Desde Nuevo Encuentro cuestionaron el acuerdo entre Nación y Río Negro para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas nacionales 22 y 151. Lautaro Caballeri advirtió que la Provincia deberá afrontar las obras sin recibir los recursos del impuesto a los combustibles y que el convenio podría derivar en nuevos peajes y mayor endeudamiento.
El convenio firmado entre el Gobierno nacional y la Provincia de Río Negro para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas nacionales 22 y 151 genera cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Desde el bloque PJ-Nuevo Encuentro, el asesor legislativo Lautaro Caballeri analizó los alcances del acuerdo y puso el foco en el financiamiento de las obras y el impacto que tendrá sobre las cuentas provinciales.
En diálogo con Libertad Radio, Caballeri aclaró que, técnicamente, no se trata de un traspaso de las rutas a la Provincia. “No es un traspaso de rutas, porque siguen siendo nacionales y van a seguir dependiendo de la jurisdicción nacional”, explicó. Según detalló, el convenio firmado el 24 de agosto establece que Río Negro asumirá durante 20 años tareas de mantenimiento y mejoramiento.
Remarcó que las obras que realice la Provincia continuarán siendo patrimonio del Estado nacional. “Río Negro va a tener injerencia legal y jurisdicción sobre esas rutas”, sostuvo, al tiempo que señaló que la precisión sobre el alcance del acuerdo es importante para comprender sus consecuencias.
Un crédito de 60 millones de dólares
Uno de los principales cuestionamientos de Nuevo Encuentro está relacionado con la falta de recursos nacionales para afrontar las obras. Caballeri sostuvo que el convenio otorga a Río Negro la posibilidad de intervenir sobre las rutas, pero “sin recursos”.
En ese marco, señaló que la Provincia deberá recurrir a un crédito de 60 millones de dólares para una primera etapa de aproximadamente 300 kilómetros. A ese tramo se sumaría posteriormente una segunda etapa de unos 200 kilómetros, cuyo costo todavía no estaría definido.
Para Caballeri, el escenario resulta especialmente preocupante porque, mientras Río Negro asume nuevas responsabilidades, continúa aportando recursos al sistema nacional mediante el impuesto a los combustibles.
Según el informe elaborado por el espacio político, y tomando datos atribuidos a la consultora Galois, durante los primeros siete meses del año se habrían recaudado recursos por el impuesto a los combustibles que, de acuerdo con el cálculo realizado, representarían para Río Negro unos 19 mil millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 12 millones de dólares.
“Por eso esto es lo que siempre decimos: poner las cosas en su lugar y con su nombre. La plata está, la Nación no la transfiere”, cuestionó Caballeri.
“¿Quién va a pagar los 60 millones de dólares?”
El asesor legislativo también planteó interrogantes respecto del impacto que tendrá el endeudamiento sobre las próximas administraciones provinciales.
“¿Quién va a pagar estos 60 millones de dólares? ¿De dónde va a salir esa plata para pagar?”, preguntó durante la entrevista.
Caballeri recordó que el convenio tiene una vigencia de 20 años y, por lo tanto, atravesará varias gestiones gubernamentales. “Por lo menos cinco gobernadores”, estimó, al advertir que las decisiones financieras tomadas actualmente tendrán consecuencias a largo plazo.
En esa línea, cuestionó que la Provincia deba recurrir a nuevos créditos mientras ya enfrenta compromisos financieros anteriores.
Peajes: otro punto de preocupación
Otro de los aspectos señalados durante la entrevista fue la posibilidad de implementar peajes una vez finalizadas determinadas obras.
Caballeri explicó que el convenio contempla que, una vez concluido cada tramo, Vialidad Nacional pueda autorizar a Vialidad Provincial a instalar estaciones de peaje.
“Te ponen todas las condiciones, te controlan, te dicen qué tenés que hacer, pero no te dan un peso”, cuestionó el dirigente de Nuevo Encuentro.
El escenario planteado genera una preocupación adicional: los rionegrinos continuarían pagando el impuesto a los combustibles y, eventualmente, deberían abonar además un peaje para circular por rutas cuya reparación también será financiada mediante endeudamiento provincial.
“Es una locura estar pagando dos o tres veces por un mismo servicio”, resumió.
El estado de las rutas y el futuro del convenio
Durante la entrevista también se planteó qué ocurrirá con otras rutas nacionales que atraviesan Río Negro, como las rutas 23, 40 y 251.
Caballeri consideró que el convenio firmado inicialmente para las rutas 22 y 151 podría ser el primer paso de un esquema que posteriormente alcance a otros corredores nacionales.
En particular, destacó el deterioro de sectores de la ruta 22 en la zona de Río Colorado y de aproximadamente 100 kilómetros de la ruta 151 hacia Catriel.
“Son intransitables”, afirmó, al señalar que existe una fuerte demanda de los intendentes de las zonas más afectadas.
Desde su perspectiva, el acuerdo debe analizarse además dentro de un proceso más amplio de reducción de la participación del Estado nacional en las provincias. Caballeri comparó la situación con las políticas de descentralización de la década de 1990 y marcó una diferencia central: según sostuvo, en aquel momento el traspaso de determinadas responsabilidades estuvo acompañado por financiamiento, mientras que en el esquema actual las provincias reciben nuevas obligaciones sin los recursos necesarios.
“Acá te dejan todo, pero tenés que repararlo y no te dan un peso”, sintetizó.
Para el espacio Nuevo Encuentro, el debate sobre las rutas nacionales excede la discusión entre gobiernos y alcanza directamente a los usuarios. El costo de las obras, el endeudamiento, la eventual implementación de peajes y el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles son, para Caballeri, cuestiones que deberán ser discutidas públicamente antes de avanzar con el convenio.
El acuerdo entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial deberá ser tratado por la Legislatura de Río Negro para su ratificación, instancia en la que, según anticipó Caballeri, el bloque PJ-Nuevo Encuentro planteará sus objeciones y buscará poner en discusión el impacto económico y social que tendrá para la Provincia.
