Según fuentes policiales, todo comenzó el 27 de noviembre de 2024, cuando un control de rutina sobre un micro de larga distancia en el Puesto Caminero de Catriló terminó en algo impensado: encontraron 4,2 kilos de cocaína en la mochila de un pasajero. Ese hallazgo encendió todas las alarmas.
A partir de ahí, el área de Inteligencia Criminal de ACOLN, junto a la Justicia Federal, desplegó una investigación paciente: escuchas, seguimientos, análisis de rutas, movimientos sospechosos. Nada quedó librado al azar.
“Esto no fue casualidad. Fue una intervención quirúrgica”, comentó una fuente cercana al operativo, bajo estricta reserva.
El operativo sobre la Ruta 22, a la altura de La Adela, parecía un control más. Pero no lo era.
Los agentes interceptaron un vehículo que tenían identificado desde hacía días. En un primer registro decomisaron 4,4 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas. Hasta ahí, el operativo ya era exitoso.
Pero el desconcierto llegó después: al revisar nuevamente el auto, detectaron un doble fondo en el chasis. Dentro del compartimento oculto había otros 10 kilos de cocaína perfectamente embalados.
Una maniobra usada por bandas de alta organización. Nada improvisado.
Con ese hallazgo, la carga incautada en La Adela ascendió a 14,4 kilos, que sumados a los 4,2 de Catriló, hacen un total de:
➡ 18,6 kilos de cocaína fuera de circulación
Los investigadores reconstruyeron que el líder de la banda, con base en Buenos Aires, financiaba la compra de vehículos de manera constante. Luego los adaptaban con modificaciones para crear compartimentos invisibles a simple vista.
Los movimientos eran frecuentes sobre rutas pampeanas y con conexiones hacia el sur del país. La Policía cree que La Pampa era un corredor estratégico, no un destino final.
“Aún no está claro si la droga iba a distribuirse en la región o seguir viaje hacia otras provincias”, deslizó un investigador.
El secuestro de casi 19 kilos de cocaína no solo representa un fuerte golpe económico para la banda. También, según analistas en seguridad, evita que miles de dosis lleguen al mercado ilegal.
En números concretos, la incautación podría equivaler a más de 90.000 dosis.
Esto genera alivio en la comunidad, especialmente en localidades pequeñas como La Adela, donde hechos de este tipo suelen tener un impacto mayor.
La causa ya está en manos del Juzgado Federal competente. Los investigadores creen que aún quedan eslabones por identificar y que las detenciones en La Adela podrían ser solo el inicio.
Según fuentes judiciales, la investigación sigue abierta.
