Marta Herrera, integrante del Consejo de Administración de la cooperativa, manifestó su sorpresa por la decisión del Concejo Deliberante de La Adela y anticipó que analizarán los pasos legales a seguir. La entidad reclama una revisión de los montos que factura el municipio y advierte sobre el impacto económico de la medida.

En diálogo con Libertad Radio 95.1, Marta Herrera, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de La Adela (CEOSPLA), se refirió a la ordenanza aprobada por unanimidad que prohíbe trasladar a los usuarios el costo de la tasa municipal por el uso del espacio aéreo y público.

La decisión generó preocupación en la entidad, desde donde señalaron que el cobro cuenta con el respaldo de una resolución de la Administración Provincial de Energía (APE), organismo que habilita a las cooperativas eléctricas a incluir este concepto en la facturación.

Herrera cuestionó la falta de consulta previa y sostuvo que la cooperativa había presentado toda la información requerida por el municipio, incluyendo detalles sobre la cantidad de postes y metros de cable instalados. En ese sentido, recordó que en julio de 2025 se remitió documentación y que, pese a las reiteradas notas y reuniones, no obtuvieron respuestas satisfactorias.

Una tasa de más de 12 millones de pesos mensuales

Uno de los principales puntos planteados por la cooperativa es el monto que debe afrontar mensualmente por el uso del espacio aéreo y público. Según precisó Herrera, la última facturación municipal rondó los 12,5 millones de pesos mensuales, a lo que se suma una factura adicional, por un monto similar, que el municipio emite en enero por el uso de los postes.

La representante de CEOSPLA consideró que los valores que impone la Municipalidad son elevados en comparación con los que abonan otras cooperativas de la provincia y señaló que, en reiteradas oportunidades, solicitaron una reducción de la tasa sin recibir una respuesta concreta. Tampoco lograron que les presenten la tarifaria con la cual se calcula el monto a pagar.

Ante la posibilidad de trasladar ese costo a los usuarios, Herrera explicó que, de aplicarse un cálculo en función del consumo eléctrico, el impacto sería de aproximadamente 42 pesos por kilowatt. De esta manera, un usuario que consume 100 kilowatts podría afrontar un adicional de unos 4.200 pesos, mientras que para consumos mayores el importe se incrementaría proporcionalmente.
No obstante, aclaró que se trata de una alternativa que todavía debe analizarse, ya que el monto variaría mensualmente según la facturación municipal y el consumo de energía.

La deuda con APE y los servicios públicos

Durante la entrevista, Herrera también se refirió a la deuda que mantiene la cooperativa con la Administración Provincial de Energía, cuyo monto no fue confirmada, pero supera por mucho los 500 millones de pesos.

Explicó que CEOSPLA continúa abonando la facturación mensual y realizando pagos adicionales para avanzar en la regularización de la situación.
En ese contexto, sostuvo que la posibilidad de percibir el importe correspondiente al espacio aéreo permitiría mejorar el esquema de pagos y avanzar en la negociación de la deuda.

Por otra parte, recordó que desde 2025 la cooperativa volvió a asumir la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo tareas de mantenimiento y reposición, luego de que el municipio dejara de tener a su cargo esa función.
También hizo referencia a las conversaciones mantenidas para una eventual transferencia de otros servicios, como agua y cloacas, aunque aclaró que esas iniciativas no prosperaron debido a la falta de información y de condiciones operativas necesarias para garantizar su prestación.

Analizarán los pasos a seguir

Respecto de la ordenanza, Herrera indicó que la medida aún debe ser promulgada para entrar en vigencia. Mientras tanto, el Consejo de Administración convocará a una reunión y consultará con su asesora legal para evaluar las acciones correspondientes.

La dirigente cooperativista advirtió que existe una contradicción entre la normativa municipal y la resolución provincial que habilita el cobro, por lo que consideró necesario analizar el alcance de ambas disposiciones.

Finalmente, reiteró que la expectativa de la cooperativa era alcanzar una instancia de diálogo con el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante que permitiera revisar los valores de la tasa y encontrar una alternativa que no profundice las dificultades económicas de la institución ni repercuta directamente sobre los usuarios.