En estricto cumplimiento de la Ley Provincial N° 5.761, conocida como “Pirotecnia Cero”, el personal municipal de inspectoría procedió inmediatamente a la destrucción de la pirotecnia incautada, respetando todos los protocolos de seguridad y cuidado ambiental.

La normativa provincial prohíbe en todo el territorio de Río Negro la tenencia, comercialización y uso de pirotecnia sonora, con el objetivo de proteger la salud de las personas, el medio ambiente y los animales, que sufren graves consecuencias por los estruendos durante la temporada festiva.

Desde el Municipio de Río Colorado se insiste a la comunidad que está disponible un formulario en la mesa de entradas de la Municipalidad para denunciar de forma sencilla y formal la venta o tenencia ilegal de pirotecnia, así como también puede utilizarse a tal fin la aplicación “Mi Colorado”. Estas herramientas facilitan el inicio de los procedimientos correspondientes y contribuyen a hacer cumplir la legislación vigente.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un procedimiento de rutina pronto se convirtió en una revelación impactante. Cuando se solicitó al transportista que permitiera una inspección de la carga en su vehículo, las autoridades se encontraron con un cargamento de 11 bolsas de nylon que contenían corderos, con un peso promedio de aproximadamente 12 kilogramos cada uno, lo que sumaba un total de alrededor de 135 kilogramos de carne.

Este hallazgo inmediatamente planteó preocupaciones importantes. En primer lugar, el transporte de carne en estas condiciones constituye una violación de la Ley provincial que regula la manipulación y el transporte de productos cárnicos. Además, el vehículo utilizado no estaba habilitado para el transporte de alimentos, y carecía de la documentación sanitaria necesaria para transportar este tipo de productos. La falta de medidas para garantizar la preservación de la cadena de frío también era evidente, lo que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de los consumidores.

Ante estas infracciones graves, las autoridades procedieron al decomiso de la carne y su posterior destrucción en presencia de testigos, mientras se levantaba un acta de infracción. Además, se notificó al Ministerio de Producción y Agroindustria para que tome medidas adicionales y determine posibles sanciones para el responsable del transporte irregular de la carne.

Los hechos se remontan a la noche del 9 de enero, cuando Jorge Gatica se encontraba en una camioneta S10 junto a Martín Urrutia. La víctima decidió detenerse en una despensa para comprar chorizos y carne, pero al salir corriendo sin pagar, fue perseguido por los dueños del comercio. Fue en ese momento cuando una menor de edad que pasaba por la comisaría local alertó a la policía sobre la situación.

Cuatro oficiales, identificados como el sargento Vilmar Alcides Quintrel, el cabo primero Jorge Luciano Sosa, la sargento primera Andrea Carmen Henríquez y el cabo primero Walter Denis Carrizo, llegaron al lugar y redujeron a Gatica con una toma por el cuello. Lo detuvieron y lo trasladaron a la comisaría bajo la sospecha de haber cometido un hurto menor.

Una médica de guardia examinó a Gatica al llegar a la comisaría y certificó que tenía traumatismos faciales y escoriaciones, aparentemente sufridos durante su detención, pero consideró que no necesitaba atención adicional. Sin embargo, lo que sucedió a partir de ese momento es verdaderamente escalofriante.

Los policías mantuvieron a Gatica bajo su control durante aproximadamente dos horas y media, tiempo durante el cual, según la investigación, lo golpearon brutalmente. La autopsia reveló que sufrió más de cincuenta lesiones en todo su cuerpo, producto de golpes, patadas y el uso de objetos contundentes. Estas lesiones, indudablemente, contribuyeron a su trágica muerte.

En el procedimiento abreviado, el oficial ayudante Gastón Alexis Moraga, quien se encontraba de servicio la noche de los hechos, admitió su culpa por no haber evitado que sus compañeros torturaran a Gatica y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Moraga, visiblemente afectado, pidió perdón a la familia de la víctima y reconoció que, como oficial de la Policía provincial, tenía la responsabilidad de proteger la integridad de quienes estaban bajo custodia.

