Según el análisis, «si se consideran solo las mejoras en el resultado financiero de al menos 1% del PBI, se pueden identificar 8 casos en las últimas seis décadas y media, con el primer semestre de 2024 a la cabeza. Este ajuste fue seguido por el año 1985, cuando el Plan Austral logró una mejora de 4,6 puntos del PBI en el resultado fiscal. Otros años destacados por ajustes similares son 2003 (1,8 puntos del PBI), 2002 (1,7), 1977 (1,7), 1967 (1,5), 1984 (1,4) y 1991 (1,0)”.

El informe subrayó que «lo que distingue al ajuste del primer semestre de 2024 es que la mejora en el resultado financiero se debe completamente a una disminución del gasto público. En contraste, en 1985, la mejora fue impulsada por un aumento en los ingresos (+6,2% del PBI), aunque el gasto también creció ese año en 1,6 puntos del PBI».

Además, el análisis destacó que «en los 8 años en los que se registraron mejoras significativas en el resultado financiero del SPN entre 1961 y 2024, solo en tres ocasiones la reducción del gasto contribuyó más que el aumento de los ingresos, siendo el caso del primer semestre de 2024 el más notable».

En cuanto a los recortes específicos, el informe señaló: «El ajuste de 5,4 puntos del PBI en el gasto se explica principalmente por la reducción de erogaciones en transferencias (jubilaciones, subsidios por tarifas, transferencias corrientes a provincias, etc.), que representaron 3,7 puntos del PBI, seguidas por una disminución en el gasto de capital (1,4 puntos) y una baja en el gasto en personal (0,3 puntos)».

Finalmente, se detalló que los mayores recortes anuales en el gasto durante el primer semestre se produjeron en las transferencias a provincias (-98% en las de capital y -74% en las corrientes), en la inversión pública (-71%), en los subsidios económicos (-43%) y en las jubilaciones (-27%).

En el país, hay un 48 por ciento de pobreza infantil, lo que representa a más de 6 millones de niños y niñas que viven en condiciones indignas: con una mala alimentación, poco acceso a servicios básicos como agua, luz y gas y poco acceso al estudio.

Los datos fueron confirmados el año pasado por el observatorio que dirige la Universidad Católica Argentina (UCA) y también por Unicef. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri realizó un fenomenal recorte a escondidas, de unos 900 millones de pesos destinados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El recorte a través de un decreto también se dio en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (28 millones), organismo que tiene a cargo el seguimiento sobre el funcionamiento de las políticas destinadas a esta población, y a la Comisión Bicameral que todavía debe designar a un defensor o defensora (punto aparte es este tema, que desde 2005, cuando se sancionó la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no se ha nombrado a ningún defensor).

La polémica medida fue firmada el pasado 11 de enero por el jefe de gabinete Marcos Peña y por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, a quienes se les critica pasar por sobre las decisiones tomadas en el Congreso de la Nación.

De esta manera, expertos en el tema aseguran que con el ajuste, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como la Defensoría, no lograrán siquiera recuperar el presupuesto equivalente al 2018. Si en este punto se tiene en cuenta el nivel inflacionario que pesará este año, se puede deducir un futuro preocupante para la niñez en la Argentina.

Por esta razón, organizaciones sociales y políticas que trabajan con la niñez realizaron un reclamo dirigido a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La respuesta todavía no llegó.

«Esperamos que los fondos se restituyan inmediatamente porque la medida es inconstitucional. El Congreso aprueba el presupuesto y el Ejecutivo no puede desautorizarlo de esa manera. Además, es contrario a la ley de protección integral, que establece la intagibilidad de los presupuestos destinados a Infancia», dijo Julieta Izcurdia, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Las organizaciones se aferran al principio de no regresividad establecido en la ley de protección integral, la cual afirma que no se puede recortar la cantidad de fondos afectados para la niñez.

Ante este panorama, el gobierno no solo avanzó contra los fondos vitales para poder erradicar la pobreza y contener a la niñez emergente del país, sino que también ha relanzado su vieja campaña para intentar bajar la edad de imputabilidad en menores, esta vez hasta los 15 años.

