La causa judicial por presuntas irregularidades en la ejecución del programa federal Techo Digno sumó un nuevo planteo de la Fiscalía. En una audiencia realizada en el marco de la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se tengan por formulados cargos contra Gustavo San Román por el delito de malversación de caudales públicos.

El pedido fue explicado por la fiscal jefa Graciela Echegaray, quien detalló que la acusación se relaciona con el presunto uso de recursos públicos destinados a la construcción de viviendas e infraestructura para otros fines.

Según expuso la representante del Ministerio Público, San Román habría constituido plazos fijos y adquirido una barredora aspiradora de calles con dinero correspondiente al programa habitacional.

La Fiscalía sostiene que, mediante esas operaciones, los fondos habrían recibido un destino diferente al previsto originalmente: financiar la construcción de viviendas y las obras de infraestructura contempladas en Techo Digno.

La nueva acusación se sumaría a otra imputación

El planteo por malversación de caudales públicos se incorporaría a la acusación por defraudación a la administración pública que ya fue formulada contra el exintendente.

Se trata de figuras penales diferentes, aunque ambas están vinculadas, en este caso, con el manejo de los recursos asignados al programa federal. La nueva solicitud busca que la investigación contemple también el presunto desvío de esos fondos hacia operaciones financieras y la compra de equipamiento municipal.

La acusación fiscal deberá ser evaluada en el ámbito judicial. Por el momento, los hechos descriptos forman parte de la hipótesis sostenida por el Ministerio Público y no constituyen una condena.

La defensa se opuso al pedido de la Fiscalía

Durante la audiencia, el abogado defensor particular de San Román, Damián Torres, manifestó su oposición a la formulación de los nuevos cargos.

Ante las posiciones contrapuestas, la jueza de Garantías interviniente, María Gadano, resolvió postergar la comunicación de su decisión y anunció que dará a conocer la resolución el 10 de noviembre, a las 8 de la mañana.

La determinación judicial permitirá conocer si el pedido del Ministerio Público Fiscal prospera y si la presunta malversación se incorpora formalmente a la causa.

Una causa vinculada con un programa nacional de viviendas

El programa Techo Digno fue impulsado para financiar la construcción de viviendas e infraestructura en distintos puntos del país. Por ese motivo, el destino de los recursos transferidos a los municipios constituye un aspecto central de las investigaciones relacionadas con su ejecución.

En el caso de Río Colorado, la discusión judicial gira en torno al uso que se habría dado a parte de esos fondos durante la gestión de San Román y a si las operaciones señaladas por la Fiscalía se ajustaron a los fines para los que habían sido asignados.

La próxima resolución será un nuevo paso en el proceso judicial, aunque no definirá por sí sola la responsabilidad penal del imputado, que deberá determinarse conforme avance la causa y se evalúen las pruebas correspondientes.