El fiscal, que investiga dos de las cuatro denuncias presentadas sobre este tema, pidió una serie de medidas de prueba al juez Lijo.
Juan Pedro Zoni, fiscal federal, impulsó la acción penal contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y el director de asuntos jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa, a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino. El fiscal imputó al presidente y sus funcionarios tras la denuncia penal presentada por Nuevo Encuentro y un abogado particular. El juez Ariel Lijo deberá definir ahora si da curso a las medidas de prueba que solicitó el fiscal, al tiempo que pidió que se declare el secreto de sumario.
Mientras el frente judicial se ensombrece, el gobierno de Macri intentó nuevamente justificar el acuerdo que, según la fiscal Gabriela Boquin, representa una quita del 98,87 por ciento de la deuda a valores actuales que tiene el Grupo Macri con el Estado. En la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos no participó el presidente, al que intentan mantener lo más alejado posible del escándalo. Macri ya se mantenía alejado de la prensa para no pronunciarse sobre las declaraciones del director de Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien negó la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas en la dictadura.
En la conferencia, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que iban a pedir opinión formal sobre el tema a la Auditoría General de la Nación. El presidente de ese ente de control, Oscar Lamberto, respondió que el organismo no depende del Ejecutivo y no hace auditorías por encargo del presidente (ver página 2). Desde el Gobierno retrucaron que la auditoría la impulsarán los legisladores oficialistas. En tanto, desde la Cámara de Diputados, buscan citar a Franco Macri, a la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, y a Aguad, para que den explicaciones.
Imputados
Tras conocerse el dictamen de la fiscal Boquin, que advertía sobre conflictos de intereses y presentaba cálculos técnicos para fundamentar que el acuerdo que había aceptado el gobierno de Macri con el Grupo Macri era ruinoso para el Estado, se presentaron cuatro denuncias penales. Dos recayeron en el juzgado de Lijo, mientras que las otras dos están en manos de los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Marcelo Martínez de Giorgi. Más temprano que tarde, las causas deberían unificarse en un solo expediente. Por la cronología de las denuncias, sería en el de Lijo.
El fiscal Zoni interviene en las denuncias del abogado Daniel Igolnikov y de los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, quienes acusaron a los funcionarios de los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Zoni presentó ayer el requerimiento de instrucción, para iniciar una investigación penal contra Macri, Aguad y Mocoroa, a los que imputó “sin perjuicio de que individualicen a otras personas como partícipes de los hechos investigados”.
En su dictamen, el fiscal citó y resumió los principales argumentos de los denunciantes: que el gobierno de Macri le perdonó a su familia casi el 99 por ciento de la deuda que tenía con el Estado. Cerruti y Sabbatella compararon el criterio con la negociación con los fondos buitre: “El mismo Gobierno, con cuatro meses de diferencia, aceptó como deudor pagar un interés en dólares del 350 por ciento en un solo pago al contado y sin riesgo de quiebra, mientras que como acreedor aceptó cobrar una deuda en pesos, con un 100 por ciento de interés, a 17 años y cuando tenía la posibilidad legal del rechazo y seguir obstruyendo la aprobación del concurso”.
Además, los dirigentes de Nuevo Encuentro advirtieron que si bien el presidente Macri cedió en 2009 las acciones de la empresa a sus hijos, habría que investigar si no se habría quedado con el usufructo de esas acciones, por lo que el beneficiario de la quita de la deuda podría ser el propio mandatario. La estrategia emularía la de Franco Macri que en el mismo año se desprendió de sus acciones, pero se quedó con el “usufructo vitalicio”. “Los hijos de Mauricio Macri no participan ni económica ni jurídicamente de la empresa. El verdadero jefe de Socma es Mauricio Macri”, sostuvieron Sabbatella y Cerruti.
El fiscal Zoni también repasó los cálculos y la documentación aportada por la fiscal Boquín en su primer dictamen, así como la información aportada en su segundo dictamen, en el que advirtió que 15 días antes de que se firmara el acuerdo, el Grupo Macri presentó una nueva demanda contra el Estado en la que le reclama 2364 millones de pesos con un interés del 11 por ciento. De ganar ese juicio, podría pagarle por adelantado los 600 millones que arregló con el Gobierno de Macri y hacerse con una nueva ganancia por la concesión que obtuvo en el gobierno de Carlos Menem.
Intereses
A raíz de los argumentos de los denunciantes, el fiscal Zoni consideró que había elementos suficientes para impulsar la acción penal “con el objeto de iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal caratulado ‘Correo Argentino s/ Concurso preventivo’, cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”. “Se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores –funcionarios públicos o particulares– que intervinieron –de forma directa o indirecta– a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”, indicó el fiscal.
Zoni enumeró las irregularidades que había señalado la fiscal Boquin: “No debe soslayarse el extenso plazo que se ha devengado desde la verificación del crédito por parte del Estado, la manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores, la recategorización extemporánea y la reapertura del período de exclusividad cuando ya llevaba tres años y medio de vencido, el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”, en alusión a Mocoroa.
Sobre el conflicto de intereses, que el Gobierno niega, el fiscal Zoni indicó que Mocoroa –el funcionario que suscribió el acuerdo– “desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario –de forma directa o indirecta– de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”.
El fiscal pidió que se declare secreto de sumario y solicitó al juez Lijo una serie de medidas de prueba que mantuvo en reserva. Será el magistrado el que defina ahora el ritmo que tendrá la causa por el Correo Argentino que, lejos de los deseos presidenciales de que desaparezca del mapa, crece día a día como el pasado que vuelve para perseguirlo.
