El juicio se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas durante el mes pasado y contó con la participación del fiscal Francisco Trucco, el defensor Santiago Vázquez y el defensor oficial Mauro Fernández, quien representó a la querellante particular.

Gianinetto consideró probado que, la noche del 22 de enero de 2023, el acusado fue a la casa de su expareja, madre de su hija, tras una conversación telefónica previa. La jueza determinó que su accionar no fue un impulso momentáneo, sino un plan premeditado con la intención de asesinar a su expareja.

Al llegar al domicilio de la víctima, el hombre la confrontó por estar con otro hombre y comenzó a persuadirla para que ingresara a la vivienda. Una vez dentro, aprovechó que la hija se encontraba en el baño para llevar a la mujer a la habitación, donde intentó estrangularla hasta dejarla inconsciente, continuando luego con las agresiones. Tras recuperar la consciencia, la mujer logró escapar por una ventana y pedir ayuda a un vecino, alertada por los gritos de su hija.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía solicitó una condena de 12 años de prisión bajo la calificación de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido contra la persona con la que el acusado mantenía una relación de pareja, con o sin convivencia. La querella coincidió en la calificación, pero pidió una pena de 13 años de prisión. Por su parte, la defensa solicitó la absolución del imputado, invocando el beneficio de la duda.

La jueza Gianinetto coincidió con la acusación en que «el único atenuante es que el acusado es una persona trabajadora». Sin embargo, valoró como agravantes la existencia de una condena anterior, impuesta por el mismo Tribunal en agosto de 2022, que le había fijado nueve meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves agravadas contra la misma víctima. En el momento del hecho, el acusado aún estaba sujeto a restricciones de acercamiento y comunicación con la víctima, las cuales desobedeció.

Asimismo, la magistrada consideró como agravante el contexto violento del ataque, llevado a cabo en presencia de la hija menor de ambos, así como el daño físico y psicológico causado a la víctima, incluidas las secuelas permanentes en su voz y las repercusiones emocionales en la niña. Gianinetto también subrayó la conducta posterior del acusado, quien huyó del lugar para eludir su responsabilidad y envió un mensaje simbólico y perverso a través de su hija, al mandarle un anillo a la madre.

El trágico hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2022 en el barrio Esperanza, cuando la pequeña víctima fue atacada por el perro de raza pitbull, propiedad de Fabián Rafael Ledesma. A pesar de los intentos del dueño por detener el ataque, la niña lamentablemente falleció.

La investigación posterior reveló que el pitbull ya había protagonizado al menos tres ataques previos, sin haber sido denunciados. La fiscal Daniela Di Tomaso, a cargo del caso, recabó testimonios de vecinos que alertaban sobre la peligrosidad del animal, especialmente hacia los niños.

El juez de Garantías Gabriel Aldaz homologó el acuerdo alcanzado por la fiscal Di Tomaso y el defensor oficial Facundo Sotelo, quienes determinaron que Ledesma actuó con dolo eventual, es decir, previó la posibilidad de un ataque mortal dada la agresividad del perro.

Con el consentimiento de los padres de la víctima, Ledesma fue inmediatamente trasladado a la unidad penal local, quedando a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Cautelares.

Este caso pone de relieve la importancia de la tenencia responsable de mascotas, especialmente de aquellas razas consideradas potencialmente peligrosas. La correcta socialización, adiestramiento y control de estos animales son fundamentales para prevenir tragedias como la que enlutó a la familia de la pequeña víctima.

Los hechos se remontan a la noche del 9 de enero, cuando Jorge Gatica se encontraba en una camioneta S10 junto a Martín Urrutia. La víctima decidió detenerse en una despensa para comprar chorizos y carne, pero al salir corriendo sin pagar, fue perseguido por los dueños del comercio. Fue en ese momento cuando una menor de edad que pasaba por la comisaría local alertó a la policía sobre la situación.

