«Es peligroso para nuestra democracia que sectores de la oposición insistan en profundizar los discursos de odio», escribió Cafiero en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, agregó: «¿Es odio lo único que tienen para ofrecerle a la sociedad?».

El posteo fue acompañado por la publicación del Diario Perfil en el que dio cuenta sobre las bolsas colgadas en las rejas que rodean la Casa de Gobierno con el título: «#27F Macabro: pusieron bolsas mortuorias de los vacunados VIP frente a la Casa Rosada».

Es peligroso para nuestra democracia que sectores de la oposición insistan en profundizar los discursos de odio.

¿Es odio lo único que tienen para ofrecerle a la sociedad? https://t.co/tMlXalZOu5

— Santiago Cafiero (@SantiCafiero) February 27, 2021

El viernes, desde el Ministerio de Economía y la AFIP habían salido al cruce de las versiones sobre sobre un proyecto para elevar la escala del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia.
Fuentes del Gobierno también negaron que se estudien modificaciones en el monotributo e indicaron que las reformas que se analizan «buscan ampliar la base imponible de los impuestos progresivos y apuntarán a que paguen más los que más tienen».
Explicaron que, por ejemplo, la AFIP y ARBA están comparando la base de datos del impuesto a los ingresos brutos, para tratar de eliminar la evasión, y además ampliar la base de contribuyentes en ese impuesto.
Este sábado, Cafiero también se refirió a la compleja situación por la que atraviesa la Argentina y afirmó que la administración de Alberto Fernández «encontró un país en crisis», por lo que apuntó al «aumento de la pobreza, destrucción de empleo, pymes que cerraban, comercios que no vendían nada, la desocupación y pobreza que crecían, la inflación de casi el 54 por ciento».
«A la crisis de Macri se le sumó la crisis de la pandemia», resaltó.

En esta línea, Cafiero resaltó el entusiasmo de acompañar la puesta en funciones de Mirassou: “Susana arrancó en los años 80 como becaria, decidió hacer una carrera en la que dedicó amor, tiempo y compromiso a esta entidad, y esto conmueve”, señaló.

El jefe de Gabinete valoró su trayectoria dentro de la función pública e indicó: “A quienes nos toca ser servidores públicos sabemos que es una causa que luego se persigue toda la vida, porque en esos lugares, en los que circunstancialmente a uno le toca gestionar o dirigir, se encuentra un lugar donde se puede cambiar la calidad de vida de la gente”.

Durante la conferencia, Basterra también destacó que el instituto es “reconocido mundialmente como uno de los organismos más importantes en la construcción de conocimiento agropecuario, con la particularidad de juntar investigación y extensión”, y compartió su emoción de “estar nuevamente en el INTA, un organismo tan importante para el ejercicio soberano del conocimiento”.

Por su parte, Mirassou, que estará acompañada por Tomás Schlichter como vicepresidente, destacó su emoción al “asumir este nuevo desafío con convicción y entrega luego de la gran desinversión que ha debilitado al INTA en estos cuatro años”. Además, señaló que los ejes de su gestión se centrarán en la lucha contra el hambre, el desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente, y el valor agregado en origen”.

La nueva presidenta del INTA es ingeniera agrónoma por la UBA, magíster en Economía Agraria y doctora en Ciencias Sociales. A lo largo de su paso por la institución, trabajó en Economía de los Recursos Naturales y Sustentabilidad, se desempeñó como gerente de Seguimiento y Evaluación y, desde 2007 a 2019, fue directora nacional asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación.

Del acto, participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco y los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo y de Hurlingham, Juan Zabaleta.

Del encuentro participaron también el jefe de Gabiente, Santiago Cafiero, los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Agricultura, Luis Basterra, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Entre los empresarios que dieron el presente se encontraban el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, mientras que entre los representantes de los trabajadores estuvieron Héctor Daer, Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Hugo Moyano, Antonio Caló, Sergio Palazzo, Omar Viviani, Hugo Yasky y Sonia Alesso, entre otros.

Por su parte, los dirigentes de las organizaciones que integran la Mesa de Enlace del agro definieron no concurrir al encuentro en medio de tensiones con el Gobierno por las retenciones.

Durante el encuentro el Presidente explicó que «la idea de este acuerdo, es empezar a lograr un diálogo franco para asumir los problemas que tenemos; toda la Argentina tiene problemas, está claro que algunos están más agobiados que otros, pero toda la Argentina tiene problemas”.

