Piden 18 años de prisión en caso de violencia de género
En sus alegatos, la fiscal jefe Graciela Echegaray solicitó una pena de 18 años de prisión para un hombre de 27 años por los delitos de "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas y coacción".
El primer hecho ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre de 2016 en la localidad de Mencué, donde el imputado ahorcó a su pareja, luego la roció con alcohol y lo prendió fuego. La víctima, hoy de 22 años, sufrió lesiones en la garganta y la parte superior del cuerpo. El segundo hecho que se le imputa ocurrió dentro del hospital de General Roca, donde el acusado coaccionó a su pareja diciéndole «que si llegaba a hablar la iba a matar y cuando volviera a Mencué la iba a rociar con nafta».
Para describir la situación de sometimiento de la víctima la fiscal graficó que después de haber sido rociada con alcohol y quemada, «ella se quedó en silencio en la casa todo el tiempo que pudo». En ese lapso el imputado «se sentó a comer, durmió, intentó tener relaciones» y luego «trató de ocultar lo ocurrido con toda frialdad, con amenazas hacia una joven que estaba totalmente sola en Mencué».
«Es tal en grado de anulación en que vivía la víctima que hasta lo llamó (lo despertó) para ir al hospital y en el trayecto fue amenazada sobre lo que tenía que declarar», mientras el hombre le advertía que «la próxima vez no te voy a apagar» el fuego.
«Se me patentiza y me enerva el trato hacia la víctima como una cosa. Curándole las heridas (de un hecho anterior) con una mezcla de pis (del imputado) y plantas, sin asistencia médica. De una tamaña frialdad poco usual», explicó Echegaray en su alegato.
A su vez fundamentó que la severidad de la pena requerida responde a «la gravedad del hecho, a la frialdad con la que actuó el imputado y al nivel de ‘cosificación’ de la víctima que se pudo acreditar». Y agregó: “este Ministerio Público Fiscal entiende que casos como éste son de tamaña gravedad que merecen una condena ejemplar».
La fiscal descartó «cualquier error de percepción, animosidad o mendacidad por parte de la víctima, quien fue contundente al afirmar: ‘me quiso matar'» y destacó que la joven estaba paralizada por el temor y que recién pudo contar lo sucedido tras varios días de internación, «cuando se sintió segura en el hospital».
La fiscal señaló, respecto de la víctima, «la soledad en la que se encontraba, la desventaja y vulnerabilidad» y concluyó que el imputado no logró consumar el homicidio aquella madrugada porque apareció su madre, quien golpeó a la puerta para preguntar qué estaba pasando.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que en el hospital de Roca la joven pasó varios días en silencio «bajo coacción, porque él le decía que al volver a Mencué la iba a matar, acompañado por su familia, que siempre estuvo presente en una actitud de vigilancia sobre ella».
Además de la pena de prisión, la Fiscal pidió que se someta al imputado a tratamiento psicológico, que se mantenga la prohibición de acercamiento (en caso de que recuperase la libertad) y que la sentencia que se dicte sea remitida en copia al Juzgado de Familia donde tramita una causa por Ley 3040.
Por último solicitó al Tribunal, conformado por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Laura Pérez y Julio Martínez Vivot, que se cumpla con el nuevo artículo 11 bis de la Ley 24.660, que reconoce a la víctima el derecho de ser informada y expresar su opinión antes de que se otorgue al acusado, si resulta condenado, cualquier beneficio de salidas transitorias, libertad condicional, prisión domiciliaria, durante la ejecución de la pena.
Mención especial
Al finalizar el debate la Echegaray hizo una «mención especial a las operadoras de Salud Pública porque advirtieron la situación y rápidamente actuaron en consecuencia, comunicándose a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) durante la feria judicial (primeros días de enero de 2017), lo que permitió la pronta actuación del Ministerio Público Fiscal».
«Si no hubiesen visualizado que esta joven estaba absolutamente amenazada, si la red de atención a la víctima no hubiese funcionado tan correctamente como funcionó, tal vez ella hubiese regresado a Mencué y hoy podríamos estar ante un femicidio consumado», advirtió.
La lectura de la sentencia será el 13 de noviembre, a las 12 horas