Cuatro oficiales, identificados como el sargento Vilmar Alcides Quintrel, el cabo primero Jorge Luciano Sosa, la sargento primera Andrea Carmen Henríquez y el cabo primero Walter Denis Carrizo, llegaron al lugar y redujeron a Gatica con una toma por el cuello. Lo detuvieron y lo trasladaron a la comisaría bajo la sospecha de haber cometido un hurto menor.

Una médica de guardia examinó a Gatica al llegar a la comisaría y certificó que tenía traumatismos faciales y escoriaciones, aparentemente sufridos durante su detención, pero consideró que no necesitaba atención adicional. Sin embargo, lo que sucedió a partir de ese momento es verdaderamente escalofriante.

Los policías mantuvieron a Gatica bajo su control durante aproximadamente dos horas y media, tiempo durante el cual, según la investigación, lo golpearon brutalmente. La autopsia reveló que sufrió más de cincuenta lesiones en todo su cuerpo, producto de golpes, patadas y el uso de objetos contundentes. Estas lesiones, indudablemente, contribuyeron a su trágica muerte.

En el procedimiento abreviado, el oficial ayudante Gastón Alexis Moraga, quien se encontraba de servicio la noche de los hechos, admitió su culpa por no haber evitado que sus compañeros torturaran a Gatica y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Moraga, visiblemente afectado, pidió perdón a la familia de la víctima y reconoció que, como oficial de la Policía provincial, tenía la responsabilidad de proteger la integridad de quienes estaban bajo custodia.

El abogado Rubén Antiguala, representante de la familia de la víctima, destacó la importancia de esta condena, enfatizando que el hecho ocurrió en una institución pública y a manos de agentes policiales cuya principal responsabilidad era salvaguardar la vida y la integridad de Jorge Gatica.

El acuerdo alcanzado en el juicio abreviado incluye una pena de tres años de prisión en suspenso para Moraga, la solicitud de su renuncia a la fuerza provincial, la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones policiales y la prohibición de acercarse a los familiares de la víctima. El juez encargado de la audiencia anticipó que homologaría el acuerdo, y la sentencia se dará a conocer en los próximos días.

Este trágico caso arroja luz sobre la necesidad urgente de reformar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y garantizar la rendición de cuentas en el sistema de justicia. La sociedad exige respuestas y acciones concretas para prevenir futuros abusos de poder y asegurar que tragedias como la de Jorge Gatica no vuelvan a ocurrir.

Tras incumplir la medida, la fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, solicitó la revocación de la condena condicional que había sido dictada contra el hombre.

El acusado incumplió las reglas de conducta impuestas en un juicio abreviado por el juez Pablo Farah, de la Sala 3 del Tribunal del Juicio.

Según informaron fuentes judiciales, el hombre había recuperado su libertad dos días antes, tras la celebración de un juicio abreviado por violencia en la que se lo había condenado a dos años y siete meses de prisión de ejecución condicional y reglas, entre las que se encontraba la prohibición de acercamiento a la víctima.

Poco le importó al acusado, que ingresó sin autorización en la casa de su ex pareja y se dio aviso al Sistema de Emergencias 911. Finalmente lo detuvieron.

«Lo primero que hice después de que me liberaron fue ir a la casa de mi mamá. Fue una fiesta. Porque después de 13 años y medio se terminó la pesadilla. Pude conocer a mi nieta de 2 años que es hermosa», exclamó a Télam el hombre de 42 años absuelto.

Según el fallo, al que tuvo acceso esta agencia, los jueces indicaron que «no es posible asegurar, con el grado de certeza que esta instancia requiere, que el aquí encausado haya participado del homicidio», ya que la investigación se basó en torno a rumores y especulaciones que «no encontraron correlato en prueba o indicio alguno».

De esta forma, los magistrados decidieron revocar la sentencia del tribunal oral, a la vez que consideraron que no se efectuó un señalamiento contundente respecto del inculpado, sino que las testigos del hecho se limitaron a mencionar que poseía «similares características a uno de los sospechosos» y que sus testimonios se «vieron contaminados a lo largo del proceso».