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Resolución 268/2018

RESOL-2018-268-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 20/09/2018

VISTO el expediente EX-2018-36044759-APN-DNAYAE#AND, el artículo 9º de la Ley Nº 13.478 y sus normas modificatorias, los Decretos N° 292/95, N° 1455/96, Nº 432/97, N° 355/02, N° 698/17 y N° 868/17, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 217/2018 de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto n° 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez;

Que atendiendo a las condiciones establecidas por la ley 19.549 y su decreto reglamentario en materia de plazos establecidos a favor del administrado, como así también los principios de eficiencia, eficacia y economía en el diligenciamiento de los trámites que persigue esta Administración Nacional, se considera adecuado establecer un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos para que el administrado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentare valerse, como así también tomar vista de las actuaciones;

Que respetando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y predictibilidad en el diligenciamiento de los trámites que persigue esta Administración Nacional, corresponde la aprobación del circuito diseñado para la notificación de incompatibilidades, suspensión y caducidad de las pensiones no contributivas por invalidez;

Que a los efectos de brindar la más efectiva y eficiente atención a los beneficiarios que fueren notificados, y atendiendo a la experiencia verificada a través de la colaboración instrumentada entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social, como así también la infraestructura y despliegue territorial que posee la ANSES, se considera oportuno establecer que los beneficiarios notificados concurran a la UDAI (Unidad de Atención Integral) más cercana a su domicilio, previa concreción de turno mediante llamado al número 130;

Que corresponde plasmar lo considerado precedentemente, a través del dictado de un nuevo acto administrativo que deje sin efecto la Disposición N° 217/2018 previamente aludida;

Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ha tomado la intervención de su competencia, conforme lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto N° 1344/07, sin encontrar objeciones que formular al acto administrativo que por la presente se aprueba;

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia;

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente, conforme las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y complementarias, la Ley Nº 25.506, los Decretos N° 292/95,

Nº 1455/96, Nº 432/97, N° 357/02 y sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos N° 698/17 y N° 868/17.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1: Apruébese el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez, que como Anexo I (IF2018-37322889-APN-DNAYAE#AND) forma parte de la presente;

ARTICULO 2: Déjese sin efecto la Disposición N° 217/2018 de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, que será reemplazada por la presente RESOLUCIÓN.

ARTICULO 3: Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Santiago Ibarzábal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 25/09/2018 N° 71151/18 v. 25/09/2018

Fecha de publicación 25/09/2018

“Lo que hay que mirar es que la Patagonia tiene varios beneficios que son igualitarios. Yo tengo una mirada crítica con este tipo de beneficios, porque el tipo que está bien acomodado, la familia que está bien acomodada, se beneficia mucho más que el que está con problemas económicos. Por ejemplo, en un barrio cualquiera de Viedma, que no tiene red de gas, no tiene el subsidio que los otros que si tienen. Como los que tienen autos gozan de subsidios mas que los que no tienen” explicó.

Insistiendo con su argumento a favor de la quita o reducción de subsidios a los patagónicos, el legislador nacional señaló que “esas desigualdades se acentúan en los subsidios tan masivos. Y además era un criterio de territorialidad de muchos años atrás donde no había rutas, comunicaciones. Hay que repensar los subsidios: eso no significa que uno este en contra de los desarrollos regionales, sino que en esta situación de crisis hay que darle otra mirada, una vuelta de tuerca para beneficiar a los que queremos beneficiar y aquellos que puedan hacer un esfuerzo que lo hagan. Obviamente que esto es complicado. Cuando una sociedad hace un esfuerzo de beneficios, esos beneficios en situaciones de crisis deben estar orientados hacia los que mas lo necesitan”

Ademas el referente macrista rionegrino elogio a los dirigentes de la UCR Darío Berardi, Lorena Matzen, por haber buscado un acuerdo partidario para no efectuar las elecciones internas y seguir siendo parte de Cambiemos. “Habla muy bien de ellos como dirigentes. No podíamos poner una tensión mas en las tensiones que ya tenemos como sociedad” .

La decisión se oficializó a través del Decreto 816/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

La norma deroga el Decreto 702/2018, que el 27 de julio pasado había dispuesto la eliminación del mencionado «beneficio especial» las provincias patagónicas, La Pampa, Neuquén, Formosa, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Carmen de Patagones y Salta, bajo el pretexto de equiparar el valor de las asignaciones familiares en todo el país.

En las provincias patagónicas, La Pampa, Neuquén, Formosa, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Carmen de Patagones y Salta, por razones de «costo de vida», el monto de las asignaciones es mayor que en el resto del país.

En esas regiones, por razones de «costo de vida», el monto de las asignaciones es mayor que en el resto del país. La decisión reducía ese beneficio hasta en un 75%, afectando a los padres de más de 450.000 chicos por un monto anual del orden de los $ 5000 millones.

La decisión provocó airadas reacciones en el Congreso, incluso de legisladores de la propia alianza oficialista, donde se presentaron dos proyectos de declaración pidiendo a la administración de Cambiemos que revisara la medida. También los gobernadores patagónicos recurrieron a la Justicia para frenar la medida.

Con la discusión del Presupuesto 2019 en el horizonte, y consciente del clima negativo que desató la decisión, el Gobierno resolvió suspenderla por 30 días a principios de agosto y enmarcar su discusión en las reuniones con los gobernadores para consensuar la llamada «ley de leyes». Hoy finalmente, derogó el decreto.

Qué decía la norma de la polémica La medida llevaba a $ 2816 el piso del salario mensual para poder percibirlas. En cuanto al techo, bajaba de $ 94.786 a $ 83.917 para el ingreso del grupo familiar o de $ 41.959 de uno de sus integrantes.

Con esos nuevos parámetros, el monto general pasaba a ser de $ 1578 para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos y ascendía a entre $ 3155 y $ 3407 para los registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras zonas.

Uno de los puntos que más polémica generó fue en el que se plantea textualmente que “se amplían los créditos vigentes de la Policía Federal (…) a fin de atender el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el pago del servicio de policía adicional que presta la citada Fuerza de Seguridad” y a continuación se aclara que “el incremento citado en el considerando precedente se financia con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social”.

En las plantillas anexas, se puede ver que el Fonid se reduce en 27 millones de los cuales 25 millones van a formación de la Policía Federal y otro 1,7 millón de pesos al ISER, que depende del Enacom. La única explicación oficial del día la formuló el Ministerio de Educación, para aclarar que esa transferencia en particular “se realiza regularmente cada año, para enviar a las instituciones educativas del Ministerio de Seguridad el monto correspondiente al Fonid”.

“Sacarle plata a educación para volcarla a seguridad es una síntesis de todo lo que no debe hacer un gobierno y un enorme peligro para la paz social”, cuestionó el diputado peronista Felipe Solá. Por su parte, el kirchnerista Daniel Filmus indicó que es “gravísimo que, en el marco de la crisis que atraviesa el sistema educativo público en todos sus niveles, el Gobierno tome la decisión de quitar presupuesto al Ministerio de Educación, y a otras áreas sociales para aplicarlo a la Policía Federal. Los funcionarios deberán dar las explicaciones correspondientes a los diputados en el Congreso Nacional”.

No obstante, la resolución contiene otras sorpresas:

Universidades. Hay una reducción de 1639 millones de pesos en transferencias a universidades nacionales, presumiblemente en fondos para infraestructura, aunque no hubo comunicación oficial al respecto. La Ctera advirtió que se recortan otras partidas de Educación por 12,4 millones de pesos “que se suman a los 450 millones que quitaron del presupuesto en lo que va del año”. Las áreas afectadas son las de infraestructura, formación docente y jardines infantiles. “Por sobre la inversión en Educación se privilegia el pago de los servicios de la deuda externa según los requerimientos de FMI y el pago a las fuerzas de seguridad que llevan adelante las acciones represivas frente a la protesta socia”, indicó la federación docente.
Ciencia. La Secretaría de Ciencia y Tecnología resigna 346 millones entre recortes al ex ministerio, a su programa de Implementación de Política de Ciencia y Tecnología y de Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. En tanto, el Conicet recibió 412 millones de pesos, que es lo mínimo para pagar las paritarias y las becas. Ante los reclamos, el funcionario del área Jorge Aguado había prometido 550 millones, que con el transcurso de los días se achicaron. En tanto, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) sufrió el recorte de distintos programas por 222 millones y un crédito por 300 millones que provendría del Banco de Desarrollo (CAF). En total, el área recibe 88 millones que van al Invap, al que le deben 1050 millones de pesos desde el Estado nacional.
Ambiente. La Secretaría de Ambiente pierde 15 millones que iban a ser destinados al desarrollo sustentable de la cuenca Matanza Riachuelo.

