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ATE logra revisión de despidos y levanta medidas de fuerza en SENASA

Tras conseguir el firme compromiso de revisar todos los despidos en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro resolvió levantar el paro de 48 horas resuelto para jueves y viernes, así como también la ocupación de las oficinas del Centro Regional Patagonia Norte en General Roca.

Es que en la reunión mantenida entre el Sindicato y los representantes del organismo y del Ministerio de Agroindustria se acordó una nueva instancia de negociación para el próximo miércoles 7 de marzo para revisar caso por caso los 130 despidos.
En representación de los trabajadores rionegrinos estuvo el Delegado Sindical Walter Wertmuller, junto a otros cinco trabajadores de la Coordinación Nacional de ATE SENASA. En tanto que por el sector patronal participaron el abogado Santiago Hardie (Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio) y la Jefa de Recursos Humanos del SENASA,Giselle de los Ángeles Tasin Pavan.
«La nueva reunión con las autoridades de Agroindustria fue positiva, desde ATE SENASA logramos la posibilidad de que se puedan revisar y discutir las reincorporaciones en el sector, además de comenzar a trabajar en otros temas relevantes en los últimos meses», manifestóWalter Wertmuller y completó: “Suspendemos las medidas de fuerza y viajaremos el próximo miércoles nuevamente con la esperanza de recuperar el puesto de trabajo para el compañero José Luis Rodríguez Vicente, de San Antonio Oeste y así llevar tranquilidad a todos los trabajadores del organismo en la provincia».
Si bien desde el Sindicato se mantienen altas expectativas sobre la próxima reunión, se continuará con el Estado de Asamblea Permanente y, si llegara a fracasar el nuevo encuentro o se dilataran las soluciones, se retomarían automáticamente todas las medidas de fuerza en la región.
Cabe destacar que, además de los despidos, desde ATE se rechaza la delegación de tareas propias del Estado al sector privado y el cierre de las oficinas de Sanidad Animal, lo que pondría en riesgo la salud de la población, generando perjuicios irreparables para las economías regionales.
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