El hecho por el cual Muñoz fue detenido tuvo lugar el 14 de junio de 2008, cuando cuatro hombres asaltaron con armas de fuego el autoservicio «La Perlita», ubicado en la localidad bonaerense de Moreno, y posteriormente asesinaron a balazos al dueño del local, Juan Carlos Miranda, quien se había resistido al robo.

Días posteriores al crimen, testigos de identidad reservada -a los que se llegó en virtud de «tareas de inteligencia» no aclaradas- indicaron que Muñoz había sido partícipe del robo, por lo que fue convocado a una rueda de reconocimiento en la que no contó con asistencia letrada.

Allí, una de las testigos, que inicialmente no recordaba a ninguno de los asaltantes, señaló que Muñoz «era parecido» a uno de los delincuentes que había participado del robo.

Meses después, otra de las testigos -que anteriormente no lo había identificado- señaló a Muñoz en una segunda rueda de reconocimiento, pero le sindicó un rol distinto en el asalto.

De esa forma, Muñoz quedó detenido el 4 de septiembre de 2008. Dos años después, sin ninguna otra prueba contundente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial Mercedes lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de «robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio ‘criminis causae'».

«Sufrí mucha angustia. Fue una locura. Era pensar todos los días lo mismo, caminaba por arriba de las paredes. Me mantuvo en pie la certeza de mi inocencia y seguir viendo a mi familia», relató Martín, al recordar el momento en el que fue sentenciado a 50 años de prisión.

Hasta lograr su absolución, Muñoz libró una batalla legal durante varios años, donde contó con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos Innocence Proyect y Asociación Pensamiento Penal (APP), las cuales se presentaron ante las autoridades judiciales bajo la figura de «amigos del tribunal» (Amicus Curiae).

«Si no me daban la absolución en Casación, no tenía más fuerzas. No daba más. Me salvó la campana. Sinceramente ya estaba muy cansado. Por suerte, en todo momento estas organizaciones estuvieron en contacto conmigo y me acompañaron», indicó Muñoz, en diálogo con Télam.

Por su parte, la APP comenzó a involucrarse en el caso en el año 2015, cuando Muñoz tomó contacto con el fallecido exjuez Mario Juliano, uno de los referentes de la organización.

Indiana Guereño, actual presidenta de dicha organización, afirmó a Télam que «el caso está plagado de negligencias investigativas que se ratificaron en el juicio».

«Lo que notamos en esta causa fueron malas prácticas de la justicia. Lo vemos claramente en el caso del tribunal, que en lugar de que se revean esas deficiencias en la investigación, las ratificó. Eso terminó derivando en una sentencia arbitraria», argumentó Guereño, y añadió: «Hay muchísimos Martín Muñoz en todo el país. No es un caso aislado».

Sin embargo, la presidenta de APP expresó que la absolución de Muñoz sí fue un caso llamativo: «Estas absoluciones en este tipo de casos no se dan frecuentemente. Llevan detrás muchísimo trabajo y se logran únicamente porque intermedian organizaciones sociales».

A su vez, el presidente de Innocence Proyect, el abogado Manuel Garrido, explicó a Télam que este caso fue «paradigmático para las causas armadas», debido a la gran implicancia que otorgó el tribunal a las ruedas de reconocimiento para finalmente condenar a Muñoz.

Luego de todas las circunstancias que atravesó, Muñoz aseguró que «no guarda ningún tipo de rencor contra nadie» y consideró que su situación social «influyó en la condena recibida».

«Con el tiempo comprendí cómo funciona el sistema. Ya está. Tuve la desgracia de atravesarlo. Yo tenía antecedentes penales y era pobre. Obviamente que eso influyó para que me condenaran. Nosotros somos carne de cañón y quedamos expuestos a que nos pasen estas cosas», reflexionó el hombre, que se recibió de abogado en la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos.

Por su parte, Muñoz planea continuar viviendo en Moreno, como lo hizo durante toda su vida hasta que fue detenido y contó que «lo único» que quiere es «trabajar y estar junto a su familia».

