«Se viene más libertad», declaró el funcionario en una entrevista con el canal TN.

Sturzenegger explicó que «aún queda por reglamentar la parte de la Ley Bases relacionada con la reforma laboral. Tenemos un plazo límite para completar esta reglamentación, liderada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en colaboración con el Banco Central, la AFIP, la ANSES y otras áreas competentes».

Además, subrayó la relevancia del Fondo de Cese Laboral, mencionando que las relaciones laborales en Argentina están marcadas por una elevada incertidumbre y costos asociados a los procesos de indemnización y despido, lo que incrementa significativamente los costos laborales, especialmente para las pymes y otras empresas.

Para ilustrar la importancia de esta iniciativa, Sturzenegger mencionó el caso de la UOCRA, una industria que ha desarrollado un régimen laboral específico que facilita la rotación de trabajadores entre proyectos, logrando un equilibrio entre los intereses empresariales y sindicales, con resultados positivos dado el contexto particular de ese sector.

El ministro detalló que el artículo de la Ley Bases «permite a cada industria diseñar su propio convenio para resolver estos desafíos. Estamos trabajando en la reglamentación de este artículo con el objetivo de que los beneficios alcancen tanto a trabajadores como a empresas y sindicatos».

Sturzenegger concluyó que el objetivo es que esta reglamentación posibilite la implementación del nuevo sistema sin generar resistencia por parte de empresarios o sindicatos, ya que ambos sectores se beneficiarían, mientras que la industria del juicio, que consume muchos recursos, sería la única perjudicada.

Este novedoso sistema «ofrecerá a empleados y empleadores la posibilidad de establecer acuerdos más favorables que los actuales bajo la Ley de Contrato de Trabajo», indicó Sturzenegger, aunque aclaró que «no será obligatorio», permitiendo a las empresas y trabajadores optar por no adoptarlo si consideran que no es beneficioso.

Funcionarios de Producción y de Hacienda le llevaron esta propuesta (fechada en febrero de 2019) a las centrales fabriles, que le dieron el visto bueno.

La presentación incluye la posibilidad de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos indemnización.

«El mal llamado ‘blanqueo’ laboral que propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación. Concretamente, se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, y lo que resulta más inquietante es que ese monto ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social, dijo Matías Maito al diario Minuto Uno.

Además, difícilmente una norma de esas características tenga el impacto que el gobierno prevé. «Los empleos informales se caracterizan por ser de muy corta duración, con lo cual un empleador podría formalizar la relación laboral con un empleado informal en el marco de este “blanqueo” y así evitar las sanciones. Pero cuando ese vínculo se termine, tendría la posibilidad de contratar a un nuevo trabajador de manera irregular«, agregó el especialista del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo.

Los tres proyectos refieren a los tres puntos que habían sido acordados por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en distintas reuniones con Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.

El primero de ellos fue la regularización de trabajadores no registrados con una “indulgencia” a las empresas que los tenían en negro y el segundo, la creación de Prácticas Formativas para estudiantes por un plazo de un año, con un estipendio no remunerativo y posibilidad de contratación. El último proyecto crea una Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) que determinará qué enfermedades laborales o tratamientos podrán ser cubiertos por las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio.

En octubre pasado, el acuerdo fue considerado un avance del diálogo entre la CGT y el Gobierno, pero inmediatamente surgieron varias fisuras. Con el camionero Pablo Moyano a la cabeza, varios dirigentes denunciaron que esas iniciativas iban a contramano de derechos laborales adquiridos y cuestionaron duramente al triunvirato. Al cabo de los meses, esa conducción quedó desautorizada y las consecuencias ya son predecibles. Desde un comienzo las dos CTA también habían expresado su rechazo.

Respecto del blanqueo de trabajadores no registrados, el texto propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza a los empleadores que regularicen a sus trabajadores.

Se bajará a los empresarios del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) siempre y cuando formalicen en blanqueo en el plazo de un año desde el momento de la reglamentación de la ley. El problema es que para que esto ocurra, el trabajador deberá “renunciar a toda acción y derecho” contra su empleador por los años que lo tuvo sin registrar.

Sobre el Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes mayores de 18 años, se determinan que las cargas horarias y el “estímulo” (pago no remunerativo) serán según el convenio colectivo del sector y que la contratación será de hasta 12 meses con una carga de hasta 30 horas semanales.

El último de los proyectos de ley crea la Agnet, que según un informe de la fundación Soberanía Sanitaria, permitirá implementar la Cobertura Universal de Salud; limitará la posibilidad del Congreso de incluir nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) y permitirá intervenir en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), afectando finalmente el bolsillo de los pacientes. Además, sostienen que estará administrada por grupos con claros conflictos de interés con los fines de la agencia y se propone como una herramienta para limitar la posibilidad de realizar demandas judiciales a los prestadores y no como una forma adecuada de intervención del Estado para la regulación de los precios.

El acuerdo se alcanzó durante un encuentro paralelo a la Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural. La figura del «trabajador independiente» había sido duramente cuestionada por la CGT, ya que contradecía la Ley de Contrato de Trabajo vigente, un punto innegociable para la central obrera. La responsabilidad solidaria, mientras tanto, impactaba sobre los trabajadores tercerizados en la mayoría de las empresas de servicios de limpieza, seguridad y transporte.

