que es función exclusiva del Gobierno Nacional dictar normas vinculadas a la relación de trabajo, “por lo que la provincia de Río Negro ha dictado una ley violando los poderes cedidos al Congreso de la Nación”.
La norma además modificó la distribución de los fondos de aportes para las obras sociales sindicales y una composición diferente en la representación de los gremios en el IPAP y en la Juntas. Extraoficialmente se menciona una cifra que podría superar los 32 millones de pesos anuales destinada a la obra social sindical de UPCN, que a partir de la sanción de la Ley pasa a distribuirse en partes iguales con ATE.
“Nosotros nos enteramos de que el Estado rionegrino repartía estos fondos (a las obras sociales de los gremios integrantes de la función pública, incluyendo a ATE a partir de la sanción de la Ley) que es 0.5 del total de la masa salarial recién cuando los medios de comunicación lo difundieron”, protestó Scalesi, para quien el gobierno “sacó” a ATE de las calles con el dinero de la obra social.
La Fiscalía de Estado dictaminó en un primer momento la improcedencia del reclamo argumentando que “la ausencia de fundamentación suficiente en la demanda ya que esta es una mera disconformidad del gremio UPCN con la legislación dictada”.
Sin embargo el Procurador General, Jorge Crespo, el pasado 11 de septiembre emitió un dictamen en el que sostiene que a su criterio “cabe otorgar preponderancia a los argumentos esbozados por la demandante (….) en tanto afirma que con la ley 5277 se ha visto afectada su representación y los ingresos patrimoniales”.
Con estos antecedentes el reclamo llegará al Superior Tribunal de Justicia.
