Miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) que proveen servicios a este sector se ven afectadas, mientras que más de 2.000 obras públicas han quedado paralizadas durante este año.
La Cámara de la Construcción (CAMARCO) ha lanzado una advertencia clara: si esta tendencia continúa, los despidos en el sector podrían alcanzar la alarmante cifra de 200 mil personas. De hecho, la construcción es uno de los ámbitos donde más se ha incrementado el desempleo y las suspensiones laborales.
Los números reflejan la magnitud del problema: entre fines de 2023 y febrero pasado, un total de 2.117 proyectos dejaron de recibir financiamiento estatal, según datos proporcionados por la Asociación de Presupuesto Público (ASAP). Para ponerlo en perspectiva, a fines de 2023 se ejecutaban 2.417 obras con fondos nacionales, pero esta cifra se redujo drásticamente a apenas 300 proyectos en febrero, lo que representa una caída del 87,6%.
El recorte en el gasto en obra pública, equivalente al 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, ha sido una estrategia clave del gobierno de Milei para lograr un superávit financiero en los primeros meses del año. Esta medida, impulsada por el Ministro de Economía Luis Caputo, se enmarca en una estrategia más amplia destinada a estabilizar la economía y reducir la inflación.
El enfoque del gobierno se ha centrado en priorizar la finalización de obras estratégicas relacionadas con la seguridad vial, infraestructura carcelaria y control de inundaciones, especialmente en el contexto de las recientes lluvias que han afectado a varias regiones del país.
Sin embargo, este enfoque selectivo ha generado preocupación entre los actores del sector de la construcción. Las autoridades de la Cámara de la Construcción han advertido sobre una «crisis extrema» que podría resultar en la destrucción de la base productiva y la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo.
El discurso del presidente Milei, que desde su campaña anticipaba la reducción drástica de la obra pública, ha sido coherente con las medidas implementadas. La eliminación del Ministerio de Infraestructura y la centralización de las decisiones en la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Caputo, son ejemplos claros de este cambio de enfoque gubernamental.
A pesar de este contexto de ajuste, algunas iniciativas clave, como la licitación para la reversión del Gasoducto del Norte, han seguido adelante debido a su importancia estratégica para el país. Proyectos como la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner también están en curso, aunque con menor visibilidad pública.
El impacto del ajuste fiscal se extiende más allá del sector de la construcción, afectando también las transferencias a las provincias y los programas de asistencia social. La reducción en jubilaciones y pensiones, así como en subsidios energéticos y de transporte, reflejan el alcance de estas medidas de austeridad.
