Otros prófugos incluyen a Nahuel Jorge Alet, de 33 años; Gastón Kevin Villalba, de 30; y Axel Romero, de 21, todos acusados de robo. Ignacio Ramírez Zavala, de 28, estaba preso por hurto agravado, mientras que Gabriel Jorga Salina, de 24, cumplía condena por el mismo delito. Entre los evadidos también están Sergio Maximiliano Cordero y Alejandro Uribe Pavez, ambos encarcelados por robo, y Nicolás Rodrigo Molina Meléndez junto a Cristofer Jonathan Vilchez Espinoza, detenidos por encubrimiento agravado.

La lista también incluye a Leonardo Brian Maidana, de 25 años, acusado de lesiones; Daniel Alfredo Yoborny Serra, imputado por tentativa de robo a mano armada; y otros detenidos como Gastón Alan Riquelmes, Jonatan Brian Valdebenito y Esteban Agustín Franco, todos por robo.

El plan de fuga se ejecutó en tandas, según indicaron testigos, y los efectivos policiales tardaron 40 minutos en comenzar la persecución. Los evadidos cruzaron la avenida Juan B. Justo y continuaron por la calle Gana, llegando a un puente peatonal que conecta con la avenida General Paz. Este hecho marca la decimoquinta fuga en la Ciudad de Buenos Aires en lo que va del año.

Las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero de los prófugos y se ha intensificado la vigilancia en las zonas cercanas a Liniers. Sin embargo, la falta de una respuesta rápida por parte de las fuerzas de seguridad genera cuestionamientos sobre los procedimientos. La Policía de la Ciudad ha solicitado la colaboración de la comunidad para aportar información que pueda conducir a la recaptura de los fugados.

El Ministerio Público Fiscal logró acreditar que la organización explotó económicamente a al menos 19 víctimas entre febrero de 2015 y el 10 de marzo de 2017 en la zona de la Ruta Provincial N°4, Camino de Cintura, entre la rotonda de Llavallol y la calle Seguí de esa misma localidad.

La Fiscalía señaló, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que la organización se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de mujeres cis (personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo) y trans, a raíz de su necesidad económica apremiante.

Los efectivos de la Comisaría 4ta de Lomas de Zamora y los civiles cobraban a las víctimas diariamente una suma a cambio de realizar el ejercicio de la prostitución en el lugar, concurrieran o no, y de localizarlas en los sitios que les eran indicados. Las sumas abonadas por víctima por día oscilaron entre 250 y 400 pesos y llegaron hasta 500 pesos.

Los jefes de la seccional en distintos períodos Héctor Mario Coquean, Félix Nicolás Breglia y Javier Alejandro Caffarena y la jefa y el jefe de Gabinete de estos últimos, Claudia Yamila Ferrando y César Ricardo Pérez, respectivamente, fueron condenados como coautores del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial.

Coquean recibió nueve años de prisión; Breglia y Ferrando, ocho; y Caffarena y Pérez, cinco. Todos además recibieron una pena de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por diez años y a la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia.

«Se trató de una organización delictiva compuesta por funcionarios policiales, con intervención de civiles, que, aprovechando esa función montaron un sistema de explotación sexual de mujeres cis y mujeres trans, que logró su propósito», había remarcado el Ministerio Público Fiscal en su acusación.

Y agregó: «Al respecto, si bien no se sostiene la acusación por el delito de trata, tal como ha sostenido la Fiscalía de instrucción, no podemos dejar de señalar que la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, habitualmente, es directamente funcional a la trata de personas».

Los otros policías condenados fueron Jorge Abel Virreira y Patricio Miguel Kearney, a ocho y seis años de prisión, respectivamente, y a una pena de inhabilitación de diez años para el ejercicio de cargos públicos.

Virreira fue encontrado responsable del mismo delito agravado por el que recibieron pena sus superiores y también fue condenado a realizar un curso de capacitación y sensibilización en género, mientras que el séptimo efectivo acusado, Kearney, fue condenado solo por el delito de tenencia simple de armas de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización.