«Por suerte recibí el acompañamiento de un montón de personas que me ayudaron a recuperarme. Hoy quiero vivir, me quiero matricular como abogado, quiero trabajar, estar con mi familia. Y bueno, lo que pasó, pasó. Borrón y cuenta nueva», concluyó.

Para definir el monto de la pena el Tribunal evaluó como agravantes la “mala impresión que nos causó su persona en el juicio, en su integridad”; su “poco apego a un buen comportamiento y conducta” durante el proceso; el daño psíquico causado a la víctima, acreditado por el equipo técnico de la Oficina de Atención a la Víctima, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ataque: de noche, arrinconando a la mujer en el garaje de su casa, sin darle posibilidad de escape, cometiendo una “agresión artera” con una tijera sobre el cuerpo de la joven.

A favor del imputado el Tribunal valoró su falta de antecedentes penales y que era una “persona de trabajo” al momento del hecho.

Además de la pena de prisión, el Tribunal condenó a Quiroz con las accesorias legales y las costas del proceso. Dispuso la prohibición de contacto con la víctima e hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía para que se le imponga un tratamiento psicológico y psiquiátrico que aborde los problemas de violencia de género y adicciones que presenta el imputado. Ese tratamiento, según definieron los jueces, deberá ser instrumentado a través del Ministerio Público en la etapa de ejecución de la sentencia.

El intento de femicidio ocurrió en la casa del imputado, en el barrio Don Carlos de Roca, la noche del 3 de enero de 2019. La víctima, quien era pareja de Quiroz, resultó gravemente herida por un puntazo que le asestó el hombre con una tijera.

En un primer juicio Quiroz fue condenado como autor de los delitos de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género y por la relación de pareja. Pero a instancias del recurso que interpuso la parte acusadora, el Tribunal de Impugnación resolvió que el hombre efectivamente tuvo la intención de matar -no sólo de lesionar- a la mujer, sin haber podido lograrlo por razones ajenas a su voluntad. Así, el TI lo declaró culpable de tentativa de femicidio y bajo esa nueva calificación legal se realizó en Roca este nuevo juicio.

Mientras que la defensora oficial Josefina Santos dejó hecha la reserva de impugnación, “toda vez que la teoría del caso que viene trabajando esta defensa es la inocencia de mi asistido. Pero de manera obligada debo hacer mención a la pena que estimo debería imponérsele a este señor según la calificación legal por la que fue declarado culpable”.

“Debemos que tener presente que el sujeto no cuenta con antecedentes penales, la extensión del daño no pudo ser corroborado en esta audiencia. La pena solicitada por la fiscalía es excesiva y desproporcionada, por ello nosotros pedimos 8 años”, concluyó Santos.

El veredicto de la audiencia de cesura a cargo del Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizón y Maximiliano Camarda será el próximo jueves 4 de diciembre a las 12:00.

Cabe recordar que según la acusación fiscal los hechos sucedieron “el día domingo 17 de junio de 2018 en la casa familiar, donde residía el hombre junto a la madre de la menor víctima y otros niños. En un momento en que la mujer se ausentó de la vivienda, el imputado aprovechó la situación y cometió los abusos”.

Entre los candidatos también figuran el ex agente de inteligencia Horacio Martínez Ruiz, represor del centro clandestino Automotores Orletti, y el apropiador, ex carapintada y golpeador de mujeres Víctor Gallo. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tomó distancia del posible beneficio al represor más emblemático del terrorismo de Estado. La decisión acerca de si Astiz puede irse a su casa con una pulsera electrónica está en manos de los jueces. Pero más allá de si esto se concreta o no, los organismos de derechos humanos tomaron la noticia, conocida a menos de una semana del Día de la Memoria, como una provocación.

