El Destape – En la denuncia contra Macri y Aguad realizada por Valeria Carreras, Lorena Arias y Fernando Burlando señalan que en diciembre de 2017 -menos de un mes después del hundimiento- se realizó una licitación off shore para la explotación de hidrocarburos en el área del Atlántico Sur adyacente al lugar donde finalmente encontró el final trágico el último Submarino en funciones de la Argentina.

El gobierno de Mauricio Macri necesitaba información acerca de los recursos de explotación de gas y petróleo en el lecho marino que podría haber enviado a empresas de su cercanía. La batimetría para buscar al ARA San Juan además de detectar metales en el suelo, también sirve como un mapeo subterráneo que permite obtener información acerca de la posibilidad de que haya petróleo.

«Para que el negocio sea rentable, es conveniente contar con la batimetría y prospección del suelo y subsuelo de la plataforma marina, algo que es costoso Al realizar una búsqueda de este tipo, se utilizan equipos que además de buscar relevan dicha información.- Por lo cual sería conveniente no profundizar en el punto aportado por el Cabo de Hornos, y discontinuar la búsqueda para generar el pedido legítimo de las familias de contratar empresa de búsqueda«, explicaron en la denuncia.

La querella además recuerda que en un primer momento la búsqueda del submarino había sido otorgada mediante contratación directa a la empresa IGEOTEST la cual se especializa en prospecciones del lecho marino y tendido de plataformas hidrocarburos. Sin embargo, la defensa de Carreras impugnó la decisión y dejó sin efecto la medida. Además en su momento se les inició una causa judicial por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por haber direccionado la elección de la empresa.

Mauricio Macri y Oscar Aguad denunciados por encubrimiento

La querella de los familiares de tripulantes del submarino denunció este miércoles al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad por el presunto encubrimiento del hundimiento del submarino, luego de que un miembro de la Armada aseguró ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que desde el 5 de diciembre de 2017 el Gobierno de Cambiemos sabía dónde estaba la embarcación.

La denuncia está bajo el expediente CFP 8941/2020 y fue asignada por sorteo al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 12, subrogado por Sebastián Casanello, bajo el rótulo de Encubrimiento (art.277), que prevé prisión de seis meses a tres tres años al que «ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer».

La acusación se basó en que el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo confesó ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que la Armada sabía donde estaba el submarino ARA San Juan 20 días luego de su desaparición el 15 de noviembre de 2017.

Ante la declaración de Mazzeo, se espera que la Armada argumente que en realidad no se buscó el ARA San Juan porque se creyó que era un buque que había naufragado antes. Frente a esta posibilidad la querella de familiares pedirá saber cuáles son los buques que se perdieron, cuáles en la zona donde estaba el ARA San Juan y qué nombre tenía la supuesta nave que naufragó.