Ordenan apresar a 32 policías por la muerte de un joven detenido en una comisaría de Rosario
El juez federal ordenó ayer la detención de treinta y dos involucrados en la muerte de Franco Casco, un joven bonaerense que fue detenido en la comisaría 7ª de Rosario, el 6 de octubre de 2014 y cuyo cuerpo apareció flotando en el río el 30 de ese mismo mes. Tal como adelantó PáginaI12 la última semana, las detenciones por el delito de “desaparición forzada de persona” incluyeron no sólo a policías en actividad sino al jefe de Asuntos Internos Aníbal Candia, quien por entonces era jefe de la delegación local, a otros cuatro agentes de esa repartición, a una médica policial de apellido Zelaya, a un médico del Instituto Médico Legal y hasta un vecino que fraguó una llamada que intentó justificar la detención, pero un día después de la fecha verdadera. La causa había sido iniciada en el fuero provincial hasta que el ex defensor general Gabriel Ganón fogoneó con su patrocinio el cambio de carátula para que fuera investigada en el fuero federal.
Los primeros en declarar fueron los dos responsables de Asuntos Internos de la policía: Candia, quien era el responsable de la oficina rosarina de la llamada “policía de la policía”. La responsabilidad era compartida con su segundo, Sergio Pieroni. Ambos declararon ayer y quedaron detenidos.
También resultaron detenidos otros tres miembros de la misma División de apellidos Ríos, Ciscaro y Escobar, quienes prestarán declaración indagatoria en las próximas horas. Se supone que el grupo “acomodó los papeles” para liberar de responsabilidad a la seccional séptima, con el comisario Diego Alvarez a la cabeza. Justamente el ex jefe de la seccional es otro de los detenidos junto a los policías de apellidos Acosta, Gianella Rocha, Saucedo, Carreño y Salinas Arevalo.
La nómina se completa con Gisela Giménez, Cintia Greimer, Guillermo Gysel, Cristina Riesco, Cecilia Contino. En tanto Yanina Valdez fue beneficiada con la detención domiciliaria debido a que cursa un embarazo avanzado.
Por su parte, el abogado de la querella, Salvador Vera, aseguró que, dada la gravedad de la imputación que tienen los jefes policiales indagados, la desaparición forzada de persona agravada por la muerte, es lógico que queden en “prisión preventiva”. “Debería ser así por la gravedad del hecho y la pena de expectativa que da cuenta de un gran peligro de fuga y por otro lado porque está probado en la causa todo el entorpecimiento a la actuación judicial hecho por los propios agentes”, agregó.
En ese sentido, Vera recordó que “los propios agentes intentaron hacer desaparecer todos los datos de la detención y del paso de Casco de manera clandestina por la seccional 7ª y todo lo que padeció adentro del calabozo transitorio, donde efectivizaron su muerte”.
El abogado recordó: “Tanto las dos querellas como el fiscal federal Marcelo De Giovanni hemos pedido la indagatoria por la desaparición forzada de altos funcionarios de Asuntos Internos que debieron investigar”.
Y añadió: “Lo que se debió hacer es pedir la intervención de una fuerza distinta a la investigada”. “Eso no sucedió, intervino Asuntos Internos y desvió la investigación hacia pistas falsas continuamente a los fines de ocultar lo que había padecido Franco Casco”, abundó el abogado que actúa en la causa en representación de la querella.
El abogado Vera aseguró que en la muerte de Casco hay responsabilidades de los comisarios y subcomisarios de la seccional 7ª, los altos mandos de Asuntos Internos que intervinieron, la médica de policía y una serie de agentes, varios de los que tienen antecedentes en causas por violencia institucional. Además recordó que en la causa “están involucradas dos guardias policiales de la comisaría 7ª, personal de Asuntos Internos, una médica y tres personas del Instituto Médico Legal de Rosario”. Acerca del personal del lugar en el que fue realizada la autopsia, agregó que “tiene que ver con que hubo una actitud de encubrimiento, materializada en el expediente judicial”.
Vera mencionó un dato que hasta ahora no había sido expresado en la causa: “No hay certeza de que el cuerpo que le entregaron a la familia se corresponda con el de Franco Casco”. Cabe recordar que la familia reconoció el cadáver de Casco por un tatuaje que el joven tenía en un brazo. A juzgar por los dichos del abogado, la familia sospecha que velaron y enterraron otro cuerpo.
“Se hizo una nueva autopsia bajo el marco de la Corte Suprema de la Nación y se ratificaron algunos puntos sobre el modo en que Franco fue asesinado a golpes, perdiendo tres piezas dentarias; y también que Franco estaba sin vida cuando fue ingresado al río Paraná”, amplió el abogado.
Vera apuntó que “había material como para obtener resultados contundentes, pero en el Instituto Médico Legal no se hizo lo que correspondía”. “La investigación está muy avanzada, hay muchos elementos de prueba que comprometen a todos los involucrados en la causa”, concluyó. (José Maggi)
La Gendarmería se encargó ayer de las primeras detenciones.(Imagen: Alberto Gentilcore)
