Diputados aprobó la norma que impide los desalojos de comunidades originarias.
Aún resta esperar la promulgación por parte del Ejecutivo.
Los diputados nacionales aprobaron por unanimidad ayer la prórroga de la ley 26.160 de emergencia territorial. De esta forma, la norma que bloquea el desalojo de grupos indígenas permanecerá vigente por cuatro años más.
Durante la sesión, la legisladora Silvia Horne de Peronismo para la Victoria denunció la falta de presencia de los pueblos originarios en la discusión. “Esa voz es irremplazable. Nosotros estamos haciendo interpretaciones de la Constitución con la ausencia de sobre quienes estamos legislando”, señaló.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Pablo Lopez, resaltó que se trata de una “conquista de los pueblos originarios que habitan en la Argentina” y destacó la organización y movilización de estos grupos en reclamo de sus derechos territoriales. Asimismo, aseguró que la ley “tiene un valor adicional porque fue arrancada en el marco de una avanzada del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, de los grupos económicos y de las mineras” que pretenden quedarse con los territorios indígenas. En ese sentido, recordó una vez más a Santiago Maldonado, desaparecido durante la represión de Gendarmería sobre el pueblo mapuche.
La sesión acabó abruptamente cuando Elisa Carrió le dijo “estúpido” al diputado Masso de Libres del Sur luego de que éste cuestionara un proyecto de Cambiemos para donación de alimentos de empresarios a ONGs. En ese contexto, la oposición abandonó el recinto y dejó sin quórum la sesión.
Con la aprobación de ambas Cámaras, aún resta esperar la promulgación del texto por parte del presidente Mauricio Macri. Las comunidades indígenas que acampan frente al palacio legislativo desde hace ya más de dos meses anunciaron que se mantendrán allí hasta que la norma se encuentre en plena vigencia, dado que la «emergencia en materia de posesión de Tierras de Comunidades Indígenas» vence el próximo 23 de noviembre y temen una maniobra del Ejecutivo para frenar su aplicación.
La propuesta fue impulsada por el bloque del FpV-PJ, mientras que Cambiemos había intentado instalar una prórroga de un año y medio con potestad del Ejecutivo para extenderla un año más. Finalmente, en una semana de alta conflictividad para el oficialismo dentro y fuera del recinto, la propuesta mayoritaria fue aprobada por unanimidad en el Senado.
La ley 26.160 fue sancionada el primero de noviembre de 2006 y establece “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años”. Asimismo, la ley 26.160 suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.
El último informe elaborado por el INDEC a partir de los datos obtenidos en el Censo Poblacional del año 2010, refleja que el número de descendientes de indígenas que se reconocen como tal asciende a 955.032 personas. Esto representa un 2,38 por ciento de la población total argentina. En este punto es necesario aclarar que la autoafirmación es el criterio mayoritariamente utilizado por los poderes del Estado para identificar a los integrantes de pueblos originarios.
