El legislador provincial por el bloque PJ – Nuevo Encuentro, Leandro García, ratificó su postura crítica respecto al oleoducto Duplicar Norte.

Durante la sesión de la Legislatura provincial celebrada en el día de hoy, el parlamentario aclaró que la oposición de su bloque no radica en la llegada de empresas a la provincia, sino en las condiciones desproporcionadas del acuerdo, las cuales dejan ingresos ínfimos para Río Negro y comprometen su autonomía regulatoria y tributaria por tres décadas.

Durante su alocución, García enfatizó que la provincia debe ser un polo de atracción para el desarrollo, pero no a costa de hipotecar sus recursos y aceptar migajas.

Números que hipotecan el futuro provincial.

El legislador repasó las cifras del convenio, señalando que la inversión de la obra asciende a USD 233 millones, con una capacidad de transporte de 35.000 m3 de petróleo diarios. Con una tarifa fijada por la Resolución 256/25 de la Secretaría de Energía en USD 12,38 por m3, la facturación bruta estimada para la firma privada supera los USD 433.000 por día, alcanzando los USD 158 millones al año.

Sin embargo, frente a estos enormes volúmenes de negocio, el beneficio directo para Río Negro se reduce a un pago por única vez de USD 4 millones y un canon anual de apenas USD 200.000.

“ Atados de pies y manos”

“Con 10 días de facturación bruta, la empresa recupera todos los aportes que le exige la provincia. A cambio de este exiguo aporte, Río Negro entrega estabilidad tributaria y regulatoria por 30 años, quedando atados de pies y manos frente a corporaciones que se llevan ganancias extraordinarias”, remarcó el legislador.

Asimismo, García cuestionó que los recursos asignados sean insuficientes, ya que apenas alcanzan para reasfaltar 6 kilómetros de las rutas 151 y 22, arterias nacionales transferidas por el Ejecutivo nacional sin los fondos provinciales que se recaudan por el impuesto a los combustibles.
“Mientras batimos records por exportación de gas y petróleo, los argentinos se endeudan para pagar tarifas de gas dolarizadas y encima quieren eliminar la zona fría, necesitamos otro modelo de Estado para que la explotación de los recursos naturales generen beneficios concretos para nuestra gente. Estos convenios demuestran que con el RIGI las empresas ganan mucho, las rutas e infraestructura vial está destruida y los beneficios derraman poco.”

Para finalizar, García concluyó que defender los intereses de los rionegrinos significa exigir acuerdos justos y equitativos que generen un verdadero impacto en la infraestructura pública y el bienestar social de la región.