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Perpetua para los policías que mataron a Lucas González

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 25 condenó a prisión perpetua a los oficiales de la Policía porteña Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva por el asesinato de Lucas González.

Con una sala colmada de amigos y familiares de la víctima que llegaron a Comodoro Py desde Florencio Varela, el barrio de Lucas, el TOC condenó también a tres comisarios, un subcomisario y dos oficiales a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por el encubrimiento del crimen, mientras que absolvió a otros cinco acusados. La familia de Lucas calificó como «histórica» a la sentencia ya que los jueces incluyeron el agravante de «odio racial» y enmarcaron los hechos en un caso de «violencia institucional». Antes del veredicto, uno de los oficiales absueltos volvió a apuntar contra el jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard, al asegurar que «nunca quisieron que la verdad se sepa».

Un cordón de cinco penitenciarios separaba a Héctor González y Cintia López, los papás de Lucas, de los catorce policías imputados. Detrás de los padres aguardaban también Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca, los tres sobrevivientes de la balacera policial de ese 17 de noviembre de 2021, el día en que Lucas fue asesinado por la Brigada 6 de la Comuna 4 cuando volvían en auto de entrenar en el predio Cacho de Barracas Central. Como cuando tuvo que declarar frente a los jueces, Joaquín llevaba consigo el portarretratos con la foto de su amigo. Apretó las manos frente a su rostro, como quien pide por favor, cuando el presidente del tribunal, Hugo Navarro, empezó a leer el fallo.

«Condenar a Gabriel Isassi a la pena de prisión perpetua», llegó a decir Navarro y entonces estallaron los aplausos. Venían de arriba, de la «tribuna» del Salón Auditórium de Comodoro Py, el más grande del edificio, colmado de amigos y familiares de la víctima. «Vamos Lucas», se escuchó un grito entrecortado en medio de los aplausos. Entonces Navarro pidió silencio y siguió. Dijo que Isassi, quien estaba a cargo de la brigada, era condenado por «homicidio quintuplemente agravado»: por haber sido cometido con armas de fuego, abusando de las funciones de integrantes de las fuerzas policiales, con alevosía, con el concurso premeditado de dos o mas personas, y por odio racial. Iguales agravantes recayeron sobre las tentativas de homicidio de Julián, Joaquín y Niven.

Luego llegó el turno de Fabián López. Aunque el abogado Fernando Soto había pedido la absolución de los tres oficiales al considerar que dispararon en «legítima defensa» ante una supuesta embestida del auto de los chicos, también había hecho especial hincapié en sostener que López disparó contra el piso y que la bala impactó en el auto por un «rebote». También había remarcado que sus disparos no pusieron en riesgo la vida de nadie, dejando entrever una búsqueda de morigeración en la pena para el oficial. El tribunal, sin embargo, no hizo lugar a esto y consideró a López como coautor del homicidio agravado, por lo que también lo condenó a prisión perpetua.

El restante, Nieva, era «por descarte» el acusado de disparar la bala que mató a Lucas. Así lo había indicado en su alegato el fiscal de juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, al mencionar que el peritaje no precisó de qué arma partió esa bala pero sí descartó las de Isassi y López. La trayectoria del disparo, de adelante hacia atrás, también señalaba a Nieva por el lugar en que quedó cuando el Nissan de la brigada, sin identificación, interceptó al auto de los chicos, ya que el oficial manejaba el auto. Nieva también fue condenado a prisión perpetua.

Desde la calle llegaba el ruido de bombos y trompetas. Cuatro micros habían arribado temprano desde Varela y al finalizar la lectura del fallo la gente se hizo oír. «Yo sabía que a Lucas lo mató la policía», era uno de los cantos más entonados. Adentro, las familias se abrazaban y largaban al fin otro tipo de lágrimas. Al salir de la sala, Héctor comentó emocionado a este diario que, tras un año y siete meses, ahora puede liberar algo de la carga que lleva consigo. Cintia, que cumplió años este mismo martes, dijo que se iba «satisfecha y más tranquila» porque ahora su hijo «puede descansar en paz».

En el estacionamiento de Comodoro Py un grupo sostenía una larga bandera negra con la inscripción «justicia por Lucas González» y un escudo de Barracas Central. Aplaudieron a Héctor y a Cintia cuando salieron, y los dejaron encabezar la columna que caminó hacia la salida. Del otro lado, la gente se agolpaba ante las rejas. Julián, Joaquín y Niven se sumaron al grito por su amigo: «Lucas no se murió, Lucas vive en Varela la puta madre que los parió».

Las otras condenas

Después de Isassi, López y Nieva, el efectivo que mayor pena recibió fue el oficial Sebastián Baidón, condenado a ocho años de prisión por el delito de torturas. En la segunda audiencia, Joaquín lo había señalado con nombre y apellido como uno de los que le gritó insultos racistas mientras estaba esposado en Alvarado y Perdriel, la esquina en que él y Julián –Niven logró huir y a la tarde se presentó en una comisaría– fueron detenidos tras la balacera en Iriarte y Luzuriaga. «Villeros», «negros de mierda», «a vos también hay que pegarte un tiro», «¿dónde tenés la droga?» o «¿dónde tenés el arma con la que mataste a tu amigo», fueron algunos de los gritos que refirieron Joaquín y Julián.

Los comisarios condenados por el encubrimiento y la privación ilegal de la libertad de los chicos fueron Rodolfo Ozán, de la 4A de Parque Patricios, Fabián Du Santos, de la 4D de Barracas, y Juan Romero, de la División Brigadas, que recibieron penas de seis años de prisión. Los primeros dos son los protagonistas de la llamada clave de la causa. Veinte minutos después de la balacera, Ozán llamó a Du Santos para contarle que la bala «le voló el frasco» a Lucas y que los oficiales de brigada se habían mandado un «mocazo». «Le dije a Inca que está como subcomisario que vaya y busquen lo que tengan que buscar para justificar esto», dice también Ozán, que agrega: «Yo ahora lo llamo a Santana. ¿Por qué no lo llamas al ‘perro’ y le decís que venga para emprolijar esta cagada?» El «Perro» es precisamente Romero, jefe de brigadas.

Su subcomisario, Roberto Inca, también recibió seis años. Él fue uno de los señalados por Héctor Cuevas, el principal «quebrado» durante el juicio, que aseguró que Isassi fue el responsable de plantar en el auto de los chicos el arma de juguete con la que intentó sostener la versión falsa del «enfrentamiento armado» que ya había instalado por modulación. Cuevas dijo que Inca ordenó a Isassi plantar el arma. Pese a su declaración, el principal no logró la absolución y fue condenado a cuatro años de prisión como había pedido la fiscalía. Para los comisarios y subcomisarios el fiscal había solicitado once años, mientras que la querella a cargo de Gregorio Dalbón había pedido veinte. Las condenas fueron menores que las solicitadas.

Absoluciones

Cinco de los catorce policías imputados fueron absueltos. El más resonante para las familias fue el caso de Daniel Santana, comisario inspector de la Comuna N°4, a cargo de las dependencias de esa comuna. Al salir de los tribunales, los amigos y familiares de Lucas decían no entender el por qué de la absolución. El comisario aseguró en la instrucción y en el juicio que sólo fue a Alvarado y Perdriel en carácter «administrativo» para reportar a la superioridad. Entre los imputados, Santana era el funcionario más cercano a la alta jerarquía de la fuerza porteña.

También fue absuelto Ramón Chocobar, subcomisario de la 4D que ese día hizo los primeros partes. Chocobar fue uno de los efectivos que eligió utilizar sus últimas palabras antes del veredicto. «La verdad acá es que tres personas le cortaron la vida y destrozaron una familia y yo estoy preso siendo inocente», aseguró y, en efecto, los jueces le creyeron. Los tres oficiales rasos que arribaron a Alvarado y Perdriel momentos después de los hechos también fueron absueltos. Se trata de Daniel Espinosa, consigna en la ambulancia que trasladó a Lucas, Jonathan Martínez y Ángel Arévalos, que llegaron al juicio acusados de esposar a Julián y a Joaquín. Los fundamentos de las condenas recién se conocerán el 23 de agosto.

Más acusaciones contra el jefe de la Policía

Antes de resultar absuelto, el oficial Ángel Arévalos pidió hacer uso de sus últimas palabras y apuntó directamente contra el jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard. “Acá hay personas que nunca quisieron que la verdad se sepa porque no les conviene. El jefe de la Policía, por intermedio de dos de sus abogados, está presionando al personal subalterno para que hablen con sus familiares que estuvieron el día de la reunión y digan que lo que dijo mi hermana es mentira”, señaló.

Su hermana es Natalia Arévalos, que forma parte de su defensa y en el alegato señaló que, meses después del crimen, familiares de los oficiales detenidos lograron reunirse con Berard y parte de la cúpula policial. Según la abogada, allí les dijeron: “Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque este es un tema político y no queremos que llegue a nosotros”. Tras esa jornada, el tribunal remitió los dichos de Arévalos a la Fiscalía de instrucción a cargo de Leonel Gómez Barbella, que este martes estuvo presente en la audiencia, para que investigue posibles responsabilidades de Berard en el encubrimiento.

Tras ello, fuentes judiciales aseguraron que la Fiscalía esperaba la resolución del juicio para analizar los posibles alcances de la acusación hacia Berard. Ahora, el tribunal volvió a ordenar la extracción de testimonio de las palabras del oficial Arévalos. Antes del juicio, Gómez Barbella ya había solicitado sin éxito la detención y la indagatoria de Fabián Lencina, jefe del Área Sur de la fuerza y superior directo de Daniel Santana, el comisario inspector absuelto este martes. Hubiera sido el efectivo de más alto rango detenido.

La extracción de testimonios abre así nuevas posibilidades en una instrucción que sigue abierta y que ya tiene como nuevo detenido a Facundo Torres, el oficial al que el principal Héctor Cuevas señaló como quien aportó a Isassi el arma de juguete plantada en el auto de los chicos. Cuevas también dijo que Torres trasladó a Isassi en su moto hasta la esquina en la que estaba el auto y que él mismo vio al oficial ahora condenado depositar el arma en la parte trasera.

«Violencia institucional» y «odio racial»

«Reconocer como víctimas de violencia institucional a Lucas y a sus padres», leyó el juez Hugo Navarro tras el anuncio de las condenas. El punto había sido pedido tanto por la querella como por el fiscal y fue uno de los más celebrados por las familias al salir de la sala. También destacaron que la condena haya incluido el agravante de «odio racial». En sus alegatos, las dos partes acusadoras habían sostenido que los oficiales de brigada «eligieron» a los chicos por prejuicios de clase y raciales al verlos salir del predio ubicado en la Villa 21-24.

Tras la audiencia, Héctor González calificó a la sentencia como «histórica» y aseguró que a su hijo lo «estigmatizaron». En este sentido sostuvo ante la prensa que en la condena «se demostró el racismo, lo dijeron los jueces, y estoy feliz porque esto va a marcar un antes y un después en Argentina. A mi hijo le arrebataron el sueño, pero no van a arrebatar el de otro chico más». Cintia López, en tanto, sostuvo que «hay que dejar de estigmatizar a los chicos por usar una visera».

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación que presenció la audiencia en carácter de amicus curiae, también destacó la condena por «odio racial» y «violencia institucional», y aseguró a la prensa que «está demostrado que esto fue una cacería y una estigmatización a los pibes». Dalbón, en tanto, reiteró que «los policías eligieron a Lucas y a sus amigos por su color de piel. Los eligieron por eso, porque eran pobres, porque venían de una villa creyendo que iban a comprar estupefacientes».

En su alegato, el abogado de los oficiales había argumentado que ellos creyeron que los chicos se retiraban de un domicilio que la brigada investigaba por venta de marihuana. La querella adelantó que la familia de Lucas pedirá una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que modifique la fecha en que se celebra el Día de la Policía de la Ciudad. El día en que Lucas fue asesinado la fuerza porteña festejaba su quinto aniversario.

Fuente
Página 12

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