Según se informó, el hombre está siendo investigado por nueve casos de trata de personas con fines de explotación laboral, ocho casos de privaciones ilegales de la libertad y el ejercicio ilegal de la medicina por no tener el espacio para personas con consumos problemáticos autorización alguna.

De acuerdo con la investigación, y según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, las maniobras se daban en un radio de pocos metros de distancia, lo que facilitaba el control sobre las víctimas.

También se le imputan los delitos de comercialización de fauna silvestre (97 animales) y maltrato animal (154 animales), dado que en los allanamientos a las fincas se encontró una gran cantidad animales.

La apelación de la defensa llevó el caso a estudio de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, quienes confirmaron el procesamiento dictado en primera instancia.

En la resolución, los jueces del tribunal revisor analizaron primero el “tratamiento ilegal” ofrecido a través del Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones, denominado “Hogar”, que “sería parte del mecanismo utilizado para captar y acoger personas vulnerables”.

Entre las pruebas se valoró que en los allanamientos realizados se encontró un folio donde se encontraban las normas para acceder a la internación, como 45 días sin recibir visitas y el impedimento de contacto telefónico durante tres semanas.

De acuerdo a los testimonios, también eran 45 los días en que los jóvenes no podían salir del lugar, el cual no contaba con profesionales de la psicología ni la psiquiatría.

Las mismas personas víctimas relataron en el marco de la causa que ese tratamiento ilegal tenía una duración de nueve meses, y que pasados los 45 días podían salir a trabajar para sustentar sus gastos en el marco de emprendimientos del propio pastor.

En la investigación se estableció también que, incluso, pese a haber en muchos casos culminado el “tratamiento”, los jóvenes seguían, en algunos casos durante años, entregando el dinero ganado al hombre. Esto se sumaba al diezmo que debían entregar en la iglesia, aun cuando sus ingresos provenían de un plan social o asistencia por discapacidad.

El fiscal Adler había indicado en su dictamen que “los testimonios, valorados en conjunto con las tareas de campo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las escuchas telefónicas, dan cuenta que el trabajo realizado por los damnificados, excedía notoriamente tareas de cuidado o instructivas como terapia de los ‘internados’”.

Además, el representante del MPF sostuvo que el acusado “aprovechó la vulnerabilidad de niños, adolescentes y otras personas vulnerables que en su mayoría habían caído bajo la dependencia del alcohol y de las drogas, prometiéndoles un tratamiento de rehabilitación, para el cual no tenía ningún tipo de autorización oficial ni experticia”.

En línea con lo señalado por el juez de instrucción y el Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal subrayó que existía un denominador común entre las personas captadas y/o acogidas por el acusado: la situación de vulnerabilidad social, económica y de salud en que se hallaban en virtud del consumo problemático de sustancias estupefacientes y/o alcohol, la falta de oportunidades laborales y habitacionales, la edad y la falta de vínculos familiares sólidos.

La pequeña ciudad de Goiatuba, a 177 kilómetros de Goiania, capital de Goiás, se revolucionó el viernes cuando por problemas respiratorios falleció el pastor Huber, como era conocido.

La esposa del fallecido, Ana María Rodrigues, le pidió entonces a la casa de sepelios y al intendente que se guardara el cuerpo hasta las 23.30 del lunes porque «había muchas chances» de que el pastor resucitara, debido a que el religioso así lo había dejado escrito.

PASTOR QUE PROMETEU RESSUSCITAR É ENTERRADO – O corpo do pastor #HuberRodrigues foi enterrado nesta segunda-feira (25), em #Goiatuba #Goias. A esposa do religioso impediu o sepultamento no dia (22) devido a uma carta em que ele afirmava que ressuscitaria no 3º dia após sua morte. pic.twitter.com/xBp9zUHDuR

— Explora Digital (@exploradigital_) October 26, 2021

Por eso, desde el viernes hasta el lunes el cuerpo del pastor estuvo refrigerado, mientras la casa de sepelios de Goiatuba se convirtió el fin de semana en un centro de peregrinación, fe y curiosidad.

Rodrigues mostró a la prensa y a la municipalidad una carta de 2008 del pastor Huber en la cual afirma que el Espiritu Santo le informó que iba a resucitar tres días después.

«Mi integridad física -dice la carta del pastor- debe ser totalmente preservada porque estaré tres días muerto y resucitaré tres días después. Mi cuerpo no tendrá mal olor ni se deteriorará porque el propio Dios habrá preparado mi carne y mi cerebro para pasar por esta experiencia».

Multidão se reúne na porta de funerária no interior de Goiás para aguardar ressureição de pastor.

Huber Rodrigues deixou documento assinado em que dizia que ressuscitaria às 23h30 desta segunda-feira (26).

Por volta das 0h, corpo foi colocado em carro funerário para o velório. pic.twitter.com/sfPGZqQZ08

— Metrópoles (@Metropoles) October 26, 2021

A las 23.30 del lunes, centenares de vecinos de Goiatuba se reunieron alrededor de la casa velatoria esperando un milagro que nunca llegó.

«No hubo novedades y vamos a proceder al entierro urgente antes de la descomposición», dijo un trabajador de la vigilancia sanitaria de la municipalidad antes de la inhumación.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron hoy que el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, inició las investigaciones por un hecho de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, en el templo de una comunidad religiosa conocida como Iglesia Evangélica Ministerio Apostólico y Profético de Restauración Visión de Águila.

El hecho fue denunciado por la madre de una niña de 9 años, al tomar conocimiento que su pequeña hija había sido víctima de abusos por parte del pastor de esa comunidad, con la participación de la hija del religioso, el yerno e incluso de su esposa, que conocía lo que sucedía.

