La posible imputación contra el efectivo es por el presunto delito de «distribución de representaciones sexuales de menores de 18 años, doblemente agravada por la edad de las víctimas y la condición de funcionario público del sospechoso», según voceros judiciales.

La causa se inició la semana pasada a raíz de un informe enviado por la Unidad Fiscal Especializada de Delito y Contravención Informática, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que detectó la supuesta actividad ilegal por tráfico de pornografía infantil que provenían de un domicilio en San Juan.

Las actuaciones fueron giradas a la UFI del Centro ANIVI y los investigadores sanjuaninos localizaron esa vivienda e identificaron a su propietario. Al allanar esa casa se sorprendieron, ya que esa persona era el oficial principal Carrizo, jefe de calle de la brigada de la Policía Federal de San Juan.

El fiscal Mallea cuenta con indicios de los primeros informes que comprometerían al policía o dan cuenta que la actividad del tráfico de material prohibido supuestamente salió de una de sus computadoras o teléfonos celulares, según informó el diario Tiempo de San Juan.

Ese fundamento presentó el trabajador judicial para pedir al juez de garantías Federico Rodríguez la detención del policía federal y el allanamiento en su domicilio para el secuestro de elementos informáticos.

La orden de captura se libró el fin de semana, al tiempo que el uniformado se presentó el domingo de manera voluntaria en la fiscalía y se entregó. Efectivos de la Policía sanjuanina con personal de la UFI del Centro ANIVI realizaron el procedimiento en la casa de Carrizo en la zona de Pie de Palo en Caucete, donde secuestraron computadoras, teléfonos celulares y soportes informáticos para su análisis.

Actualmente el policía se encuentra detenido en una sede de la fuerza de esa provincia y la audiencia de formalización se realizará en las próximas horas con la presencia del fiscal Mallea y el juez Rodríguez.

La investigación realizada por la PFA surgió tras una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los Estados Unidos, «en la que se informaba que un usuario de Google, localizado en Argentina, habría distribuido más de 20.000 archivos con contenido de abusos sexuales a niños y niñas, en su mayoría de entre 4 y 10 años», según un comunicado de la PFA,

Desde esa ubicación, según se pudo constatar, se exportaba el material pornográfico que se distribuía, entre otros países, en Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Ucrania y Rusia.

La Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil de San Isidro, a cargo del Dr. Gonzalo Acosta, «ordenó al personal de la fuerza allanar la vivienda, donde fue detenida la persona y fueron secuestradas una notebook, una CPU, seis teléfonos celulares y demás documentación de importancia para la causa».

El sospechoso, de 47 años, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por «Distribución de Material Pornográfico Infantil Agravado», agrega la información oficial.

La investigación realizada forma parte de las acciones de profesionalización de las fuerzas de seguridad federales en materia de delitos complejos y su ramificación transnacional.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, «ha planteado a las fuerzas federales la necesidad de su modernización, actualización y capacitación permanente en materia de esta tipología de delitos complejos que han adquirido dimensiones globales y que forman parte de la agenda internacional contra los delitos informáticos y su imbricación con los delitos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y de pornografía infantil».

El comunicado de la PFA agrega que «una vez inspeccionados los más de 20.000 archivos en la Base de Datos de Explotación Sexual Infantil -ICSE- de Interpol, administrada por la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia, y que tiene como objetivo la identificación de víctimas y la detención de sus victimarios, se logró determinar que más de 70 de esos archivos habían sido denunciados por las Unidades Policiales Especializadas en delitos contra Menores de República Checa, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Ucrania, Costa Rica, Hungría, Rusia y Canadá».

Allí se pudieron identificar 23 víctimas y 22 agresores, lo que dio lugar al inicio de nuevas investigaciones en dichos países, concluye el comunicado.

Cabe recordar que este caso se inició con una denuncia realizada a partir de una investigación por pornografía infantil, que desencadenó en dos allanamientos y la detención del acusado. Dichas medidas, encabezadas por la fiscalías descentralizadas de Choele y Río Colorado arrojaron contundente prueba como resultado.

En su momento, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires contactó al referente de la Procuración General de Río Negro transmitiendo un informe del “National Center for missing and exploited children” en el que se constataba un caso de presunta pornografía infantil. El hecho había sido calificado por el organismo internacional como de prioridad máxima, ya que los protagonistas de las fotografías detectadas se correspondían con el titular de la cuenta y la víctima aparecía junto a él en fotos familiares.

A partir de allí se dio inicio a la investigación a cargo de los representantes del Ministerio Público Fiscal que en pocas horas pudieron corroborar la identidad del hombre y los domicilios cuyos espacios podrían ser los que aparecían en las fotografías, requiriendo al Juez de turno los mencionados allanamientos. En uno de ellos se encontró al hombre implicado, procediendo a su demora y posterior detención, ya que el lugar y las características físicas se correspondían con las imágenes.

En tanto que en la audiencia de ayer, el fiscal del caso Daniel Zornitta con el adjunto de Río Colorado Germán Balditarra expusieron al Tribunal integrado por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Fernando Sánchez Freytes, a través del sistema de video-conferencia, los hechos que se le imputaron al hombre. “Ocurrieron en la ciudad de Río Colorado, entre marzo de 2016 y junio de 2017, aprovechando que se quedaba solo con la menor, hija de su concubina, perpetuó el delito”.

Las pruebas que sustentan la acusación fiscal se basa en el acta de los allanamientos practicados en la vivienda del hombre, acta de la denuncia penal, testimonio de cuatro personas, fotografías, prendas secuestradas, el informe recibido de “National Center for missing and exploited children”, así como el informe del Gabinete de Criminalística.

La defensora oficial Francisca Santos no se opuso a los hechos, ni a la calificación legal, tampoco a la prueba presentada por la fiscalía.

Fue entonces que el Tribunal homologó el acuerdo y condenó al hombre, que se encuentra detenido en prisión preventiva desde junio pasado, a 10 años de prisión efectiva.