Infancia. Pese a haber sido convertido en un superministerio, Desarrollo Social también resigna partidas: recorta 129 millones del programa de integración sociourbana, otros 117 millones de promoción de la primera infancia, mientras que a la protección integral de niños y niñas le recortan otros 5,8 millones y a protección de adultos mayores, 2,2 millones.
No son los únicos recortes: el área de prensa y difusión de la Jefatura de Gabinete poda 439 millones de pesos, el olvidado Plan Belgrano resigna otros 20 millones de pesos, la Secretaría de Turismo pierde 10 millones destinados a refacción de hoteles y otros 16 millones de puesta en valor del complejo Chapadmalal. Las refacciones del CCK también deberán esperar (le recortaron 959 millones).

En tanto, la Policía Federal gana otros 42 millones y Gendarmería Nacional –la fuerza favorita de Patricia Bullrich– recibe 400 millones para sus jubilaciones. En tanto las Fuerzas Armadas suman distintas partidas (145 millones para el Ejército, 588 millones para la Armada, cuatro millones para la Fuerza Aérea). El área de Migraciones recibe 710 millones más.

A esto se suman una serie de fondos para subsidios: 5818 millones de pesos para transporte a través de un fondo fiduciario creado para infraestructura, además de 610 millones en transferencias a empresas privadas. En materia de energía, se suman 10 mil millones a Cammesa, otros 12 mil millones a Enarsa, 3550 millones para subsidios a ferrocarriles. Además, colocarán deuda por 15 mil millones para el pago de pensiones, que iban a ser financiadas con recursos del Estado.

El patagonazo se hizo oir. El Decreto 702 es inconstitucional x eso lo tiran para atrás. No deja de sorprender el nivel de improvisación del gobierno. Recién ahora van evaluar su alcance? Seguiremos defendiendo los derechos del pueblo argentino. La Patagonia no se deja pisotear. pic.twitter.com/4TRjzse00j

— María Emilia Soria (@MaEmiliaSoria) 3 de agosto de 2018

«Durante este periodo se realizará una evaluación del alcance de la medida y los tiempos de implementación de la misma, con el objeto de seguir trabajando para alcanzar un Sistema de Seguridad Social más inclusivo y sustentable», sostuvo la cartera laboral.

El jueves por la mañana un fiscal federal de Ushuaia, Juan Soria, emitió un dictamen a favor de un amparo presentado contra el decreto que recorta asignaciones familiares para la Patagonia.

El amparo fue presentado por la trabajadora gastronómica Mariana Marianucci, y respaldado por la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos seccional Tierra del Fuego (UTHGRA), y por el propio Ejecutivo provincial.

Nota relacionada: 70 mil chicos rionegrinos afectados por el ajuste.

El decreto que generó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo equiparaba el valor de las asignaciones familiares de todo el país, por lo que los trabajadores registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta pasaban a cobrar por hijo la mitad o menos: de entre $3.155 y $3.407 a $1.578. También afectaba a las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y zonas de Formosa, Mendoza y Buenos Aires. En total, más de 400 mil chicos.

La medida iba a comenzar a regir en septiembre, pero el gobierno se comprometió ahora a presentar una nueva propuesta tras no haber considerado el fuerte impacto negativo del recorte que había hecho pasar por decreto.

Del decreto 702/2018 se mantendrá el resto de las modificaciones: el piso del salario para acceder a las asignaciones familiares pasará de $200 a $2.816 y el techo bajará de $94.786 a $83.917 para el ingreso del grupo familiar o de $41.959 de uno de sus integrantes e incluirá las sumas no remunerativas.

Este decreto fue el primero tras el acuerdo con el FMI que impone un recorte en el área social aún cuando desde la Casa Rosada habían advertido que el ajuste no iba afectar a ese área.

También desde el partido RIO, la senadora Magdalena Odarda, insistió en rechazarla, por considerarla un ajuste luego de que “nos quitaran la exención del impuesto a combustibles y los reintegros por puertos”.

