La Defensa Pública insiste en medidas para personas que se encuentran institucionalizadas

En la misma, los funcionarios judiciales de la Defensa Pública, la Defensora de Derechos Civiles y Sociales Belén Delucchi, la Defensora de Menores e Incapaces Elisabeth Quesada, el adjunto Maximiliano Ninfo, Celeste Vicente de la Oficina de Servicio Social, como las juezas del fuero de Familia Moira Revsin y Andrea Tormena solicitaron a los representantes de Salud Mental de la provincia de Río Negro las propuestas de las denominadas casas de medio camino, para lograr externar e incluir en la vida comunitaria a quienes se encuentran en condiciones de hacerlo y en este momento están en un centro privado.

La Defensora General manifestó que “para nosotros es una gran responsabilidad como Ministerio Público de la Defensa porque somos nosotros quiénes debemos pedir por las personas institucionalizadas. Debe asegurarse que reciban tratamiento en su salud mental y que estén en su comunidad. Es un gran esfuerzo para todos, el año pasado coincidimos en Roca, nos constituimos en la institución, lo recorrimos, se analizó que la estructura de abordaje no es la sociocomunitaria que impone la Ley de Salud Mental. Necesitamos una respuesta concreta para esta gente, mientras nosotros discutimos estos temas ellos siguen ahí”.

“Requerimos espacios en las ciudades de dónde las personas son oriundas, así puedan tener contacto con su familia y su entorno. No es sólo una casa de medio camino, solicitamos también en los lugares de origen”, expresó Quesada.

En ese sentido el Ministerio de Salud de Neuquén estuvo presente e informó la mejoría en la vida de las personas de esa provincia que han sido regresados a su lugar de pertenencia. En el caso de la Provincia de Río Negro, el Ministerio de Salud si bien expresó que siguen trabajando para la implementación de casas convivenciales no presentó respuestas para los casos concretos.

Finalmente, todas las partes coincidieron en la importancia del trabajo intersectorial y comunitario y la necesidad de la puesta en marcha del Órgano de Revisión de Salud Mental provincial para dar cumplimiento con el mandato de la ley nacional que data del año 2010. Ahora resta que las juezas de Familia se expidan sobre los pedidos concretos que hizo el Ministerio Público de la Defensa.