“Estamos en un país que lleva dos años consecutivos de caída del consumo y más de veinte meses de caída de la actividad industrial, y esto hay que revertirlo rápidamente, el modo es que los industriales inviertan, que la industria crezca, que podamos exportar, que de ese modo generemos trabajo, que la economía vuelva a moverse como todos soñamos, y la idea es que lo hagamos entre todos”, instó Fernández.

La agenda a llevar adelante, incluye entre otros temas prioritarios, un esquema de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de servicios públicos, la creación de empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, así como promoción de las Pymes.

A continuación el texto completo del acuerdo firmado:

COMPROMISO ARGENTINO por el DESARROLLO y la SOLIDARIDAD

La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.

Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.

Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa.

Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.

Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.

Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.

En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.

Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales.

Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las diversas posiciones.

Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.

Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.

Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.

Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.

Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación.

Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.

Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.

Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen.

Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.

En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.

Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.

Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.

Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente. También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.

La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.

Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.

Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional.

Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos.

El presidente recibió a Caamaño este viernes a la noche en su despacho de la Casa de Gobierno, en un encuentro del que participó además el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Sobre la gestión que encabezará de ahora en más Caamaño, señaló Cafiero en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, que «se volverán atrás reformas que se habían dispuesto durante la administración (Mauricio) Macri, como por ejemplo aspectos relacionados con los fondos reservados, que ahora serán transparentados».

Una de las tareas será establecer si esos fondos están asignados a determinadas tareas y, en caso de no encontrar una relación relevante, las partidas serán destinadas al presupuesto del Consejo Nacional Argentina contra el Hambre, sostuvo.

También se convocará al personal de la Agencia «para conocer las tareas que cumple cada uno, tanto agentes orgánicos como inorgánicos y si no tiene labores definidas, se evaluará si se le asignarán otras funciones, o si sigue. Se hará un estudio sin prejuicios», expresó el Jefe de Gabinete.

En el plazo de 180 días, la interventora tendrá la misión de normalizar y definir un plan estratégico para la actuación de la dependencia, apuntó Cafiero, quien señaló que «no se piensa en la disolución» de la AFI.

Comentó que «no se conoce cuál es la situación administrativa de la Agencia, ni cuánto personal se desempeña allí» y comentó el caso de la Escuela de Inteligencia, que fue reformada en la administración anterior, «y no sabemos cuántos agentes están haciendo cursos, cuántos siguen y cuál es su estado».

«Queremos tener una Agencia transparente» indicó Cafiero, quien puso como ejemplo el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio, que «es una muestra de cómo se operaba para armar causas y realizar persecusiones».

La fiscal Caamaño es la presidenta de Justicia Legítima y además estuvo al frente del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) durante la gestión de Alejandra Gils Carbó como procuradora General. Allí permitió que se agilizaran las escuchas en casos de riesgo de vida y secuestro.

También fue titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), fue la fiscal de la causa por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010, y ocupó la Secretaría de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré.

En declaraciones al diario La Nación, sostuvo que la iniciativa también incluirá una moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.

Cafiero también se refirió al aumento a las retenciones y dijo que «lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos».

«Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63, modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades», afirmó.

El funcionario sostuvo que «lo que está previsto es ir convocando a los sectores a este ámbito de acuerdo para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina».

«Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define en parte en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina», advirtió.

El jefe de Gabinete explicó que buscan «actualizar valores que quedaron muy desactualizados. Las medidas las vamos a tomar en mesas de acuerdo, siempre vamos a tratar de consensuar» y aseguró: «Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación».

Por otra parte, afirmó que la iniciativa que será girada al Congreso el lunes incluirá un impuesto de «alrededor del 20%» a los consumos en dólares en el exterior y «buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local».

«Persigue una lógica distributiva. A los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo», aseguró.

Consultado sobre si el valor del dólar es el correcto, Cafiero respondió: «Sí. Para lo productivo, para el esquema exportador, sí».

«Habrá una moratoria importante a las Pymes. Vamos a agregar un concepto que el Estado les pide a sus acreedores. Le vamos a dar tiempo para crecer así después puedan pagar sus obligaciones a la AFIP. El proyecto nuestro supone un período de gracia entre 4 y 6 meses», adelantó.

Por otra parte, explicó que el proyecto de ley «va a facultar al Ejecutivo» para aumentar jubilaciones, salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y precisó que «Los aumentos van a tener que ver con la capacidad que tenga el fisco en el momento. Estamos definiendo los montos y las formas de pago».

Consultado sobre un eventual congelamiento de las tarifas de servicios, dijo: «En principio no está previsto. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios».