La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, celebró la incorporación de la problemática de la violencia digital a la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que afecta a una de cada tres mujeres.

Al respecto, señaló que «es fundamental entender que lo virtual es real y que la difusión de material íntimo sin consentimiento puede acarrear consecuencias graves para la vida de la víctima y su entorno».

«En 2009, cuando se sancionó la ley, las redes sociales no tenían la importancia que tienen hoy en nuestra vida cotidiana», dijo Moreau, y agregó que por eso «el Estado debe acompañar y contar con herramientas que permitan proteger a las víctimas y prevenir este nuevo tipo de violencia».

También se convirtió en ley el proyecto que elimina el trámite de la «fe de vida» para jubilados y pensionados que cobran sus haberes mensuales.

La titular de la Cámara baja resaltó que «con esta ley facilitamos la disposición de sus haberes previsionales a los adultos mayores, quienes ya no tendrán que gestionar este trámite que, muchas veces por cuestiones de movilidad reducida o de la gestión de apoderados, complicaba el proceso».

Asimismo, indicó que «de esta manera seguimos avanzando mediante los consensos necesarios para evitar demoras y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores».

De manera conjunta, y con la participación de representantes sindicales y sociales, las comisiones de Legislación y Trabajo y Mujeres y Diversidad concentraron un nuevo debate sobre licencias de cuidado en el ámbito laboral. Asimismo, la reunión propició un intercambio en torno a la actualización de la ley de contrato de trabajo.

Las comisiones de Legislación de Trabajo y Mujeres y Diversidad, que presiden las diputadas Vanesa Siley y Mónica Macha (FdT) respectivamente, encabezaron una nueva jornada con eje en la modificación de las licencias laborales de cuidado, extensivas tanto para trabajadores gestantes como no gestantes. El encuentro contó con la participación de exponentes de distintos sectores sociales como las centrales sindicales: CGT y CTA de los Trabajadores, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop.

En primer lugar, la diputada Siley recordó al abogado Norberto Centeno, responsable en 1974 del proyecto de ley de contrato de trabajo – aún vigente en la Argentina – y uno de los juristas desaparecidos por la última dictadura cívico-militar en “La Noche de las Corbatas Largas”. Siley evocó que “este tema de licencias parentales tuvo dictamen 4 veces en la historia parlamentaria (2006, 2008, 2013 y 2014), y media sanción una única vez en el 2006”, al tiempo que ponderó que “ambas comisiones llevan tratados más de 54 proyectos de modificación a la ley de contrato de trabajo, en lo que respecta a licencias parentales y licencias especiales”.

El inicio de la ronda expositora correspondió a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Si bien reconoció como “pionera en la región” a la ley formulada por Centeno, la ministra advirtió que “todavía representa un concepto discriminador, que reconoce el cuidado exclusivamente para las mujeres”. En contrapartida, Díaz calificó como excelente al borrador actual, “porque no solo trata las licencias especiales, y recoge la ampliación de las licencias para personas gestantes y no gestantes, sino que además toma el reconocimiento de las nuevas familias en esta sociedad más diversa y compleja”. Finalmente, la ministra resaltó “el reconocimiento de la licencia para padres y personas no gestantes en el proceso educativo y en la crianza”, en línea con el agregado de las licencias por violencia de género, por lo que instó a los representantes parlamentarios a no perderse esta enorme e histórica oportunidad, “porque reproducir la vida y cuidarla es una tarea del conjunto de la sociedad”.

A su turno, Juan José Etala, presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), se diferenció de la postura de Díaz al teorizar que “este proyecto preliminar, a pesar de sus numerosos y mayores derechos, tiene un problema de origen, o, mejor dicho, en las consecuencias, que es quiénes lo pagan”. Etala manifestó “una profunda preocupación por el impacto fiscal del proyecto”, a la vez que denunció que “los trabajadores no hacen un solo aporte para las asignaciones familiares, ni son un beneficio que otorga graciosamente el Estado, sino que la pagan los empleadores, quienes históricamente hemos hecho aportes al sistema de seguridad social”. El referente de la UIA teorizó que los potenciales beneficios de las modificaciones se limitarían a los empleadores formales, “por lo que el 38 o el 40 por ciento de los trabajadores no van a tener acceso, y otro 38 por ciento de empresas no lo podrán conceder, por lo que los mayores costos, en merced de mayores beneficios, siempre caen en las mismas empresas, y es algo que no nos parece equitativo”.

Encolumnado al posicionamiento de Etala, el presidente del movimiento nacional pyme (MoNaPi), Alejandro Bestani, describió como necesario “pausar este proyecto, encontrando primero la salida al desastre de la pobreza, con la generación de 8 millones de empleo más, y con una expansión del PBI”. “Por eso, para corregir este terrible y peligroso desvió, venimos a proponer una nueva ley pyme que resolverá el problema de la pobreza y estos derechos que estamos hablando”, formuló el titular de MoNaPi.

En contrapartida a la postura referenciada en Etala y Bestani, hicieron uso de la palabra Karina Moyano, Secretaria General Adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas y Secretaria de Genero de Camioneros, y Josefa Ávila, exponente de la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados Domiciliarios.

Moyano exigió a la parte empresarial “que entienda la situación del país y piense con la cabeza y el corazón, pensando en una Argentina mejor. “El cambio no es sólo para el bolsillo de algunos, sino para todas y todos, como corresponde”, sentenció la referente gremial, quien celebró “las palabras nuevas que amplían conceptos, porque se trata darle el mismo derecho a la persona que gesta y no gesta, al padre adoptivo que al biológico”. En ese sentido, Josefa Ávila remarcó que “es la primera vez que el Estado mira, a través de este proyecto, una legislación que cuida al que cuida, sobre todo a las personas gestantes y no gestantes mediante las licencias inscriptas en el dictamen”. “Necesitamos un país más justo, donde todes les trabajadores puedan gozar de los mismos derechos”, añadió Ávila, en representación de más de 50 organizaciones de cuidados de la economía social y solidaria, asociaciones civiles, fundaciones y otros actrices y actores de la sociedad civil”.

Finalmente, Macha anticipó que “la semana que viene convocaremos a asesores nuevamente, trataremos de arribar a los mayores consensos”. “Luego del receso invernal volveremos a convocar para la dictaminación por mayoría y por minoría de este proyecto”, anticipó por su cuenta Siley, previo al debate entre parlamentarios que diera cierre formal a la reunión conjunta.