La Adela presentó este proyecto de trabajo en «Burbujas» que fue tomado de ejemplo en otras ciudades de la provincia de La Pampa.

Adrián Sandoval agregó en Libertad Radio 95.1 que hay un plan B si se supera la cantidad de inscriptos.

Habrá refrigerio, que no se compartirá como habitualmente ocurría, sino que se entregará cuando terminen las actividades y los niños ya regresen a su casa. El Provida comienza el 5 de enero y se extenderá durante todo el mes.

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La convocatoria fue realizada a través de un comunicado de la comisión episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, que encabeza el obispo Pedro Laxague.

«El próximo sábado 28 de noviembre se realizarán en todo el país distintas manifestaciones para expresar el valor y el respeto por la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural», dice el texto.

En ese marco, expresaron que alientan «fervientemente a participar de dichas expresiones públicas en favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución Nacional».

«Invitamos a los fieles de nuestras comunidades eclesiales a unirse a hermanos de otras confesiones religiosas, como así también a hombres y mujeres de buena voluntad para participar responsablemente conforme a las normas sanitarias establecidas en cada jurisdicción», dijeron en el comunicado.

Asimismo, señalaron que en la convocatoria se promueva «el debido distanciamiento social y el uso del barbijo»; y se vele por «el cuidado de las exigencias democráticas basadas en el respeto mutuo evitando cualquier forma de violencia hacia otro hermano».

En el comunicado, los obispos expresaron que «el aborto no salva vidas» y añadieron: «Lo que sí salva la vida, las dos vidas, en especial de las mujeres adolescentes y más vulnerables embarazadas, es el cuidado, contención, acompañamiento, cercanía, medios económicos, educación, prevención, presencia del Estado y de otras asociaciones civiles y religiosas enmarcadas en un concepto amplio y humano de salud pública».

«Legalizar el aborto y dar por válidas las supuestas razones que se escuchan profundizan y dificultan la necesaria amistad social. Legalizar el aborto en los términos que establece el protocolo ILE, sería la primera vez en nuestra Nación Argentina en democracia que una ley contenga la muerte de una persona para salvar a otra a excepción de lo establecido en el Código Penal Argentino», advirtieron.

Asimismo, recuerdan que el pasado 22 de octubre la CEA «ante el inminente tratamiento legislativo sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo iniciaba una declaración con una minuciosa presentación del inoportuno y dramático momento que vivimos los argentinos para llevar adelante esta discusión».

El martes, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de legalización del aborto, que empezará a ser debatido en los próximos días por la Cámara de Diputados, y otro que contempla la creación del Plan de los 1000 Días, para la atención de la madre embarazada vulnerable y el niño en sus primeros años de vida.

Voto absolutorio

El primer voto correspondió al juez Carlos Mussi y explicó su postura a favor de la revocatoria del fallo condenatorio. El punto central de su argumentación es la infección que tendría la paciente al momento de tomar contacto con Rodríguez Lastra.

El juez sostuvo que en la “Guía para la Atención integral de mujeres que cursan un aborto” del Ministerio de Salud dice que es deber médico “en caso de considerar la existencia de una infección es conveniente tomar muestras para realizar un cultivo bacteriológico, pero si no se cuenta con esta posibilidad iniciar el tratamiento antibiótico de inmediato, antes de realizar la evacuación. Toda lesión de la vagina o del cuello uterino es indicio de la presencia o la posibilidad de una infección, en cuyo caso es necesario administrar antibióticos”.

De esta manera, para el juez, “teniendo el marco de actuación del médico exigido por los protocolos aplicables, no tengo dudas de que en el caso en concreto, ante los valores clínicos enunciados existía al menos la fundada sospecha de que estaba ante un cuadro infeccioso. Y si existe la fundada sospecha, el médico debe actuar, para estabilizar a la paciente, para brindar un tratamiento adecuado que evite que la condición progrese y empeore la salud de la paciente”.

“El protocolo es elocuente en un sentido, primero requiere la estabilización de la paciente y suministrarle antibióticos, cuestión que Rodríguez Lastra hizo, puesto que le suministró antibióticos y requirió los laboratorios correspondientes, los cuales estuvieron el día 3 de abril”, aseveró.