La Fiscalía General informó que en otro tramo de la causa todavía no elevado a juicio, a Kearney se le imputa también el delito de trata de personas.

En tanto, los civiles condenados a penas de prisión fueron Mauro Hernán Santoro, Sebastián Alejandro Pérez y Manuel Antonio Marín Trujillo, quienes recibieron penas de ocho, siete y seis años de prisión, respectivamente, y Javier Omar Santoro, José Mario Ponce, Damián Ariel Romero y Carlos Eliseo Amaya, a quienes el tribunal impuso tres años de prisión en suspenso.

De acuerdo con la sentencia, todos ellos también tienen la obligación de realizar un curso de capacitación y sensibilización en género y violencia, y en el caso de Pérez, el tribunal unificó una condena recibida con anterioridad por otro delito y lo impuso la pena única de nueve años de prisión.

El debate oral había comenzado el 10 de septiembre de 2021, y además el tribunal dispuso el decomiso del dinero en efectivo y de divisas secuestrados oportunamente a los ahora condenados, como también de los teléfonos celulares que utilizaban, de una veintena de armas de diferente calibre y potencia halladas en poder de algunos integrantes de la organización, y de vehículos automotores.

En función del pedido del fiscal Schapiro, estos bienes fueron puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su venta y el dinero, tanto el secuestrado como el producto de la venta, remitido al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, destinado a la reparación de las víctimas.

Ante la negativa del joven, dos de los uniformados se pararon frente al auto y reiteraron la orden para que bajara. Una de las acompañantes filmó la secuencia desde adentro y en las imágenes se puede oír que se quejan de la intención policial de hacerlos descender.

«¿Qué onda? ¿Qué delito! Si no estamos haciendo nada malo», se escucha la queja de una de las jóvenes que iban en el auto.

En un momento, el conductor, de 20 años, decide arrancar el vehículo y los policías se aferran al capot: «íFrená! íFrená, hijo de puta!», gritó uno de los uniformados, que terminó lesionado en una de sus piernas cuando el auto realizó una brusca frenada.

Ante la situación el efectivo policial comenzó a golpear el parabrisas, hasta astillarlo. A pocos metros un patrullero interceptó al vehículo y los uniformados procedieron a bajar a empujones y puñetazos al joven. Las imágenes se viralizaron rápidamente con tomas desde diferentes ángulos, donde puede observarse toda la escena.

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El Tribunal Oral, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido, está a cargo del debate en el marco de la denominada «Megacausa Zona V» que abarcó el sur bonaerense, Neuquén, Río Negro y la región patagónica.

El debate comenzará a las 9 y por decisión del Tribunal se llevará a cabo en la sala de audiencia ubicada en la sede de Chiclana y Lavalle, y no como sucedió en otros debates del aula Magna de la Universidad Nacional del Sur.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que «teniendo en consideración la cuestión sanitaria producto de la pandemia aún vigente, la cantidad de partes de este proceso como testigos que tienen que declarar, la modalidad de debate que se impone necesariamente es el «virtual», o «telemático», por videoconferencia a través de la plataforma digital Zoom».

«Las audiencias se desarrollarán los días jueves entre las 9 y las 15 horas con la posibilidad de agregar una fecha complementaria en otro día de la semana en la medida de lo posible y teniendo en consideración la disponibilidad de la agenda de los Jueces de este Tribunal y del Juez subrogante», señaló el Tribunal durante una resolución del pasado 10 de febrero.

Además, los magistrados indicaron que «sin perjuicio de la modalidad fijada se hace saber a las partes que se evaluará la presencialidad en la sala de Audiencias de dicho Tribunal para diligencias determinadas siempre que las circunstancias del caso así lo ameriten y sean debidamente justificadas».

También se indicó que estará habilitado el acceso de personas interesadas en oír el debate directamente en sede del Tribunal, donde se sumará a la Sala de Audiencias un sistema de proyección en directo de la audiencia en el Hall, con pantalla y sillas.

«De la misma forma, en atención al interés público que suscita un juicio de esta magnitud, se realizará una proyección simultánea de la audiencia también en el Aula Magna del edificio de la Universidad Nacional del Sur ubicado en Avenida Colón 80», agregaron las fuentes.

Se trata del octavo juicio consecutivo por delitos de lesa humanidad que se realizará en la ciudad, desde sus inicios en el año 2011.

Entre los detenidos está el jefe de la comisaría de la localidad de Amado Bonpland, dijo a Télam el subjefe de Policía de la provincia, Eduardo Acevedo, quien agregó que los cuatro efectivos «están con arresto preventivo, siendo investigados y con sumario administrativo interno».

El funcionario policial detalló que el episodio ocurrió el domingo en esa localidad situada a 385 kilómetros al sureste de la capital provincial, cuando un productor de la zona denunció en la Policía Rural y de Islas que, tras escuchar disparos, advirtió que hombres de civil se llevaban el animal en una camioneta de la fuerza provincial.

«Luego de la denuncia, los agentes acudieron a la comisaría, donde se encontraron con el escenario», precisó Acevedo, al referir que la oveja estaba a punto de ser asada.

Sobre el hecho, Acevedo expresó a Télam: «Nos causa mucha indignación, trabajamos denodadamente por cuidar nuestro prestigio (…) Este accionar tira por tierra el trabajo comprometido de la Policía de Corrientes».

En similar sentido se manifestó el jefe de la fuerza correntina, comisario general Félix Barboza, al expresar en diálogo con Radio Dos que «seremos inflexibles con los policías involucrados”.

Personal de la empresa AUBASA detectó al vehículo que iba zigzagueando por la ruta, lo siguió y llamó al 911 para detener a los hombres. Ambos se quedaron dormidos a bordo del Peugeot 106.

Tras el aviso, el personal de Policía Vial descubrió que eran dos efectivos de la Policía bonaerense asignados al Operativo Sol que se dirigían a prestar servicio a la Comisaría 6ta de La Costa, en Las Toninas.

El test de alcoholemia complicó aún más la situación de los sujetos. El conductor tenía 1.82 gramos de alcohol en sangre, mientras que el acompañante tenía 1.37.

Los dos efectivos, identificados como LG y FIA, fueron desafectados del servicio. También se le retuvo el registro al conductor y se le secuestró el vehículo.

La causa quedó a cargo del Juzgado Provincial de Faltas de la ciudad de Dolores.

Los nuevos efectivos procesados son los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña. A todos ellos se les imputa como coautores los delitos de «falsedad ideológica y encubrimiento agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones». Los seis ya estaban detenidos y ahora el juez dejó firme la prisión preventiva. Además, añadió la acusación de «falso testimonio agravado» para Inca, Cuevas, Fariña y Miño, que declararon ante la Policía Federal luego del crimen y sostuvieron la versión del «enfrentamiento». Según Del Viso, los seis agentes ayudaron a la brigada de Isassi, López y Nieva «a evitar que se les siga una investigación en su contra, con claro conocimiento y voluntad de hacerlo».

En su resolución de 150 páginas, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 coincidió en lo sustancial con el pedido de procesamiento que había presentado el fiscal tras escuchar la ampliación de las indagatorias del lunes. Como informó este diario, una de las pruebas principales radica en las modulaciones posteriores al crimen en la mañana del 17 de noviembre, que constan en la causa por un informe de la División de Transcripciones e Informes Judiciales. Entre otras cosas, de allí se desprende que entre la primera intervención de los agentes ahora procesados, que data de las 9.42, y la notificación de los hechos al Juzgado de Menores transcurrió una hora y media.

En el medio, hay transcripciones que confirman varios puntos claves. A las 9.50, minutos después de la balacera policial, los agentes acusados del encubrimiento notificaron las detenciones desde Alvarado y Perdriel, donde habían interceptado al Suran de los chicos. Isassi, López y Nieva se quedaron en Vélez Sarsfield e Iriarte, donde balearon a Lucas. Seis minutos más tarde, los nuevos procesados plantaron la primera versión oficial de los hechos: «el Suran realiza maniobras imprudentes, la brigada inicia maniobra para detener, el acompañante exhibe un arma de fuego», informaron, y agregaron que entonces se inició «un enfrentamiento».

A las 10, los agentes ya sabían que Julian, el chico que manejaba el auto y que ya estaba esposado en Alvarado y Perdriel, tenía cédula azul y que el vehículo no era robado. A las 11.14 se notifica que en el lugar no se encontró ningún arma de fuego. La réplica plantada en el Suran aparecería recién por la tarde. Con todo esto, el juez aseguró que las pruebas recabadas hasta el momento por la Fiscalía dan por cierto que «los acusados alteraron la escena en la cual se detuvo a las víctimas, en tanto se secuestrara del interior del vehículo en que viajaban una réplica de un arma de fuego a fin de incriminarlos en algo que no hicieron».

Recién a las 11.23 los agentes dan intervención al Juzgado de Menores. Es en ese lapso que se habría planificado y efectuado la trama de encubrimiento en Alvarado y Perdriel, con dos cuadras cerradas al paso. «Hubo una demora sustancial en el llamado al solo efecto de urdir una trama para fraguar la escena y colocar de ese modo en victimarios a quienes habían sido damnificados de una brigada que abrió fuego indiscriminadamente contra cuatro adolescentes de solo 17 años de edad», escribió Del Viso.

En ese tiempo también Julián y Joaquín fueron esposados, mientras que Niven, el otro chico que viajaba en el Suran, logró escapar y después se presentó en la Comisaría de forma espontánea. En la causa constan los testimonios de los chicos –los dos menores de edad– que describen la violencia con que los policías los esposaron contra el piso. A uno de ellos incluso le rompieron la remera. Hay testigos que confirman lo irregular del procedimiento de detención de los menores.

«Hay que pegarles un tiro en la cabeza a estos villeros» o «¿dónde tenés la falopa?», son algunas de las frases que debieron soportar. Julián y Joaquín estuvieron dos horas esposados en la calle, ocho horas más en un patrullero y finalmente pasaron la noche en el Instituto Inchausti. Además, en las declariaciones, no solo de los chicos sino de varios de los agentes, queda claro que desde el primer momento Julián y Joaquín dijeron a los agentes que creían que habían sido asaltados. La oficial Miño reconoce, por ejemplo, que lo primero que dijeron los chicos después de pedir ayuda para Lucas fue «nos quisieron robar».

“El accionar desplegado por el personal policial en cuanto a privar de la libertad a los adolescentes era ilegal desde su inicio y de esa situación tenía pleno conocimiento el personal”, señaló Del Viso en su resolución. Además de las violencias ejercidas sobre Julián y Joaquín, las «vejaciones» imputadas a los agentes también son por la quemadura de cigarrillo que en la autopsia se encontró en una mano de Lucas y que los peritos dataron en horas cercanas a la balacera. El fiscal cree que alguno de los implicados lo quemó mientras esperaba la ambulancia.

En cuanto a la prisión preventiva, el juez aseguró que es necesario «evitar que pudieran, aún más, entorpecer el cauce de la investigación, en tanto no es posible desatender sus lazos y conexiones”. Además, el magistrado les impuso un embargo de un millón de pesos a cada uno de los procesados.

17 implicados

El juez Del Viso todavía tiene que resolver si hace lugar al pedido del fiscal Gómez Barbella para detener a otros ocho policías porteños que la Fiscalía entiende que violentaron a los chicos, y que participaron del encubrimiento y de las detenciones ilegales. Se trata del comisario inspector Daniel Santana, el comisario Rodolfo Ozan, el subcomisario Ramón Chocobar, los principales Teresa Scorza y Damián Lobos, el oficial mayor Santos Ochoa, el oficial primero Ernesto Martínez y el oficial Sebastián Baidón.

Algunos de ellos ya aparecen mencionados en varias de las declaraciones de los propios imputados. Baidón, por ejemplo, chofer de Cuevas, es señalado como uno de los que esposó a Julián y a Joaquín. El comisario Ozan, en tanto, cumple funciones en otra comisaría de la zona, la 4A, pero igual acudió a Alvarado y Perdriel “para intentar lograr la impunidad de sus colegas de la Comisaría aledaña”, según señaló el fiscal en su pedido de detención.

“Llama poderosamente la atención que se haga presente en otra jurisdicción que no es la propia, resultando ser la autoridad máxima de una Comisaría Vecinal y ser uno de los primeros en comparecer», agregó Gómez Barbella. Con los seis nuevos procesamientos, más los de Isassi, López y Nieva, si Del Viso decide detener a los ocho agentes la cifra de policías porteños implicados en el asesinato de Lucas y en el posterior encubrimiento del crimen ascenderá a 17.

Allí, los dos policías redujeron a Ricardo a los golpes, como se ve en varios videos difundidos por el medio Somos Rosario a través de las redes sociales. «Me estaban estrangulando», relató Ricardo. «Reconozco la falta de tránsito, estaba mal estacionado, pero la discusión con los agentes fue sin amenazas ni insultos», agregó y sostuvo que tiene todo el cuerpo golpeado. Por la causa que le abrieron, el repartidor incluso llegó a estar detenido en la Comisaría 2 de Rosario.

Reacción de la policía que molió a palos a un infractor de tránsito. Ocurrió ayer por la tarde en Mitre al 900, cuando el conductor de un utilitario dejó mal estacionado el vehículo. Ahí se desato el incidente. pic.twitter.com/w1OjCtZlMi

— Somos Rosario (@SomosRosarioOK) December 15, 2021

Además, esta mañana allanaron la Comisaría Vecinal 4D, donde se labraron las actuaciones iniciales por el hecho, para secuestrar los registros y demás documentos, ya que no se descartan nuevas imputaciones por encubrimiento contra más policías, agregaron los voceros a Télam.

Según la resolución firmada por el fiscal de Instrucción 32 Leonel Gómez Barbella, y Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes prestaban servicios en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, deberán responder también por los delitos cometidos contra los tres amigos de Lucas, todos de 17 años.

Por tal motivo, a la imputación por homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía de Lucas, le sumaron la tentativa de ese mismo delito contra los otros tres adolescentes, más privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica.

Los tres efectivos, detenidos formalmente desde el sábado en dependencias de la Superintenencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), serán indagados este lunes por los fiscales y el juez de la causa, Martín Del Viso, dijeron las fuentes, aunque aún no se fijó el horario.

Según la acusación, «el despliegue policial consistente en instrumentar un procedimiento ilegal con sustento en la ilegítima detención de los jóvenes con miras a presentar los sucesos ocurridos, esto es, un escenario en el que resultara, además, gravemente herido uno de los presuntos imputados, configura una maniobra delictiva».

En el escrito al que accedió Télam, los fiscales consideraron que «el accionar delictivo» de los policías «ha quedado visibilizado», ya que introdujeron «versiones falaces», con la «única finalidad de enmascarar con visos de legalidad una actuación que, a todas luces, no lo fue».

Al repasar los hechos ocurridos a las 9.30 del pasado 17 de noviembre, Gómez Barbella y Heim destacaron que los policías iban en un auto Nissan Tiida sin identificar y vestidos de civil, que intentaron impedir el paso de los jóvenes cuando iban a bordo de un Volkswagen Surán y que, con ese objetivo, les dispararon.

«Los agentes mencionados abrieron fuego contra éstos provocando la muerte de uno de los jóvenes e intentando dar muerte a los restantes tres con alevosía (aprovechando de la indefensión de las víctimas y la intención de los autores del hecho de obrar sin riesgos)», indicaron.

También señalaron que luego, en medio del procedimiento en el que detuvieron a dos de los adolescentes y llamaron a una ambulancia para que asistiera al herido, secuestraron una réplica de arma con la inscripción «The Punisher», elemento que se presume «habría sido plantado en el lugar por el personal policial», ya que de la causa surge que los jóvenes «no habrían esgrimido ningún tipo de arma».