El abogado Rubén Antiguala, representante de la familia de la víctima, destacó la importancia de esta condena, enfatizando que el hecho ocurrió en una institución pública y a manos de agentes policiales cuya principal responsabilidad era salvaguardar la vida y la integridad de Jorge Gatica.

El acuerdo alcanzado en el juicio abreviado incluye una pena de tres años de prisión en suspenso para Moraga, la solicitud de su renuncia a la fuerza provincial, la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones policiales y la prohibición de acercarse a los familiares de la víctima. El juez encargado de la audiencia anticipó que homologaría el acuerdo, y la sentencia se dará a conocer en los próximos días.

Este trágico caso arroja luz sobre la necesidad urgente de reformar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y garantizar la rendición de cuentas en el sistema de justicia. La sociedad exige respuestas y acciones concretas para prevenir futuros abusos de poder y asegurar que tragedias como la de Jorge Gatica no vuelvan a ocurrir.

Su exesposa, Nelci Isabel, fue quien reportó su desaparición a las autoridades, iniciando una búsqueda que en su momento resultó infructuosa. Trágicamente, meses después, su hijo adolescente también desapareció, dejando a la familia devastada y sin respuestas. La incertidumbre se cernió sobre la vida de Adolfo Enrique Sandoval Farías durante tres décadas, hasta que un reciente giro del destino trajo nuevas luces al caso.

La Brigada de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, bajo la dirección de Daniela Millatruz, recibió una pista crítica que indicaba que Sandoval Farías podría estar viviendo en General Conesa. Sin perder tiempo, el 20 de septiembre, una comisión policial se trasladó a esa localidad y localizó la dirección donde se creía que residía el hombre.

La sorpresa fue mayúscula cuando Sandoval Farías, después de 30 años, abrió la puerta de su casa y confirmó su identidad. Según su propio relato, se había alejado de Comodoro Rivadavia debido a diferencias irreconciliables con su exesposa y porque simplemente «estaba cansado». En su partida, tomó únicamente su campera y dejó atrás todos los vínculos previos, sumiéndose en un misterio que perduró por décadas.

El hombre cooperó voluntariamente con las autoridades permitiendo que le tomaran las huellas dactilares en una comisaría de Conesa. Sin embargo, la policía aún no ha logrado dar con el paradero de su hijo desaparecido, lo que añade una nueva capa de misterio a este enigmático caso.

La noticia de esta resolución ha generado una mezcla de asombro e indignación entre los residentes de Comodoro Rivadavia, quienes se preguntan cómo un hombre pudo desaparecer tan completamente de su familia durante tanto tiempo y vivir sin ser detectado. Este misterio, que perduró durante tres décadas, ha dejado cicatrices imborrables en la comunidad y deja un sinnúmero de interrogantes sin respuesta.

El regreso de Adolfo Enrique Sandoval Farías a la escena pública plantea la necesidad de una mayor comprensión de los aspectos humanos que rodean la desaparición de personas, y cuestiona cómo el tiempo y las decisiones individuales pueden moldear vidas y relaciones de maneras inesperadas.

El audaz asalto tuvo como objetivo el Estudio Financiero Valle Medio S.R.L, ubicado en la calle Roca al 284, donde solo un empleado se encontraba en el lugar en el momento del incidente. El empleado fue reducido a punta de pistola y posteriormente encerrado en el baño después de ser maniatado por uno de los asaltantes.

Los delincuentes procedieron a saquear la financiera, llevándose una suma significativa de dinero en efectivo, equivalente a 1.200.000 pesos, así como cuatro cheques con un valor aproximado de 500.000 pesos, un reloj y el equipo de grabación de las cámaras de seguridad.

La alarma se activó cuando se recibió una llamada al número de emergencia 101, y las autoridades de la Comisaría 11, con la colaboración del Cuerpo de Seguridad Vial local, la Brigada Rural de Colorado, la Sub Comisaría 70 de la Colonia y la unidad 911 de emergencia, pusieron en marcha un operativo cerrojo para dar con los perpetradores.