“Entonces esto me lleva a pensar que más allá de las intenciones o no de Rodrigue Lastra, no podía continuar con un supuesto aborto en curso, cuando se encontraba ante un posible cuadro de “aborto infectado”, conforme las definiciones de la propia guía, exigiéndosele conductas médicas concretas”, explicó.

Luego, mencionó que “la imputación solo se centró en relación al médico Rodríguez Lastra, quien estuvo a cargo de la paciente por siete horas, no se explica por qué no se realizó la práctica posteriormente o bien por qué la imputación no abarcó al resto de los profesionales que intervinieron en la atención de” la paciente.

Finalmente, el juez Mussi aclaró que “de ningún modo se desconoce el derecho constitucional y convencional que tiene toda persona de decidir sobre su cuerpo, mas aún, tratándose de una mujer que ha sido víctima de la violencia sexual de un hombre y con la perspectiva de género con la que se debe juzgar tal conducta (Ley 26.485). Constantemente este cuerpo analiza y juzga hechos bajo estos parámetros dispuestos por nuestro derecho positivo, adaptado a las convenciones constitucionales que resguardan los derechos de la mujer”.

Primer voto de la mayoría

El juez Miguel Cardella inició su voto aclarando que “para la resolución de este caso es de aplicación la perspectiva de género”. Agregó que “una mujer embarazada a consecuencia de una violación, tiene el derecho a acceder a la práctica médica de un aborto no punible en dependencias de la salud pública y el acusado obstruyó ese proceso”.

“De la revisión que realizamos, se acreditan las afirmaciones de la sentencia de condena donde Rodríguez Lastra no cumplió con la ley 4796 del modo en que fue acusado; además no es objetor de conciencia, dio un medicamento que interfirió con el proceso abortivo decidido por la mujer, y no pudo acreditar el estado de necesidad de ella”, expresa el voto.

Para el magistrado “La actuación de Rodríguez Lastra fue intencional, sabía qué hacía, sabía que efectos tenía la medicación que le aplicó a quien llego transitando un aborto por ingesta de misoprostol, y sin embargo se inmiscuyó sin ningún derecho sobre el cuerpo de la mujer y sobre su decisión”.

Amplió: “El médico imputado no respetó la autonomía personal de la mujer en el ejercicio de su profesión médica como empleado del hospital público de la provincia”. Este hecho se agrava ya que “la joven es una mujer vulnerable” y porque “no aceptó que la mujer agredida sexualmente (violada) dispusiera de su cuerpo, por ese motivo es que le suministró un medicamento cuya consecuencia es el obstruir el proceso abortivo”.

Luego detalló porqué, a su criterio, no tiene sentido el planteo sobre las 22 semanas de gestación que realizó la Defensa. “La mujer tiene el derecho al aborto no punible, lo dice el Código Penal, lo dice la Corte Suprema y lo dice la ley 4796”, expresó.

Respecto a la cuestión del foco infeccioso, expresó que “las pastillas abortivas ingeridas por la víctima la hacían transitar la expulsión del feto y ese medicamento eleva la temperatura corporal”.

El tercer voto

La jueza Rita Custet también aseveró que “se impone en este caso el análisis del presente bajo la perspectiva de género, de manera que se erradiquen las preconcepciones sobre el rol y las funciones de la mujer en la sociedad”.

“Ha quedado claro que la joven llegó al nosocomio con un proceso de interrupción del embarazo, es decir se estaba ante la presencia de lo que en derecho se denomina un aborto en curso”, dijo. La mujer había tomado pastillas a efectos de interrumpir el embarazo. Esta “determinación y asunción del riesgo, en el marco de un aborto legal y de la indiscutible autonomía personal, fue el resultado de la negativa de Rodríguez Lastra de recibirla en el hospital” unos días antes, lo cual “empujó a la desesperada joven a buscar los medios de interrupción del embarazo no deseado por fuera del servicio público sanitario que debía garantizarle la atención”.

“Entender que el aborto no era legal (no revistiendo la calidad de “no punible” en palabras de la recurrente) porque la mujer consiguió la medicación fuera del sistema sanitario, sería criminalizar la conducta de la mujer cuya atención fue negada en este caso por el propio imputado en su carácter de “médico diplomado”, para luego desincriminar al “medico diplomado” quien no cumplió con lo que la ley le mandaba a hacer en tal carácter”, añadió.