Diputados/as de la oposición presentamos hoy en el Congreso un proyecto para que quede sin efecto el decreto de Macri que recorta Asignaciones Familiares de la Patagonia y de diferentes puntos del país. pic.twitter.com/IlDxYEDwPA

— Diputados FPV-PJ (@DiputadosFPV_pj) 1 de agosto de 2018

“Es una brutal discriminación. Las condiciones climáticas y las enormes distancias propias de nuestra región marcan la desigualdad económica en relación al costo de vida de otras zonas del país. Esa desigualdad no es una ilusión o un capricho”, opinaron luego a través de un comunicado.

En diálogo con radio La Puntual y recogido por el Diario Legislativo, el parlamentario indicó que “las asignaciones familiares tienen el objetivo de disminuir la distancia entre las familias más pobres y las más ricas”, y rescató que con el decreto nacional del último viernes “sólo se toca la parte de asignación familiar” y no las asignaciones por discapacidad ni la Asignación Universal por Hijo.

El decreto 702 firmado por el Gobierno de la alianza Cambiemos, reduce en algunos casos hasta el 75 por ciento el monto de las asignaciones familiares que perciben los niños patagónicos. El ajuste se inscribe en las políticas de reducción del déficit fiscal al que obliga el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El monto general de las asignaciones familiares en la región patagónica y algunas puntuales del norte del país es de 3.155 y 3.407 pesos, contra los 1.578 pesos en el centro.

Wisky planteó diferencias con las también diputada de Cambiemos por Río Negro, Lorena Matzen, quien presentará un proyecto para que el Gobierno nacional retrotraiga la medida. “Por antecedentes jurídicos y por el impacto que la medida tiene en los beneficiarios de las asignaciones, que verán mermadas las mismas en el orden del 50 por ciento o más, solicitamos la revisión de la medida”, expresa el proyecto que elevará la Diputada, juntos a otros parlamentarios radicales patagónicos.

Pero Wisky explicó  “mi diferencia con Lorena es que lo que leo en Anses es que en la zona 1 de Río Negro no hay cambios, y si hay cambio es de 200 pesos para los sueldos mayores a 35 mil pesos”, expresó.

Dijo que “hay que intentar llevar adelante el foco de ayudar al sector más desfavorecido”, y repasó que “hay 1,5 millones de chicos que no están recibiendo nada y hay que intentar equilibrar esas políticas”.

Sentenció finalmente que “me encantaría que no se bajen las transferencias a la niñez, pero esta es la realidad. El país tiene el 30 por ciento de pobreza y tenemos que ver cuáles son las políticas activas para salir de eso”, cerró.

OPINION

Al respecto la legisladora Graciela Holtz del FpV expreso que “la decisión de reducir el monto de las asignaciones familiares en las provincias y distritos que contaban con un plus por zona desfavorable es una afectación directa a los derechos de más de 400.000 niños, niñas y adolescentes”.

“Este recorte que abarca la asignación por hijo, el prenatal y ayuda escolar, tiene un impacto profundo sobre la calidad de vida de los sectores más humildes de la población y por ende sobre sus niños. Familias para las que ya la situación es insostenible, nuevamente ven menguados sus ingresos por esta repudiable decisión”, agregó.

Asimismo sostuvo que “con salarios prácticamente congelados que no coinciden con la realidad actual, sumamos ahora algo peor, que es meterle la mano directamente al bolsillo de las familias, una afectación que en algunos hogares es una suma significativamente alta”.

Por otro lado sostuvo que el cinismo de Sergio Wisky, llega al lamentable punto de no interesarle que en Río Negro más de 70 mil niños sean castigados por las políticas de Macri.

“Es un golpe terrible para estas familias, no termino de entender qué se cruza por la cabeza de quien es capaz de tomar una decisión de esta naturaleza, me alarma la falta de sensibilidad social de este gobierno, que no ha parado desde que asumió de arrojar a la deriva a los más vulnerables”, concluyó Graciela Holtz.

La encargada de transmitir la noticia fue Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias, durante el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se llevó a cabo esta semana en la provincia de Jujuy. De los 100.000 millones asignados originalmente, solo quedarán 97.000.