El despliegue policial dio sus frutos cerca del mediodía, cuando se recibió una nueva llamada al 101 que indicaba que tres individuos, todos ellos hombres visiblemente nerviosos, habían llegado en un automóvil Volkswagen Suran a un domicilio en la Calle 1° Junta, entre el 200 y 300. Intentaron abandonar el vehículo allí, pero se encontraron con la negativa de la dueña de la casa.

Minutos después, la policía identificó un vehículo de características similares al descrito en el interior de una vivienda en la Calle Raúl B. Díaz al 700. Al acercarse el móvil policial, tres sujetos salieron corriendo desde el interior de la residencia. Uno de ellos fue detenido en el frente de la casa, otro en el patio trasero de la vivienda contigua, mientras que el tercer miembro de la banda logró huir.

Durante el allanamiento, se descubrió un vehículo C3 oculto con un nylon negro en el patio de la casa, el cual tenía un pedido de secuestro relacionado con un robo cometido en la ciudad bonaerense de Adrogué. En el interior de la vivienda, se detuvo a otro de los delincuentes y se recuperaron $93,000 ocultos en una pared, además de encontrar una bolsa enterrada en el patio con 420,000 pesos y dos cheques que coincidían con los denunciados por la financiera.

Las búsquedas continuaron en los patios adyacentes, donde se encontró una mochila que contenía una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 22 largo, junto con sus municiones. Además, se incautó una barra de hierro, varias herramientas, una capucha, guantes y precintos.

La causa, bajo la carátula de «Robo Calificado,» está siendo investigada en la Comisaría 11 con la intervención del fiscal Daniel Zornita. La rápida acción de la policía y la cooperación entre diversas unidades llevaron al éxito de esta operación, que resultó en la detención de los sospechosos y la recuperación de gran parte del botín robado.

Al respecto la periodista Carina Escuer dialogó con el Comisario Mayor Walter Castillo a cargo de la Regional 4º de la Policía de Río Negro.

La capacitación estará a cargo del Licenciado en seguridad pública Dario Tettamanti, y se realizará este próximo jueves 3 de agosto, a las 10 de la mañana en el Salón de Bomberos Voluntarios de Río Colorado.

Quienes estén interesados en participar deberán inscribirse de manera telefónica llamando a la Unidad 11º teléfono 2931432333, en el horario de 8.00 a 14.00 hs.

Un cordón de cinco penitenciarios separaba a Héctor González y Cintia López, los papás de Lucas, de los catorce policías imputados. Detrás de los padres aguardaban también Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca, los tres sobrevivientes de la balacera policial de ese 17 de noviembre de 2021, el día en que Lucas fue asesinado por la Brigada 6 de la Comuna 4 cuando volvían en auto de entrenar en el predio Cacho de Barracas Central. Como cuando tuvo que declarar frente a los jueces, Joaquín llevaba consigo el portarretratos con la foto de su amigo. Apretó las manos frente a su rostro, como quien pide por favor, cuando el presidente del tribunal, Hugo Navarro, empezó a leer el fallo.

«Condenar a Gabriel Isassi a la pena de prisión perpetua», llegó a decir Navarro y entonces estallaron los aplausos. Venían de arriba, de la «tribuna» del Salón Auditórium de Comodoro Py, el más grande del edificio, colmado de amigos y familiares de la víctima. «Vamos Lucas», se escuchó un grito entrecortado en medio de los aplausos. Entonces Navarro pidió silencio y siguió. Dijo que Isassi, quien estaba a cargo de la brigada, era condenado por «homicidio quintuplemente agravado»: por haber sido cometido con armas de fuego, abusando de las funciones de integrantes de las fuerzas policiales, con alevosía, con el concurso premeditado de dos o mas personas, y por odio racial. Iguales agravantes recayeron sobre las tentativas de homicidio de Julián, Joaquín y Niven.

