• Construcción de la línea de 500 kw Río Diamante-Charlone-O’Higgins, en la región de Cuyo.
• Ampliación de la línea Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca, en la Patagonia.
• Una nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión entre Ezeiza, Vivoratá y Atucha, dentro del Área Metropolitana.

El problema, una vez más, es el mismo: la falta de financiamiento.

El antecedente del esquema PPP

Para sortear ese obstáculo, la Casa Rosada apunta a un modelo similar al aplicado durante la gestión de Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privada (PPP). En concreto, se trata de que empresas privadas realicen las obras y luego recuperen su inversión mediante un cargo extra en la tarifa o a través de un canon a largo plazo.

La consecuencia directa es que los usuarios deberán afrontar facturas más altas, aunque desde el Gobierno sostienen que ese esfuerzo permitiría reducir la posibilidad de apagones masivos y mejorar la confiabilidad del sistema.

Una red que quedó atrás frente a la demanda

El diagnóstico oficial no deja lugar a dudas. Documentos difundidos por la Secretaría de Energía reconocen “deficiencias estructurales en redes de alta y media tensión, cuyas ampliaciones no acompañaron el crecimiento de la demanda”.

La falta de inversión en mantenimiento también se señala como un punto crítico: “las condiciones actuales son incompatibles con la operación confiable del sistema”, advierte el texto, aludiendo al riesgo de restricciones y cortes.

Los números muestran la magnitud del atraso. En la última década, el pico de demanda eléctrica creció un 26%, mientras que apenas se sumaron 1.200 kilómetros de líneas de alta tensión, apenas un cuarto de lo que se había incorporado en la década previa.

Impacto y dudas abiertas

La gran incógnita es si el nuevo esquema podrá efectivamente concretar las obras sin sobrecargar demasiado a los usuarios. Por un lado, las inversiones parecen imprescindibles para modernizar un sistema eléctrico que ya funciona al límite. Por otro, trasladar el costo a las familias y empresas genera cuestionamientos sobre la equidad de la medida.

Lo cierto es que la discusión recién comienza. Si el plan avanza, millones de argentinos podrían ver reflejado en sus boletas de luz no solo el costo de la energía, sino también el de la infraestructura que todavía falta construir.