«Luego del trabajo en conjunto que viene llevándose adelante con los representantes de cada uno de los sectores, se alcanzó el nivel de consenso necesario para enviar el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso para su tratamiento en las próximas semanas», señaló el Ministerio de Trabajo en un comunicado sin dar más precisiones.

Por su parte, los dirigentes de la CGT, que asistieron al encuentro realizado en el predio de la Rural que oficio de marco para la negociación con Triaca, no dieron declaraciones ni emitieron un comunicado oficial respecto de lo acordado.

Hoy con los compañeros que participarán de la IV conferencia de erradicación de trabajo infantil pic.twitter.com/tgbyBvlede

— Hector Daer (@hectordaer) 12 de noviembre de 2017

Participamos de la apertura de la IV Conferencia Mundial sobre la erradicación del #TrabajoInfantil que organiza #OIT , aunando esfuerzos para garantizar el derecho a una niñez digna. #NoAlTrabajoInfantil #NoChildLabour pic.twitter.com/ZmAw5nFjYa

— Juventud y Niñez CGT (@SecJuventudCGT) 14 de noviembre de 2017

Jorge Molina, Secretario general de la CTA inició la alocución afirmando que “no se por puede hablar de reforma cuando cada medida que se anuncia atenta contra los trabajadores”, y explicó que el proyecto de Ley que se debatirá en el Congreso busca perdonar la deuda previsional a los empresarios que tengan trabajadores en negro”.

Además aseguró que el gobierno quiere aumentar la edad jubilatoria y que repudian los dichos del Senador Miguel Pichetto “quien afirmó que le parecía bien trabajar hasta los 65 años. Eso es una traición a quienes lo votaron”.

Los gremios solicitaron además que de manera urgente se reabran las paritarias y que el Gobierno provincial reconozca el “verdadero desfasaje que hay en los sueldos”. También aseguraron que es necesario crear la Mesa del Salario en el territorio provincial.

Por último, Molina pidió a los legisladores provinciales “que no voten la reforma de la ley ART. No pueden arrodillarse más ante el Gobierno nacional”.

Por su parte, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, habló sobre la represión de la protesta social: “Ni siquiera los militares se animaron a tanto (…), pero le queremos decir a la policía que no le tenemos miedo”.

Pablo Barreno, de Sitrajur convocó “a los sectores que faltan” (en referencia a otros gremios) a unirse en la lucha. Por su parte, Patricia Cetera, de UnTER, advirtió sobre la “destrucción de los sindicatos que pretende el macrismo”, y que está incluida en la reforma laboral.

La Conferencia de Prensa se desarrolló en el Concejo Deliberante de Viedma, donde sólo estuvieron presentes los Concejales Evelyn Rousiot y Diego Santos por el Frente para la Victoria y Mariana Arregui del Socialismo.

Y agregó: «Por parte de esta conducción gremial, de esta confederación (por la CGT), los compañeros trabajadores quédense tranquilos que nos van a tener que cortar la mano para firmar esta ley de reforma para cagar a los trabajadores»

Además, denunció al Gobierno de Cambiemos por querer imponer por la fuerza la reforma: «Con la excusa de encarcelar dirigentes gremiales, o todos los días atacarnos desde los medios de comunicación, quieren allanar el camino de la reforma laboral, y debilitan a los gremios para atacar a los trabajadores con el verso del costo laboral».

Esta tarde, la CGT rechazó la propuesta en una reunión mantenida con Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Antes, habían hecho lo propio las dos CTA.

La puesta en escena reflejó la acumulación de poder del Presidente, fortalecido luego de las últimas elecciones: prácticamente todos los gobernadores asistieron, así como la mayoría de los jefes de bloque, empresarios, sindicalistas y las autoridades de la Corte Suprema. Frente a este auditorio selecto –y lejos de las protestas de los movimientos sociales– Macri le dio forma a lo que está por venir. A diferencia de otras veces, no leyó (había teleprompter) y, pese a que hubo duras críticas al Poder Judicial, siempre se mantuvo en un tono pausado y cordial.

El Presidente comenzó con un homenaje a Raúl Alfonsín (por el que recibió los primeros aplausos) y luego recordó el resultado electoral, por si se le había pasado a alguno de los presentes. Antes de delinear las reformas, que dividió en tres ejes, Macri se atajó ante la idea de que se viene un mayor ajuste. “No se trata de sacar o de ajustar sino de ceder en algo para recuperar el conjunto”, sostuvo antes de presentar “una agenda de reforma permanente”. Enumeró tres ejes generales (las letra chica estará en las próximas semanas): “El primero es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos, no podemos gastar más de lo que recaudamos, y esto lo digo en todos los niveles del Estado”, sostuvo mientras los gobernadores lo miraban con seriedad. Asistieron prácticamente todos, excepto Sergio Uñac, de San Juan, y Claudia Ledesma, de Santiago del Estero. “Debemos reducir la carga tributaria, con una relación cooperativa entre Nación y provincias”, les indicó Macri. El próximo encuentro con los 24 gobernadores será el jueves 9 de noviembre.