Gómez Barbella y Heim recordaron que cuando Lucas fue llevado gravemente herido al Hospital Penna un oficial de la Policía de la Ciudad se apostó allí como consigna policial, como se hace usualmente con los acusados de algún delito, mientras que los amigos del joven «fueron tratados como imputados y sometidos a la justicia de menores a raíz de la falsa versión aportada por los agentes».

Estuvieron «en calidad de imputados, privados ilegítimamente de su libertad durante todo ese tiempo, a cuenta del accionar ilegal y de las versiones falaces introducidas por el personal policial aquí imputado», añade la acusación.

Para conocer de boca de los sobrevivientes los pormenores del hecho, los fiscales citaron a declarar para el lunes a los tres amigos de Lucas, quienes a partir de las 9 y tras entrevistarse con personal Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), dependiente del Ministerio Público, declararán en la fiscalía.

Para el martes, en tanto, fueron convocados a declarar los padres de Lucas, Cintia López y Mario González, quienes el viernes último, junto a su abogado, Gregorio Dalbón, convocaron para mañana a las 19 a una marcha sin banderas políticas para pedir justicia en la puerta de los tribunales situados en Talcahuano 550.

En tanto, para los próximos días se aguarda que comiencen a llegar los resultados de distintas medidas de prueba dispuestas por la fiscalía, entre ellas los peritajes balísticos realizados sobre las armas secuestradas a los policías detenidos.

De acuerdo a la autopsia, Lucas murió a raíz de un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo que le provocó una «hemorragia meningoencefálica» y, además, presentaba un surco en el pómulo derecho de una segunda bala.

El fallecimiento del joven se produjo el jueves 18 en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, adonde fue trasladado en grave estado procedente del Hospital Penna.

Inicialmente en la causa intervinieron un fiscal y un juez de Menores, ya que la policía difundió la versión de que Lucas y sus amigos eran delincuentes, aunque el magistrado los sobreseyó y pasó la causa al fuero Nacional en lo Criminal y Correccional.
Los restos de Lucas fueron inhumados en la fecha en el cementerio Parque Iraola, de Hudson, tras un velatorio que se inició en la víspera en una cochería de Florencio Varela, adonde asistieron cientos de personas para despedirlo y brindar su apoyo a los padres y el resto de la familia.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 del miércoles 17 pasado cuando Lucas y sus tres amigos salieron del club Barracas Central -donde el primero jugaba y los restantes habían ido a probarse- y fueron interceptados por los policías sin identificar, de quienes intentaron huir al pensar que iban a robarles.

Los efectivos dispararon y balearon a Lucas, tras lo cual detuvieron a sus amigos y quisieron simular que se trataba de delincuentes a los que interceptaron cuando querían robar un kiosco.

Todo comenzó el jueves a la madrugada cuando la víctima, identificada por la Justicia como Alejandro Martínez, fue aprehendida por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de dicha localidad del partido de La Costa, ubicado en Calle 3 y avenida Costanera.

A poco de arribar a la comisaría 3ra. de San Clemente del Tuyú. Martínez falleció, por lo que dieron aviso al fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 descentralizada de La Costa.

Gamaleri dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial de Lomas de Zamora por la mañana, donde horas después el informe preliminar de autopsia reveló que el hombre había fallecido como consecuencia de una «asfixia por sofocación» y que además sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.

Otro hombre detenido dijo como testigo que la víctima había llegado a la seccional, un poco exaltada, y que en esas circunstancias los policías comenzaron a apretarlo contra el piso. El fiscal Gamaleri dispuso la aprehensión de nueve policías bonaerenses con distintos grados de participación en el crimen de Martínez y once allanamientos, entre ellos de sus respectivos domicilios, que se concretaron hoy.

Dos o tres de los policías deberán responder como autores materiales del homicidio, mientras que los restantes en calidad de encubridores. El fiscal Gamaleri tenía previsto indagar en las próximas horas a los efectivos por el delito de “homicidio agravado por por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función”.