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Una niña que solicitó un aborto fue puesta bajo protección del Estado en Santa Fe

La chica de 12 años de edad transita el segundo trimestre de un embarazo como consecuencia de ser abusada por su padre. El fin de semana debía presentarse con su madre para llevar adelante la intervención, pero fue captada por un grupo provida.

Una niña de 12 años que expresó su voluntad de interrumpir el embarazo provocado por los abusos de su padre, y que el fin de semana fue captada por un grupo «provida» de Santa Fe, fue puesta bajo el sistema de protección del Estado y ahora se evalúa su situación, informaron voceros oficiales.

La niña, oriunda de la localidad de Garibaldi, situada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital debido a que el fin de semana fue llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida, desde donde fue rescatada.

Ahora, la niña se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe y según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que «se tranquilice» para tomar una decisión.

Voceros del Ministerio de Salud indicaron que la niña transita el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de «organización fundamentalista» y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que «quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo».

«Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10″ (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento», indicó la Campaña en un comunicado.

El texto expuso el pedido que «se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes».

María Ángeles Guerrero, referente de la campaña en Santa Fe, sostuvo en diálogo con radio Brigadier López que Grávida «no es una ONG de a pie», sino que «es una organización que existe en nuestro país desde 1980, con 69 sedes en todo el territorio, con mucho poder económico», que «se ampara en creencias religiosas para perseguir a las mujeres que quieren abortar por múltiples razones».

El accionar de la asociación Grávida

La niña fue llevada por su madre a un control médico el 19 de diciembre, en el cual se comprobó que estaba embarazada, por lo que las dos manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento.

Las autoridades sanitarias fijaron la fecha para el lunes pasado, pero madre e hija no concurrieron a la cita porque durante el fin de semana fueron contactadas por la asociación Grávida, cuyos integrantes la llevaron a una casa de Santa Fe.

Sin noticias del paradero de ambas, la Justicia de Santa Fe activó la búsqueda y ayer rescató con la fuerza pública a la niña para llevarla a un hospital.

Paralelamente, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado, en una audiencia desarrollada este mediodía en Tribunales, horas después de haber sido capturado en la ciudad de Recreo.

Ahora, profesionales de la Secretaría de Niñez y de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social analizan los pasos a seguir para garantizar el derecho de la niña de acceder al procedimiento que establece la ley 27.610, de interrumpir el embarazo en el caso de que así lo decida.

Por otra parte, Chialvo dijo que «se está evaluando» si el Estado accionará contra la asociación Grávida, ya que la prioridad era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.

«Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado», indicó un comunicado de la Secretaría de Niñez.

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