Según la sentencia firmada por el juez Germán Pablo Zenobi, el ajuste de 5,71% que dio el Gobierno nacional en marzo pasado debió ser del 14,5%, como lo establecía el cálculo anterior. «Es el primer fallo en primera instancia donde se resuelve la inconstitucionalidad del momento en que entró a regir la nueva ley, aunque no de la ley en sí misma», aclaró la abogada previsionalista Andrea Falcone.

La primera resolución judicial en este sentido la tomó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, tras una demanda del abogado Miguel Fernández Pastor. En este fallo, los jueces ya habían ordenado al Poder Ejecutivo a restitución del casi 9% de diferencia entre una fórmula y otra. Pero el Gobierno apeló y ahora el caso está en la Corte Suprema.

El escrito de Zenobi admitió que se «encuentra en juego la afectación de un beneficio previsional constitucionalmente tutelado» y puso el foco en el momento en que comenzó a regir la reforma previsional votada por el Congreso nacional. «No resulta posible determinar con certeza cuál será el resultado a largo plazo de la fórmula consagrada por la ley, por cuanto únicamente se han devengado tres trimestres acumulativos y los índices futuros obviamente no se conocen. Ello no permite, a esta altura de las cosas, dilucidar con certeza el carácter confiscatorio del resultado obtenido», sentenció.

Para Falcone, letrada del estudio que logró la decisión en favor del jubilado Guillermo Claudio Abbruzzese, en marzo «debieron dar lo de la ley anterior porque ya se encontraba devengada y las leyes no se pueden aplicar en forma retroactiva».

Sin embargo, el magistrado reconoció que el aumento debió ser mayor y ordenó compensar a Abbruzzese, aclaró que no puede extender la medida al resto de los abuelos afectados. «Los derechos reclamados no son susceptibles de ser zunchados a naturalezas colectivas», dictaminó el juez.

«Los jubilados van a tener que reclamar individualmente los que quieran cobrar y le van ajustar al 14,5% de aumento de marzo. Lo que luego debería suceder es el empalme en junio, con los aumentos de la nueva ley», explicó la abogada a este medio.

En base al nuevo índice de movilidad que se aplica por tercera vez este año, el Gobierno determinó que a partir del primero de septiembre, las jubilaciones, pensiones y la AUH aumentarán 6,68%.

La jubilación mínima actual es de $ 8.096,30 y la máxima, de $ 59.314,97. Con el nuevo ajuste pasarán a $ 8.637,10 y $ 63.277,20, respectivamente. La AUH, que beneficia a unos 4,3 millones de niños y adolescentes de todo el país, subirá apenas $ 105, de $ 1.578 a $ 1.683 por mes. Sin embargo, se estima que si la inflación anual cierra por arriba del 35%, como proyectan las consultoras privadas, los abuelos perderán hasta 8% de poder adquisitivo real.

• Fin a la reparación

Este miércoles, la Anses recordó que el próximo 31 de agosto vence el plazo para que los jubilados y pensionados que están cobrando su haber con aumento de forma anticipada completen el trámite de aceptación y suscripción a la «Reparación Histórica». «Cabe aclarar que a quienes no lo completen se les suspenderá el pago de ese adicional y, si posteriormente quieren seguir cobrándolo, deberán finalizar todos los pasos para que sea reactivado», detalló el organismo. Según cifras oficiales, ya son 1.333.868 personas quienes cobran 35% más gracias a esta medida, que también fue judicializada.