“Una vez más el derecho, interpretado desde la visión patriarcal, operaría como una trampa para la efectividad de los derechos de las mujeres y exculparía injustificadamente a quienes actúan en contra de la ley, incumpliendo sus deberes y violentando los derechos fundamentales de las personas gestantes”, sentenció la jueza Custet.

La magistrada también rechazó el planteo que no estaba el formulario del consentimiento informado por parte de la paciente: “los requisitos que la ley impone en favor de las usuarias no deben ser interpretados jamás como vías de restrictivas para negarles a las mismas los derechos constitucionalmente reconocidos”.

Respecto al argumento que se trataba de un embarazo de más de 22 semanas, argumentó que “lo que se le imputa a Rodríguez Lastra no es no haber provocado el aborto, sino haber obstruido un proceso en marcha”.

“Sin perjuicio de ello, queda claro que las guías referidas no ponen condicionamientos temporales para la asistencia y acompañamiento sanitarios de procesos abortivos iniciados por las propias mujeres y no habilitan de manera alguna a los médicos a la interrupción de estos procesos ya iniciados”, resaltó.

Violencia obstétrica

El voto mayoritario hizo lugar al pedido de la Fiscalía en este sentido. Custet explicó que el acusado Las acciones analizadas han sido ejecutadas bajo una indudable asimetria de poder que el propio Juez de Juicio pone en evidencia al sostener: el galeno se valió de su posición de profesional médico para administrar un fármaco para contener y revertir el proceso de interrupción del embarazo iniciado por la propia paciente, para no efectuar la práctica que ella le reclamaba y todo ello sin requerir consentimiento alguno ni brindarle ninguna explicación”.

Para Cardella, “en su conducta, Rodríguez Lastra, ejerció un acto de dominio al disponer del cuerpo y de la salud de su paciente mujer, desoyendo y no respetando su decisión. La propia víctima en su declaración dijo que le colocaron medicamentos sin ser informada y sin su consentimiento.

fue sometida a un calvario. La víctima quería un aborto, el acusado no tuvo en cuenta su voluntad de decidir sobre su cuerpo y su salud; la hicieron parir. Eso es violencia de género y obstétrica”.

Marcha "pro vida"
Quedé estupefacta con la respuesta https://t.co/hMYw5LWS8L

— Valeria Sampedro (@SampedroVale) March 23, 2019

Entre algunas de las disciplinas planificadas para este nuevo año, estarán el Duatlón, el Básquet, Beach Voley, Ajedrez entre otras. A las que se le suman los talleres de la tarde, que estarán a cargo de la responsable del Área de Desarrollo Social Gabriela Vissani.

En la oportunidad la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Fernanda Alonso, presentó al nuevo subsecretario de Juventud, Pablo Ferrero, y comunicó el aporte de 1.500 pesos como suplemento navideño, para las 19.900 familias que poseen la tarjeta social.

El anuncio se llevó a cabo en la Sala de Conferencias de Vialidad Provincial, también contó con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Bensusán; los subsecretarios, de Descentralización Territorial, Patricia Lavin, de Deportes, Recreación y Turismo Social, Fernando Sánchez; de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino; los directores, de Deportes, Ceferino Almudevar y de Planificación Social, Laura Ramborger. Alonso resaltó la jerarquización del ProVida en esta gestión, tras 25 años de implementación en la Provincia, con el Decreto 4531 firmado por el Gobernador, Carlos Verna, donde transforma el Programa en Plan. “El Plan cuenta con un nuevo decreto que lo reglamenta y contempla la implementación de 11 programas, donde los 80 municipio cuentan con la ejecución de la mayoría de estos”, explicó.

Se lanzó el PRO-VIDA y los Juegos Deportivos de Verano 2018 en La Adela pic.twitter.com/PsSq1VVM9u

— RiocoloradoInforma (@rinforma) December 20, 2017

Además, destacó el incremento de un 15 % de recursos financieros asignados presupuestariamente para el 2018. “Para este año habrá un incremento, lo que significa que vamos a invertir más de 15 millones de pesos para todas las líneas que contempla el Plan ProVida”, dijo.

El ProVida volverá a contar con el refuerzo nutricional Plan Nutrir, que se implementó a partir del verano pasado. “Volvemos a repetir ese aporte, que desde los municipios valoraron a la hora de contar con una ayuda que les garantizara acceso a un aporte nutricional para los chicos después de una actividad física”.