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El Gobierno se comprometió ante el FMI a impulsar un nuevo ajuste para los jubilados en 2019

Luego de la aprobación del acuerdo argentino por parte del Board del FMI, el Ministerio de Hacienda dio a conocer la letra chica de los compromisos fijados con el organismo internacional, donde se destaca una nueva reforma previsional para el próximo año.

Así lo establece el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, que enfatiza que en 2019 se «continuará trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad» incluida «una reforma del sistema de pensiones» a la que califican como «muy necesaria».

Consultados por LPO, desde la cartera de Dujovne confirmaron el hecho y manifestaron que se trata de un tema «que está pendiente desde la Ley de Reparación Histórica». «Nosotros teníamos el compromiso de hacer una reforma previsional y el Congreso se lo autoimpuso. Eso en algún momento va a tener que suceder e incluso el Justicialismo lo entiende», subrayaron.

Sin embargo, desde el peronismo se mostraron sorprendidos y aseguraron a este medio que «eso no lo vamos a apoyar de ninguna manera». «Si quieren hacer una reforma del sistema previsional sin reformar el mercado de trabajo primero, significa que vas a descontarle beneficios a los jubilados», sostuvieron desde el bloque de Argentina Federal.

Los justicialistas imaginan que los cambios a impulsar por parte del Gobierno incluirán un aumento de la edad jubilatoria, restricciones para ingresar al sistema y fundamentalmente una modificación de la fórmula de movilidad. «A partir de la última reforma, la fórmula de movilidad está atada a la inflación y para el FMI eso no se puede sostener porque no te permite ajustar el gasto público, es un egreso que está indexado», afirmaron.

El compromiso no es menor, ya que se trata justamente del principal componente de los gastos del estado. Es por eso que al finalizar las elecciones legislativas del 2017, fue el principal objetivo a atacar por parte del Gobierno con la polémica reforma que desató una batalla campal en las calles y significó un costo político mayúsculo.

Dado que para ese entonces el nivel de actividad económica crecía a un ritmo del 2,8% anual, lo lógico era modificar la antigua fórmula de movilidad que incrementaba las jubilaciones fundamentalmente en base a la recaudación impositiva.

Sin embargo, en este contexto recesivo donde la recaudación cae por debajo de la inflación, la nueva fórmula no permite licuar los egresos de la manera en que estaba proyectado y es por eso que será un aspecto vital para poder alcanzar un superávit fiscal en el 2020.

Por otro lado, el Memorándum de Entendimiento Técnico también prevé modificaciones respecto al manejo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) que para el peronismo representará una venta de activos en torno a los 2.000 millones de dólares al año para solventar el gasto previsional.

«El valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año», detalla el documento. (LPO)

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