En la entrevista realizada mediante Cámara Gesell, la víctima brindó detalles de los hechos y explicó los roles que desempeñaron cada uno de los acusados.

Por ello, Benjamín Abilés Miranda, de 57 años, fue imputado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser un ministro de culto.

En tanto, Juana Elizabeth Miranda, de 21 años, hija del pastor, y su pareja, Ricardo Fabián Coria, de 31 años, quien se desempeña como efectivo policial, fueron imputados como partícipes necesarios del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser su autor un ministro de culto.

Por su parte, Marta Sabina Mamaní, de 52 años y esposa del religioso, se encuentra imputada por el encubrimiento del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser su autor un ministro de culto, y amenazas.

La mujer fue acusada de amenazas debido a que cuando la menor se encontraba en la sede fiscal para ser entrevistada, ella se presentó y la amenazó.

Rodríguez López destacó que tanto el pastor como su esposa se encuentran involucrados en otro hecho de abuso sexual ocurrido en el contexto de la congregación religiosa, durante 2019, por el que un hijo de ambos está detenido y requerido a juicio.

Tras la imputación de los acusados, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención de los cuatro y, ante la gravedad de los hechos investigados, solicitó -además- la inmediata clausura provisoria de la sede religiosa hasta tanto la Dirección de Cultos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, se expida al respecto.

Según la sentencia firmada por el juez Germán Pablo Zenobi, el ajuste de 5,71% que dio el Gobierno nacional en marzo pasado debió ser del 14,5%, como lo establecía el cálculo anterior. «Es el primer fallo en primera instancia donde se resuelve la inconstitucionalidad del momento en que entró a regir la nueva ley, aunque no de la ley en sí misma», aclaró la abogada previsionalista Andrea Falcone.

La primera resolución judicial en este sentido la tomó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, tras una demanda del abogado Miguel Fernández Pastor. En este fallo, los jueces ya habían ordenado al Poder Ejecutivo a restitución del casi 9% de diferencia entre una fórmula y otra. Pero el Gobierno apeló y ahora el caso está en la Corte Suprema.

El escrito de Zenobi admitió que se «encuentra en juego la afectación de un beneficio previsional constitucionalmente tutelado» y puso el foco en el momento en que comenzó a regir la reforma previsional votada por el Congreso nacional. «No resulta posible determinar con certeza cuál será el resultado a largo plazo de la fórmula consagrada por la ley, por cuanto únicamente se han devengado tres trimestres acumulativos y los índices futuros obviamente no se conocen. Ello no permite, a esta altura de las cosas, dilucidar con certeza el carácter confiscatorio del resultado obtenido», sentenció.

Para Falcone, letrada del estudio que logró la decisión en favor del jubilado Guillermo Claudio Abbruzzese, en marzo «debieron dar lo de la ley anterior porque ya se encontraba devengada y las leyes no se pueden aplicar en forma retroactiva».

Sin embargo, el magistrado reconoció que el aumento debió ser mayor y ordenó compensar a Abbruzzese, aclaró que no puede extender la medida al resto de los abuelos afectados. «Los derechos reclamados no son susceptibles de ser zunchados a naturalezas colectivas», dictaminó el juez.

«Los jubilados van a tener que reclamar individualmente los que quieran cobrar y le van ajustar al 14,5% de aumento de marzo. Lo que luego debería suceder es el empalme en junio, con los aumentos de la nueva ley», explicó la abogada a este medio.

En base al nuevo índice de movilidad que se aplica por tercera vez este año, el Gobierno determinó que a partir del primero de septiembre, las jubilaciones, pensiones y la AUH aumentarán 6,68%.

La jubilación mínima actual es de $ 8.096,30 y la máxima, de $ 59.314,97. Con el nuevo ajuste pasarán a $ 8.637,10 y $ 63.277,20, respectivamente. La AUH, que beneficia a unos 4,3 millones de niños y adolescentes de todo el país, subirá apenas $ 105, de $ 1.578 a $ 1.683 por mes. Sin embargo, se estima que si la inflación anual cierra por arriba del 35%, como proyectan las consultoras privadas, los abuelos perderán hasta 8% de poder adquisitivo real.

• Fin a la reparación

Este miércoles, la Anses recordó que el próximo 31 de agosto vence el plazo para que los jubilados y pensionados que están cobrando su haber con aumento de forma anticipada completen el trámite de aceptación y suscripción a la «Reparación Histórica». «Cabe aclarar que a quienes no lo completen se les suspenderá el pago de ese adicional y, si posteriormente quieren seguir cobrándolo, deberán finalizar todos los pasos para que sea reactivado», detalló el organismo. Según cifras oficiales, ya son 1.333.868 personas quienes cobran 35% más gracias a esta medida, que también fue judicializada.

La denuncia ante el INADI advierte que sus dichos «instan a los cristianos a la persecución y el odio contra los integrantes del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales)”.

Doroschuk enumeró por la radio pública los “pecados” de la sociedad y aunque pidió “no juzgar”, ya que, según la Biblia, “tenemos un juez, que es Dios, y un abogado, que es Jesucristo”, exigió “denunciar” a los pecadores. Para ello, el pastor señaló la necesidad de “ocupar todos los medios que tenemos al alcance: la radio, la televisión, la literatura”.

La denuncia ante el INADI, patrocinada entre otros por Mariela Herrera, Diego Silvestre y Lucas Butcher, contó con la adhesión de más de 300 personas de distintas edades, sexo, religión y extracto social, y con la filial de San Rafael de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).

Herrera confirmó, además, que se presentó otra denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y que está en estudio la realización de una denuncia penal complementaria.