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El Gobierno imputó a 11 empresas por desabastecimiento

Comercio encontró que los faltantes en góndola en pandemia se produjeron por no producir al 100 por ciento y por falta de entrega al valor acordado en Precios Máximos.

Por Leandro Renou – El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, imputó a 11 empresas que fabrican alimentos y productos de la canasta básica, por considerar que habrían retenido volúmenes de producción o bien pudieron tener falta de entrega de bienes de consumo masivo. Luego de pesquisas que se iniciaron a fines del 2020 observando faltantes en góndolas, el Estado constantó que las firmas Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza (AGD), Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, habrían incumplido con consideraciones vigentes en la Resolución 100, con la que se instauró el acuerdo de Precios Máximos, una canasta de valores congelados mientras durara la pandemia.

Como paso legal, la imputación obliga a las compañías involucradas a acreditar, en cinco días hábiles, el cumplimiento de la norma y a la vez restablecer los stocks al nivel de noviembre del 2020. Sobre el tema, la secretaria de Comercio, Paula Español, detalló que el Gobierno será «implacable con los especuladores» y aseguró que la decisión tiene «el objetivo de cuidar el bolsillo de todas y todos los argentinos».
Más allá de que la medida llega justo cuando el Gobierno discute con sindicatos y empresarios un acuerdo de precios y salarios, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se encargó de diferenciar los tantos: «el diálogo no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes, son dos cosas distintas. Lo cual no obsta que sigamos dialogando», dijo sobre las imputaciones. Y contó que «cuando se fue a requerir por qué sucedía esto, que el supermercado no tenía el producto, se mostraba que no era un problema del supermercado en sí sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la Secretaría detecta una reducción del volumen de producción» por parte de las empresas.

Un camino legal, lejos del morenismo

A diferencia de otras medidas o incluso de los métodos poco efectivos del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, la pesquisa actual consigue fortaleza propia no sólo en las pruebas, sino en el seguimiento de los pasos legales para la concreción. En el caso que se deba, habrá multas y sanciones o, en su defecto, el cierre de las causas. Todo en el marco de los pasos que dicta la Ley de Abastecimiento.

Según detallaron fuentes oficiales, la imputación es un proceso administrativo que implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la Secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación. Una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD), debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación. Las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales. Naturalmente, de comprobarse las irregularidades, las sanciones posibles van desde los 500 pesos a los 10 millones de pesos. «El objetivo no es sancionar, sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta», aclararon en el Gobierno.

El rastro de los aderezos

Según supo el diario Página I12, la investigación que derivó en la advertencia a las empresas se inició a mediados del 2020 tras la pista del faltante de productos. Una simple inspección ocular observó que había un producto desaparecido de las góndolas: aderezos como la mayonesa y la mostaza, de casi todas las marcas que los tenían en Precios Máximos. Luego, con el tiempo, ocurrió lo mismo con aceites o panes láctales.

La pregunta fue, entonces, dónde estaba la mercadería que no se estaba vendiendo en los grandes supermercados, comercios alcanzados por la resolución oficial de Precios Máximos. Así, primero se revisaron los depósitos de grandes cadenas. Se siguió con la distribución de esos alimentos, y se terminó en las mismas empresas que fabrican los bienes. Pero la mercadería, en general, no estaba acopiada en ningún lugar.

Mientras el Gobierno aguarda el descargo de las empresas, este no acopio se explica – desde fuentes que conocen el sector de ventas-, por dos vías: por un lado, para evitar el corset de Precios Máximos, las empresas fabricaban productos que en la jerga se denominan «innovadores». Son casi iguales que los que están congelados pero con algún agregado extra que les permite diferenciarlos y venderlos más caros. De este modo, obligan a los super a comprar la variante o quedarse sin oferta. Por otro lado, como el Gobierno mantiene con los supermercados nucleados en ASU un sistema on line diario de información de precios y volúmenes, los fabricantes derivaron esos productos que no se encontraban en la góndola de los grandes comercios, a los super chinos o almacenes. Eso les permitía colocar a precio más caro, sin límite, el mismo producto que no querían vender sin aumento en grandes superficies. Aprovechando, además, que los locales orientales y almacenes representan casi del 70 por ciento de las bocas de expendio totales.

La irregularidades

El Gobierno detalló que, partir de la evidencia antes mencionada, “se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021”.

Una mirada a los casos refleja que, por ejemplo, en la multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, “se detectó una caída de casi el 100 por ciento en su inventario de aderezos». Por su parte, en la francesa Danone “se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado”. En la estadounidense Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, “se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes”.

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo “también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades”. En aceites, la empresa local AGD “acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones”. De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata “se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites”. En Bunge, en tanto, “también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas”.

Por último la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini “no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo”.

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