Esta oferta se presentó en el marco de la Mesa de la Función Pública, donde se mantuvieron conversaciones constructivas con los gremios estatales representados por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), así como en la Paritaria Docente con la UNTER (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro).

La propuesta gubernamental, que fue discutida exhaustivamente durante las reuniones, busca aliviar las tensiones económicas que afectan a los empleados públicos en la provincia. El bono de $60,000 se entregará en dos partes iguales, comenzando en septiembre y concluyendo en octubre. Este beneficio se destinará a los trabajadores cuyos salarios netos teóricos sean inferiores a $400,000.

Es importante destacar que la liquidación de cualquier componente de esta oferta está sujeta a la aprobación integral de la misma, lo que significa que tanto el bono como la revisión de la pauta salarial deben recibir el visto bueno de las partes involucradas.

Un aspecto clave de esta propuesta es la convocatoria a una nueva reunión que tendrá lugar el próximo jueves 14 de septiembre a las 11 a.m. Este encuentro será crucial, ya que se llevará a cabo después de que se publique el índice de precios al consumidor del mes de agosto. Durante esta reunión, se revisará la pauta salarial acumulada en función de los datos económicos más recientes, lo que permitirá ajustar las condiciones salariales de acuerdo con la situación económica actual.

El Gobierno de Río Negro ha expresado su compromiso de trabajar en conjunto con los gremios estatales para abordar las necesidades y preocupaciones de los trabajadores públicos en un momento económico desafiante. Esta propuesta y la futura revisión de la pauta salarial representan un esfuerzo significativo para garantizar que los empleados estatales reciban un trato justo y adecuado en un contexto económico en constante cambio.

Después de las marchas, los encuentros de fin de año y las fiestas, los registros oficiales sanitarios de los últimos días indican que se avecina una nueva etapa de la pandemia. En ese contexto, el Presidente mantuvo conversaciones telefónicas con varios mandatarios provinciales para transmitir su inquietud y recibir sus percepciones. Según fuentes oficiales, “todos” mostraban miradas “muy coincidentes” en cuanto a la “preocupación” por la situación. “Ven a la gente muy indisciplinada y agresiva ante el reclamo de las autoridades para que respeten protocolos”, informaron.

En este sentido, en Gobierno evalúan medidas tendientes a restringir las actividades sociales nocturnas, aunque prefieren evitar el concepto de «toque de queda» que utilizaron varios funcionarios desde que empezaron a circular las primeras versiones sobre las nuevas iniciativas contra el coronavirus. En Casa Rosada y en Olivos se habla de que se avecinan “restricciones sanitarias”, “cierre nocturno” y “control diurno de las fuerzas de seguridad”.

El objetivo principal de estas iniciativas, que aún no están confirmadas y dependientes en parte del resultado del diálogo con los gobernadores, será impedir las aglomeraciones, en especial en sitios de esparcimiento vacacional veraniego, como las playas.

Tengamos en cuenta que, según informó anoche el Ministerio de Salud de la Nación, durante las últimas 24 horas se registró la mayor cifra de contagios desde octubre, con 13.790 nuevos casos positivos de COVID-19. Hasta ahora, el total de infectados llegó a 1.662.730.

Además del crecimiento de los infectados, p reocupación de la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en los centros de salud de todo el país. Actualmente hay 3.460 personas internadas y el porcentaje de ocupación a nivel nacional es del 54%.

Al comienzo de esta semana, el Alberto Fernández había citado al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar en conjunto la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los contagios aumentaron marcadamente durante las dos últimas semanas de diciembre.

El encuentro iba a producirse este miércoles, pero ayer por la tarde, el presidente amplió la convocatoria al resto de los gobernadores.

Del encuentro participaron también el jefe de Gabiente, Santiago Cafiero, los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Agricultura, Luis Basterra, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Entre los empresarios que dieron el presente se encontraban el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, mientras que entre los representantes de los trabajadores estuvieron Héctor Daer, Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Hugo Moyano, Antonio Caló, Sergio Palazzo, Omar Viviani, Hugo Yasky y Sonia Alesso, entre otros.

Por su parte, los dirigentes de las organizaciones que integran la Mesa de Enlace del agro definieron no concurrir al encuentro en medio de tensiones con el Gobierno por las retenciones.

Durante el encuentro el Presidente explicó que «la idea de este acuerdo, es empezar a lograr un diálogo franco para asumir los problemas que tenemos; toda la Argentina tiene problemas, está claro que algunos están más agobiados que otros, pero toda la Argentina tiene problemas”.

“Estamos en un país que lleva dos años consecutivos de caída del consumo y más de veinte meses de caída de la actividad industrial, y esto hay que revertirlo rápidamente, el modo es que los industriales inviertan, que la industria crezca, que podamos exportar, que de ese modo generemos trabajo, que la economía vuelva a moverse como todos soñamos, y la idea es que lo hagamos entre todos”, instó Fernández.

La agenda a llevar adelante, incluye entre otros temas prioritarios, un esquema de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de servicios públicos, la creación de empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, así como promoción de las Pymes.

A continuación el texto completo del acuerdo firmado:

COMPROMISO ARGENTINO por el DESARROLLO y la SOLIDARIDAD

La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.

Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.

Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa.

Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.

Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.

Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.

En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.

Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales.

Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las diversas posiciones.

Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.

Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.

Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.

Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.

Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación.

Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.

Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.

Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen.

Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.

En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.

Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.

Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.

Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente. También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.

La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.

Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.

Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional.

Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos.