Para los que no entienden como este gobierno cierra radios
Después de algunas consultas tras el cierre de nuestra emisora FM La Comarca por parte del Gobierno Nacional, y la opinión de algún colega, te contamos claramente el mecanismo de cierre para la los medios disidentes con este gobierno.
Se trata de la Resolución 9435 y la Resolución 2064-E/2017 del ENACOM. Las normas, motivaron el cierre de varias emisoras en todo el país. Incluso se iniciaron acciones penales contra los responsables de las emisoras y algunos periodistas. En todos los casos la infracción es la misma: las radios interfieren las comunicaciones aéreas. En todos los casos también, se trata de emisoras con una línea editorial crítica del gobierno nacional. Esta gravísima embestida contra la libertad de expresión ya causó más de 100 cierres con iguales argumentos e idénticas consecuencias. El ENACOM realizó operativos similares de decomiso de equipos de radio en Chaco, Formosa y Corrientes, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, casi no hay provincias donde no se hayan producido cierres.
Todas fueron obligadas a salir del aire por el Enacom con la excusa de que provocaban interferencias. La resolución 9435, redactada por el ente dependiente del Ministerio de Comunicación, estableció en diciembre 2016 un protocolo de supuestos de interferencia de aeropuertos con mecanismos sumarísimos: intimar el cese de emisiones, dar un plazo de 3 días para el descargo, verificar la licencia, declarar ilegal a la emisora, requerir a la justicia federal el secuestro de equipos y formular la denuncia penal. Históricamente, cada vez que se denuncia una interferencia, el radiodifusor apaga la señal, constata la interferencia y presenta un informe técnico (avalado por el Copitec) para volver a encender la radio.
Pero ahora “hay comunicadores con miedo, comunicadores procesados, personas que no cometieron ningún delito sino que ejercieron el derecho a la comunicación en un contexto en el que el Estado está en deuda”, advirtió Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) que junto a la CCD, la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines (Ucaya) y la Asociación de Radiodifusoras (Arbia) denunciaron ante los directores del organismo el “abuso de autoridad”, criticaron los exiguos plazos administrativos impuestos por las resoluciones, pidieron la revisión de las causas penales y recordaron que el Estado está en deuda con la puesta en marcha de un plan técnico en todo el país, como ordenan varios artículos vigentes de la Ley de Medios.