El 31 de enero la dirección nacional del SPF envió a la justicia un listado de 1111 internos a quienes sugirió que se les permita acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado. La nómina incluía a 96 represores procesados o condenados por secuestros, torturas y asesinatos como Jorge “El Tigre” Acosta, Julio Simón (“Turco Julián”) o el ex capellán Cristian Von Wernich. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y otros organismos repudiaron entonces el intento de beneficiar a los genocidas con el pretexto de la superpoblación carcelaria y denunciaron que esa situación excepcional de colapso del SPF obedece a una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, por su parte, difundió un informe según el cual no cuenta con elementos para identificar los criterios de selección del SPF.

La última actualización de esa lista es del 8 de marzo y eleva a 1436 el número de “internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión”. Astiz, de 67 años y con cáncer de próstata, figura en la categoría “internos con enfermedades”. “Cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”, es la definición de la categoría en el informe del SPF de la que ahora pueden valerse sus defensores para pelear por su excarcelación. La semana pasada, de todas formas, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el beneficio de arresto domiciliario al que había accedido Miguel Etchecolatz porque consideraron que sus problemas de salud podían ser atendidos sin problema en establecimientos penitenciarios.

El Angel Rubio, icono de la cobardía tras infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo y rendirse sin pelear en la guerra de Malvinas, acumula tres condenas a prisión perpetua: en 2008, en ausencia, lo condenó la Corte de Apelaciones de Roma por casos de ciudadanos italianos vistos por última vez en la ESMA; en 2011 y 2017 hizo lo propio el Tribunal Oral Federal 5. Según el SPF, estaría en condiciones de acceder a la libertad vigilada en 2023 y a la libertad total en 2028.

Otros 16 represores figuran en la lista de “internos con enfermedades oncológicas”. Allí aparece Víctor Gallo, que antes de ser condenado por la apropiación de Francisco Madariaga (nacido durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo) estuvo preso por estafas financieras y por la masacre de Benavides. Jefe de una agencia de seguridad hasta el día de su detención, Gallo llegó a apuntarle con un revólver en la cabeza al joven a quien anotó como hijo propio después de golpear su mujer, que lo definió como un psicópata. Otros supuestos enfermos a quienes el SPF propone no tratar en hospitales penitenciarios sino otorgar la libertad condicional o el arresto domiciliario son “El Pájaro” Martínez Ruiz, condenado por crímenes en Orletti, Claudio Vallejos (ex GT 3.3 de la ESMA), Juan Carlos Jones Tamayo (imputado por “La Noche del Apagón”, detenido luego de tres años prófugo), Bernardo Cabezón (ex guardia de La Escuelita de Bahía Blanca) y Hugo Guallama, ex chofer de Miguel Etchecolatz.

“Ante las versiones periodísticas sobre la posibilidad de que se le otorgue prisión domiciliaria a Alfredo Astiz, expresamos una vez más nuestra posición institucional de oposición y rechazo”, se desmarcó Avruj vía Twitter. “Comprendemos que en todos los casos se trata de decisiones que son de exclusiva responsabilidad de la justicia. Pero apelamos a la racionalidad en el manejo de este beneficio, ya que la misma justicia, la historia y la sociedad ya le han dado a Astiz el lugar que se merece”, concluyó.

Más allá de la “recomendación” del Servicio Penitenciario, la mención de Astiz en esa lista fue interpretada como una provocación por los organismos de derechos humanos. “El Gobierno en la semana del 24 recomienda el arresto domicilio de Astiz. Es una provocación explicita”, aseguró el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla. “¿Por qué el Gobierno busca de forma permanente que los genocidas estén sueltos o en sus casas?”, preguntaron desde Hijos Capital. “Reducen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, despiden a trabajadores y trabajadoras de esas áreas, buscan impunidad para los genocidas. Es sistemático: son la continuidad del plan económico de Martínez de Hoz, con los mismos socios”, advirtió la agrupación. “Ha sido feroz, no se arrepiente, es un personaje siniestro y emblemático. Si sale de la cárcel sería un peligro”, dijo Estela Carlotto, titular de Abuelas. (P.12)