“El segundo eje es favorecer el empleo. Avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado, formal”, advirtió ante los sindicatos y empresarios. Lo escuchaba el triunvirato que conduce la CGT, además de Francisco “Barba” Gutiérrez, Omar Viviani (taxistas), Antonio Caló (UOM) y Andrés Rodríguez (UPCN). Por los empresarios, estaban los representantes de los bancos, la UIA, de la Construcción, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.

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— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 30 de octubre de 2017

Por último, Macri sostuvo que habría reformas en la línea de “la República y la calidad institucional” y remarcó que “esto incluye reformas en la Justicia, en el sistema electoral y en iniciar un camino de transparencia e integridad para prevenir y castigar a la corrupción”. Al Poder Judicial le dedicó una buena parte de sus críticas ante la cara de poker del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco. Cada parte del discurso tenía un destinatario específico.

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A los gobernadores

“No podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa, tenemos que comprometernos al equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno, acordar un camino entre Nación y las provincias para acercarnos lo más posible al superávit de las cuentas públicas”, les advirtió a los gobernadores. Y sentenció: “Esto no es negociable”. También les señaló  que deberán resignar impuestos provinciales. “Tenemos que desandar juntos la escalada de impuestos que Nación, provincia y municipio hicieron los últimos años”, indicó Macri, quien adelantó que mañana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentará una reforma tributaria.

También anunció que comenzará a trabajar una comisión para reformar el sistema jubilatorio. “Tenemos que pensar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones”, sostuvo Macri, quien advirtió que actualmente el sistema previsional “no es sustentable”. “A mi entender no debería haber jubilaciones de privilegios, ni regímenes especiales, que por ejemplo habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a las 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65”, indicó. Macri aclaró que “el sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto”. Mientras se debate la nueva ley, Macri dijo que van a presentar “propuestas para la transición”. No aclaró cuales serán.

Sobre el endeudamiento, les preguntó a los gobernadores: “¿Qué madre o qué padre pueden dejarles a sus hijos deudas y problemas? No nos gusta endeudarnos, pero mentirnos, emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación”, sostuvo Macri, cuyo gobierno llegó a colocar un bono a 100 años. En el Ministerio del Interior sostuvieron que la recepción del discurso por parte de los gobernadores fue “positiva”. Algunos, no obstante, indicaron que querían ver “la letra chica”.

A los sindicatos

“En los próximos días vamos presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo”, indicó Macri, sobre el blanqueo laboral que viene negociando la CGT con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. También les advirtió: “Vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país”. Por los avances sobre los derechos laborales, el Gobierno argentino debió responder ante la CIDH la semana pasada. Macri aprovechó para reclamarle a los gobernadores que adhieran a la ley nacional de ART. “No podemos pedirles a nuestras empresas que compitan en el mundo si no cuentan con las condiciones para hacerlo”, remarcó.

No fue el único momento en el que le dejó advertencias a los sindicalistas. También apuntó a sus obras sociales: “En Argentina hay 280, de las cuales sólo 40 representan el 70 por ciento de los trabajadores. Esto quiere decir que hay 240 obras sociales que sólo representan el 30 por ciento. Esta cantidad llama la atención”. Sostuvo también que pasa “algo similar con los sindicatos”. “No puede ser que haya más de 3 mil en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente”, sostuvo.

A los jueces

Por último, Macri dedicó varias críticas al Poder Judicial. No lo anunció, pero el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó ayer que, pese a la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, se avanzará en una reforma del Ministerio Público Fiscal. Y también del Consejo de la Magistratura. A los dos les apuntó el presidente: “En el ministerio Público Fiscal se contrataron 1.100 personas. No quieran saber los sueldos”. Sobre el Consejo de la Magistratura dijo que “el número de consejeros creció casi un 140 por ciento en diez años”. Llegó a afirmar que hay “empleados de ordenanza, cuya función es servir café o llevar expedientes, que tienen sueldos arriba de 100 mil pesos por mes”. Cuestionó las licencias en el Poder Judicial y que trabajen solo hasta el mediodía. También criticó la feria judicial.

El presidente dio otros ejemplos estratégicamente elegidos de “rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles, logran ubicar amigos, parientes”. Sostuvo que en la Biblioteca del Congreso hay 1700 empleados mientras que la de Chile tiene solo 250. “Estas estafas se tienen que terminar. No hay más lugar para esto”, sentenció Macri. Igual trato recibieron las legislaturas provinciales (“hay legisladores que tienen 80 empleados”) y las universidades públicas: “El número de universidades aumentó en promedio de más del 30 por ciento, pero la matrícula de estudiantes sólo el 13 por ciento. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo”, aseveró.

Curiosamente, todos los ejemplos culminaban con un planteo de que “cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público”. “Tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene –recomendó Macri– Queremos acabar con los privilegios que salvan a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y la desigualdad”. Por suerte, al comienzo, había aclarado que no se trataba de ajustar. (Werner Pertot)