Luego llegó el turno de Fabián López. Aunque el abogado Fernando Soto había pedido la absolución de los tres oficiales al considerar que dispararon en «legítima defensa» ante una supuesta embestida del auto de los chicos, también había hecho especial hincapié en sostener que López disparó contra el piso y que la bala impactó en el auto por un «rebote». También había remarcado que sus disparos no pusieron en riesgo la vida de nadie, dejando entrever una búsqueda de morigeración en la pena para el oficial. El tribunal, sin embargo, no hizo lugar a esto y consideró a López como coautor del homicidio agravado, por lo que también lo condenó a prisión perpetua.

El restante, Nieva, era «por descarte» el acusado de disparar la bala que mató a Lucas. Así lo había indicado en su alegato el fiscal de juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, al mencionar que el peritaje no precisó de qué arma partió esa bala pero sí descartó las de Isassi y López. La trayectoria del disparo, de adelante hacia atrás, también señalaba a Nieva por el lugar en que quedó cuando el Nissan de la brigada, sin identificación, interceptó al auto de los chicos, ya que el oficial manejaba el auto. Nieva también fue condenado a prisión perpetua.

Desde la calle llegaba el ruido de bombos y trompetas. Cuatro micros habían arribado temprano desde Varela y al finalizar la lectura del fallo la gente se hizo oír. «Yo sabía que a Lucas lo mató la policía», era uno de los cantos más entonados. Adentro, las familias se abrazaban y largaban al fin otro tipo de lágrimas. Al salir de la sala, Héctor comentó emocionado a este diario que, tras un año y siete meses, ahora puede liberar algo de la carga que lleva consigo. Cintia, que cumplió años este mismo martes, dijo que se iba «satisfecha y más tranquila» porque ahora su hijo «puede descansar en paz».

En el estacionamiento de Comodoro Py un grupo sostenía una larga bandera negra con la inscripción «justicia por Lucas González» y un escudo de Barracas Central. Aplaudieron a Héctor y a Cintia cuando salieron, y los dejaron encabezar la columna que caminó hacia la salida. Del otro lado, la gente se agolpaba ante las rejas. Julián, Joaquín y Niven se sumaron al grito por su amigo: «Lucas no se murió, Lucas vive en Varela la puta madre que los parió».

Las otras condenas

Después de Isassi, López y Nieva, el efectivo que mayor pena recibió fue el oficial Sebastián Baidón, condenado a ocho años de prisión por el delito de torturas. En la segunda audiencia, Joaquín lo había señalado con nombre y apellido como uno de los que le gritó insultos racistas mientras estaba esposado en Alvarado y Perdriel, la esquina en que él y Julián –Niven logró huir y a la tarde se presentó en una comisaría– fueron detenidos tras la balacera en Iriarte y Luzuriaga. «Villeros», «negros de mierda», «a vos también hay que pegarte un tiro», «¿dónde tenés la droga?» o «¿dónde tenés el arma con la que mataste a tu amigo», fueron algunos de los gritos que refirieron Joaquín y Julián.

Los comisarios condenados por el encubrimiento y la privación ilegal de la libertad de los chicos fueron Rodolfo Ozán, de la 4A de Parque Patricios, Fabián Du Santos, de la 4D de Barracas, y Juan Romero, de la División Brigadas, que recibieron penas de seis años de prisión. Los primeros dos son los protagonistas de la llamada clave de la causa. Veinte minutos después de la balacera, Ozán llamó a Du Santos para contarle que la bala «le voló el frasco» a Lucas y que los oficiales de brigada se habían mandado un «mocazo». «Le dije a Inca que está como subcomisario que vaya y busquen lo que tengan que buscar para justificar esto», dice también Ozán, que agrega: «Yo ahora lo llamo a Santana. ¿Por qué no lo llamas al ‘perro’ y le decís que venga para emprolijar esta cagada?» El «Perro» es precisamente Romero, jefe de brigadas.

Su subcomisario, Roberto Inca, también recibió seis años. Él fue uno de los señalados por Héctor Cuevas, el principal «quebrado» durante el juicio, que aseguró que Isassi fue el responsable de plantar en el auto de los chicos el arma de juguete con la que intentó sostener la versión falsa del «enfrentamiento armado» que ya había instalado por modulación. Cuevas dijo que Inca ordenó a Isassi plantar el arma. Pese a su declaración, el principal no logró la absolución y fue condenado a cuatro años de prisión como había pedido la fiscalía. Para los comisarios y subcomisarios el fiscal había solicitado once años, mientras que la querella a cargo de Gregorio Dalbón había pedido veinte. Las condenas fueron menores que las solicitadas.

Absoluciones

Cinco de los catorce policías imputados fueron absueltos. El más resonante para las familias fue el caso de Daniel Santana, comisario inspector de la Comuna N°4, a cargo de las dependencias de esa comuna. Al salir de los tribunales, los amigos y familiares de Lucas decían no entender el por qué de la absolución. El comisario aseguró en la instrucción y en el juicio que sólo fue a Alvarado y Perdriel en carácter «administrativo» para reportar a la superioridad. Entre los imputados, Santana era el funcionario más cercano a la alta jerarquía de la fuerza porteña.

También fue absuelto Ramón Chocobar, subcomisario de la 4D que ese día hizo los primeros partes. Chocobar fue uno de los efectivos que eligió utilizar sus últimas palabras antes del veredicto. «La verdad acá es que tres personas le cortaron la vida y destrozaron una familia y yo estoy preso siendo inocente», aseguró y, en efecto, los jueces le creyeron. Los tres oficiales rasos que arribaron a Alvarado y Perdriel momentos después de los hechos también fueron absueltos. Se trata de Daniel Espinosa, consigna en la ambulancia que trasladó a Lucas, Jonathan Martínez y Ángel Arévalos, que llegaron al juicio acusados de esposar a Julián y a Joaquín. Los fundamentos de las condenas recién se conocerán el 23 de agosto.

Más acusaciones contra el jefe de la Policía

Antes de resultar absuelto, el oficial Ángel Arévalos pidió hacer uso de sus últimas palabras y apuntó directamente contra el jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard. “Acá hay personas que nunca quisieron que la verdad se sepa porque no les conviene. El jefe de la Policía, por intermedio de dos de sus abogados, está presionando al personal subalterno para que hablen con sus familiares que estuvieron el día de la reunión y digan que lo que dijo mi hermana es mentira”, señaló.

Su hermana es Natalia Arévalos, que forma parte de su defensa y en el alegato señaló que, meses después del crimen, familiares de los oficiales detenidos lograron reunirse con Berard y parte de la cúpula policial. Según la abogada, allí les dijeron: “Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque este es un tema político y no queremos que llegue a nosotros”. Tras esa jornada, el tribunal remitió los dichos de Arévalos a la Fiscalía de instrucción a cargo de Leonel Gómez Barbella, que este martes estuvo presente en la audiencia, para que investigue posibles responsabilidades de Berard en el encubrimiento.

Tras ello, fuentes judiciales aseguraron que la Fiscalía esperaba la resolución del juicio para analizar los posibles alcances de la acusación hacia Berard. Ahora, el tribunal volvió a ordenar la extracción de testimonio de las palabras del oficial Arévalos. Antes del juicio, Gómez Barbella ya había solicitado sin éxito la detención y la indagatoria de Fabián Lencina, jefe del Área Sur de la fuerza y superior directo de Daniel Santana, el comisario inspector absuelto este martes. Hubiera sido el efectivo de más alto rango detenido.

La extracción de testimonios abre así nuevas posibilidades en una instrucción que sigue abierta y que ya tiene como nuevo detenido a Facundo Torres, el oficial al que el principal Héctor Cuevas señaló como quien aportó a Isassi el arma de juguete plantada en el auto de los chicos. Cuevas también dijo que Torres trasladó a Isassi en su moto hasta la esquina en la que estaba el auto y que él mismo vio al oficial ahora condenado depositar el arma en la parte trasera.

«Violencia institucional» y «odio racial»

«Reconocer como víctimas de violencia institucional a Lucas y a sus padres», leyó el juez Hugo Navarro tras el anuncio de las condenas. El punto había sido pedido tanto por la querella como por el fiscal y fue uno de los más celebrados por las familias al salir de la sala. También destacaron que la condena haya incluido el agravante de «odio racial». En sus alegatos, las dos partes acusadoras habían sostenido que los oficiales de brigada «eligieron» a los chicos por prejuicios de clase y raciales al verlos salir del predio ubicado en la Villa 21-24.

Tras la audiencia, Héctor González calificó a la sentencia como «histórica» y aseguró que a su hijo lo «estigmatizaron». En este sentido sostuvo ante la prensa que en la condena «se demostró el racismo, lo dijeron los jueces, y estoy feliz porque esto va a marcar un antes y un después en Argentina. A mi hijo le arrebataron el sueño, pero no van a arrebatar el de otro chico más». Cintia López, en tanto, sostuvo que «hay que dejar de estigmatizar a los chicos por usar una visera».

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación que presenció la audiencia en carácter de amicus curiae, también destacó la condena por «odio racial» y «violencia institucional», y aseguró a la prensa que «está demostrado que esto fue una cacería y una estigmatización a los pibes». Dalbón, en tanto, reiteró que «los policías eligieron a Lucas y a sus amigos por su color de piel. Los eligieron por eso, porque eran pobres, porque venían de una villa creyendo que iban a comprar estupefacientes».

En su alegato, el abogado de los oficiales había argumentado que ellos creyeron que los chicos se retiraban de un domicilio que la brigada investigaba por venta de marihuana. La querella adelantó que la familia de Lucas pedirá una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que modifique la fecha en que se celebra el Día de la Policía de la Ciudad. El día en que Lucas fue asesinado la fuerza porteña festejaba su quinto aniversario.

Este viernes, se conoció un hecho de inseguridad que involucra a agentes de la Policía del Chubut quienes habrían sacado una importante suma de dinero de la tarjeta de un jubilado.

Según lo informado, el hombre se olvidó la tarjeta de débito en el cajero y cuando llegó a Trelew llamó a la comisaría local de Gan Gan para informar lo sucedido. “Al día siguiente, el comisario recuperó mi tarjeta, me mandó una foto de ella y me dijo que me quedara tranquilo”, explicó la víctima.

Una hora después de lo mencionado, el hombre habría notado que comenzaron a sacar dinero de su cuenta bancaria. Las transacciones iban de los 30 mil a los 60 mil pesos. Por los movimientos irregulares, decidió acercarse al banco donde le explicaron que correspondían a pagos de cuentas en comercios de Puerto Madryn y Trelew con el debido automático.

“Me sacaron 380 mil pesos en cinco días, casi todo el sueldo. Menos mal que mi hermano fue a buscar la tarjeta, sino me sacaban todo. Hicieron un desastre”, afirmó la víctima del robo, al tiempo que menciona que hay videos que incriminan a los agentes.

Si bien el hecho sucedió el pasado 20 de marzo, hasta la actualidad el hombre afirma que no le han devuelto el dinero. La causa por el momento quedó a cargo de la Justicia de Puerto Madryn, según informó Jornada.

El máximo tribunal penal rechazó el planteo de la defensa del ex policía bonaerense Alejandro Javier Giancarelli, alias “el Narigón Ale”, contra su prisión preventiva actualmente a cargo del Tribunal Oral Federal número uno de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Giancarelli está actualmente en prisión domiciliaria pero pidió el cese de esa situación –entre otras razones- por su estado de salud, ya que “padece VIH, y cumple dos años con diagnóstico de tumor renal (cáncer de riñón)”.

Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky desestimaron el pedido por “las características y magnitud de la maniobra global atribuida en el caso que revela la existencia de un aparato organizado a nivel institucional -con connivencia de múltiples funcionarios, con influencias y bastos recursos- que podría servir y/o coadyuvar a Giancarelli de obtener su libertad”.

Además, el imputado fue declarado reincidente en dos ocasiones y persisten los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación, ya que hay cinco prófugos y testigos que sufrieron amenazas.

A Giancarelli se le imputa haber intervenido en el acuerdo mantenido el 30 de octubre de 2014 entre el fiscal Scapolán, el auxiliar letrado Maximiliano Jarisch, el sargento Gabriel Cabral y el ex policía José Ángel Molina, y un grupo de sospechosos de narcotráfico para evitar sus detenciones durante un allanamiento en el que fue secuestrado un cargamento de cocaína.

Según la acusación, los narcotraficantes garantizaron su libertad mediante la entrega de unos 40 kilos de esa droga “al personal policial como contraprestación de la libertad”.

El fiscal Scapolán fue procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y si bien permanece en libertad porque está protegido por sus fueros, actualmente afronta un proceso de Jury que podría terminar con su destitución y pérdida de la inmunidad.

Los familiares de Blas se mostraron conformes con el fallo y agradecieron a «la Justicia», que los «sorprendió para bien», en una conferencia de prensa realizada luego de la lectura del veredicto.

Por unanimidad, la pena recayó sobre los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), a quienes también le atribuyeron la tentativa de homicidio calificado de los cuatro amigos que iban junto a al adolescente de 17 años asesinado.

En el mismo fallo se resolvió también que los cinco chicos atacados a balazos fueron «víctimas de violencia institucional».

A su vez, el tribunal de juicio condenó a penas de entre dos años y medio y casi cinco años de cárcel otros nueve policías por distintas responsabilidades vinculadas al hecho principal, como «encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público»; mientras que absolvió a los restantes dos efectivos que habían llegado al debate.

La jornada de la sentencia

La lectura de la parte resolutiva de la sentencia se dio a conocer pasadas las 18.30 en una sala de audiencias colmada en las que los familiares y amigos de las víctimas aplaudieron cuando se conoció la perpetua para Gómez y Alarcón, y luego siguieron con abrazos y llantos de emoción.

Además de Gómez y Alarcón, otros nueve policías recibieron penas, tal es el caso del comisario inspector Walter Soria (43), que fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión; y del subcomisario Enzo Quiroga (34) y el comisario inspector Jorge Galleguillo, quienes recibieron cuatro años y ocho meses de cárcel.

En tanto, la oficial ayudante Yamila Martínez (25) fue condenada a 4 años y tres meses de prisión; el subcomisario Sergio González (44) a cuatro años y diez meses; mientras que el comisario Juan Antonio Gatica (46) y el cabo Alexis Quevedo (29) a cuatro años.

Por otro lado, la agente Wanda Esquivel (32), la que «plantó» el arma para simular un enfrentamiento y luego pidió disculpas por ese «error», recibió una pena de tres años y diez meses de prisión, mientras que el oficial ayudante Ezequiel Vélez (23) a dos años y seis meses de cárcel.

Por último, fueron absueltos el agente Rodrigo Toloza (27) y el cabo Leonardo Martínez (29), quienes estaba acusados de «encubrimiento y falso testimonio».

Antes del inicio de la audiencia, el papá de Valentín Blas Correas, había manifestado que esperaba una «condena para todos» y que la «sentencia es el comienzo de la lucha por la verdad y justicia» para su hijo.

En la audiencia, entre otros, estuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y representantes de Amnistía Internacional que fue parte de este proceso como «observador».

Pietragalla manifestó a Télam que la sentencia «cumplió con las expectativas» que tenía con respecto a la «prisión perpetua de los dos policías que dispararon contra los chicos y también por las condenas al resto de los acusados».

«La violencia institucional sienta un antecedente importante y las obligaciones que tiene la provincia en erradicar esa problemática que se viene trabajando desde Nación con las provincias», pero que «lamentablemente no se puede lograr lo mismo con Córdoba».

El abogado Alejandro Pérez Moreno, representante legal como querellante de los padres de la víctima, luego del veredicto dijo que fue «ejemplar» y que aún «quedan muchos responsables que tienen que dar respuesta sobre los hechos que derivaron en la muerte de Blas».

En tanto, Soledad Laciar, dijo a los medios que la sentencia le deja «muchas sensaciones. Hasta que no se juzguen a los responsables políticos y a los que lo dejaron morir a mi hijo la lucha va a continuar».

«Ya no se trata sólo de Blas. También hay muchos casos que están clamando por justicia», y «esa es mi lucha. Tenemos que lograr los cambios necesarios para que esto no ocurra a ningún pibe más», remarcó.

LOS FAMILIARES DE BLAS CORREAS AGRADECIERON A LA «JUSTICIA», QUE LOS «SORPRENDIÓ PARA BIEN»

Los familiares de Valentín Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por policías durante un control vehicular cuando se movilizaba con cuatro amigos en la ciudad de Córdoba durante la pandemia en agosto de 2020, agradecieron a la «Justicia», que los «sorprendió para bien», aunque recalcaron que no es un día «para festejar».

En una conferencia de prensa que comenzó minutos después de las 20, organizada por Amnistía Internacional, que actuó como ‘observador’ del juicio oral, los padres y el hermano de la víctima, como así también el abogado de la familia, dieron sus primeras impresiones luego de conocer la sentencia en la cual dos policías fueron condenados a prisión perpetua.

«Creo que dimos un gran paso, creo que no es para festejar, pero sí es un gran paso porque por primera vez puedo decir que lo que vengo diciendo hace más de dos años y medio era verdad, que acá no eran trece policías y nada más, que acá había una falencia en la seguridad, que la política tienen que hacerse cargo», aseguró Soledad Laciar, madre del adolescente.

La mujer expresó que «la sentencia de hoy fue mucho más allá» de lo que «esperaba» y que «ahora comienza la lucha, de que los cambios comiencen».

«Nosotros no veníamos a vengarnos de nada, Blas no está, Blas hoy sé que donde esté, sé que está contento, el sí, porque se hizo justicia. Pero para mí en lo particular esto recién empieza, hoy la Justicia me dio una gran señal de que se puede confiar, a mí al menos me acercó enormemente», señaló Soledad.

En tanto, Juan Segundo Páez Laciar, hermano de la víctima, agradeció «a la Justicia de tener el valor de enfrentarse al poder, no es fácil».

«Tengo 22 años y para mí la violencia institucional, lo que escuchaba de las dictaduras militares, los procesos, las ejecuciones extrajudiciales estaban solo en los libros de historia, agradezco que hoy la Justicia, como dice mi mamá, nos sorprendió para bien».

Sin embargo, aclaró: «No es un día para festejar para nosotros. Nosotros hubiéramos querido que (los condenados) terminen su vida abocándose a la institución policial como debían, y nosotros tenerlo hoy a Blas acá con nosotros».

Mientras que Fernando Blas Correas, padre del adolescente asesinado, destacó que «lo más importante es lo que la Justicia le pide al gobierno, está pidiendo un cambio, un cambio importante. Un cambio de formas, un cambio de conductas, y que obedece directamente a lo que es la violencia institucional.

«Entonces para nosotros hoy quizás será una sorpresa, pero estamos agradecidos con la Justicia por esto», concluyó.

El asesinato de Blas

Según la investigación, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años.

Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.

El expediente detalla que el cabo primero Gómez, «con intención de matarlos» efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Alarcón, «en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo», también efectuó dos disparos «a sabiendas que no había justificación legal para ello».

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por traumatismo de tórax causada por el proyectil.

Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente Bocco Camerano, a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías ‘plantaron’ un arma en las cercanías donde luego ocurrió la balacera.