Fueron condenados como coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio culposo, lesiones culposas graves y leves en concurso ideal ( tal lo normado en artículos 45, 54, 84, 89, 90 y 248 del Código Penal).

En referencia a los agentes policiales Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo; condenaron a 4 años de prisión efectiva, por homicidio por acometido en riña calificado por la utilización de armas de fuego, sumado a ello ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En cuanto a Delmiro Fidel Veroiza y Jorge Raúl Carrizo fueron absueltos «no sólo debido al retiro de la acusación, sino fundamentalmente a la ausencia de pruebas que pueden destruir la posición exculpatoria asumida por los mismos y el consecuente estado de inocencia que legalmente los ampara», expresa la sentencia.

Valoraron los magistrados además que «La materialidad de los hechos en cuanto a las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, como así también de las lesiones graves y leves
sufridas por el resto de las víctimas, se encuentra plenamente acreditada fundamentalmente con los documentos incorporados a la causa por su lectura; tales como certificaciones, informes periciales elaborados por expertos y las declaraciones testimoniales ocurridas durante la audiencia», entre otros.

Agregaron que «ante la presunta insuficiencia de personal se dispuso un reclutamiento indiscriminado de otros efectivos no especializados en manifestaciones públicas y, peor
aún, se los libró a su suerte sin sujeción a esas -tácticas-, ni a esos mandos. A la vez, se dispuso una recolección y un reparto anárquico de proyectiles, al punto de requerirlos casi temerariamente en préstamo a una empresa de seguridad privada que muy difícilmente podía tener los apropiados (antitumultos)».

«En este caso se adoptó negligentemente un método represivo inadecuado para una protesta pública, desacierto causante de las lesiones y muertes ocurridas. Dicho de otra forma, cabe imputar objetivamente esos resultados (muertes y lesiones) a la adopción de un procedimiento incorrecto dispuesto y consentido por las autoridades policiales, ya que ese desacierto negligente produjo un riesgo no permitido que se consumó en las muertes y en las lesiones», señalaron los jueces entre otros conceptos.

Por último mencionaron que «en otras palabras, si no se hubieran ido a El Bolsón y hubieran cumplido acabadamente con los deberes y obligaciones que les correspondía frente a
la situación, no deberían haber ocurrido los hechos lamentables e irremediables que finalmente sucedieron, como las muertes de Carrasco y Cárdenas, además de los numerosos lesionados».

El defensor oficial Marcos Ciciarello solicitó al momento de alegar; la absolución de su defendido el Comisario Fidel Veroiza destacando que “ siempre fue un buen policía, cumplió
las ordenes de Hermosa, lo que demuestra que siempre estuvo a cargo. Veroiza cumplió las ordenes de sus superiores, lo que siempre ha hecho como policía, asumió la verticalidad como forma de vida. Nunca asumió el cargo de Jefe de la unidad Regional».

Quedó en claro que el inminente nacimiento del nieto de Saiz, no las había sensibilizado. El dolor perdura en ellas, más allá de los ocho años transcurridos desde los homicidios de Sergio y Nino.

Saiz se retiró entre gritos, custodiado por efectivos de la Policía de Río Negro. Karina y Carmen volvieron a la sala de audiencias para escuchar a los peritos citados.

“No sé, no estuve, no recuerdo”

Tanto el ex Gobernador como el ex ministro de Gobierno, Diego Larreguy, este martes ante el Tribunal, se desentendieron de dar precisiones sobre el operativo policial de represión, que concluyó con los asesinatos de Cárdenas y Carrasco. Explicaron que en uno y otro caso no estaban en Bariloche o se fueron de la ciudad, que se informaron del hecho por los Jefes policiales, y que el tiempo transcurrido complotaba contra el recuerdo.

Sin embargo dejaron dos definiciones: Larreguy aseguró que escuchó a los Jefes policiales transmitir la orden de “no usar armas letales” durante la represión; mientras que Saiz dijo que era “inexplicable” y que la primera información hablaba de la presencia de “armas tumberas”.

Dejó poco en términos de aporte a la causa el paso de los dos ex funcionarios ante el Tribunal que juzga a los policías imputados por el homicidio de Sergio Cárdenas, y a los Jefes policiales cuestionados por su gestión de la represión.

Sembró, eso sí, otras dudas. Por ejemplo determinar si existía en la Provincia de Río Negro un protocolo de actuación con armas letales para casos como el sucedido el 17 de junio de 2010.

Sobre este punto, durante una de las audiencias de la semana pasada, el ex Jefe de la Brigada de Operaciones Rescate y Antitumulto (BORA), José Luis FLores, cuestionó el accionar de los policías de las diversas comisarías que participaron. Habló de “negligencia e impericia” y dijo que los uniformados “no hacían lo correcto” y “estaban desorganizados”.

Saiz y Larreguy entraron en contradicciones al momento de informar si estaba vigente algún tipo de protocolo de acción ante hechos como el ocurrido en el Alto de Bariloche. En distintas oportunidades de sus testimonios hablaron de una actuación “de acuerdo al protocolo”, pero ninguno de los dos pudo precisar qué alcances tenía y qué nivel de cumplimiento se consiguió.

Más claro fue el ex Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Néstor Busso, quien arribó a Bariloche para presenciar el juicio y aseguró a En estos días que al asumir al cargo (en 2012) consultó a la policía por el protocolo existente en relación al empleo de armas de fuego, pero la fuerza “no respondió”.

Busso elevó oportunamente un proyecto de Ley estableciendo las obligaciones para la policía en torno a ese uso de armas letales. “La respuesta de la Policía fue que no era necesario, que ellos ya sabían cómo actuar, y quedó en la nada”, se quejó.

“No estaba”

El ex ministro Larreguy alegó que se enteró de los hechos a través de la palabra de los Jefes policiales, ya que, para cumplir una agenda que creyó impostergable, viajó a la localidad de El Bolsón, a pesar que durante la mañana estuvo en Bariloche.

Aseguró que decidió viajar a partir de datos transmitidos por los Jefes Policiales que, pasado el mediodía, indicaban que la situación en el Alto se había calmado. “Jamás me hubiera ido de Bariloche si hubiera tenido otra información”, dijo, y agregó que, “en el transcurso de no sé cuántas horas”, una vez llegados a El Bolsón junto al Jefe de la Policía, Jorge Villanova, y el Secretario de Seguridad, Víctor Cufré, se decidió regresar ante los datos sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos y los homicidios.

En ese contexto, desde El Bolsón, Larreguy dijo que escuchó como el Jefe de la Policía, Comisario Jorge Villanova, “instruyó con precisión (a sus subordinados en Bariloche) que en el caso que tuvieran procedimiento regulado, no usen municiones letales”. Incluso Larreguy aseguró que el Jefe policial “mandó un mensaje de texto” con esa consigna, pero ante la pregunta del Fiscal Jefe Lozada sobre qué decía el mensaje, reconoció: “No lo leí”.

Sin embargo insistió en que “la instrucción fue precisa: no utilizar municiones letales”.

Lozada, entonces, lo interpeló. “¿Cómo explica que habiendo sido transmitida esa orden se pudieran haber producido entre las 16,30 y 17,30 horas los homicidios de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, y los heridos con bala de plomo?”.

Diego Larreguy: “No puedo explicarlo yo, si efectivamente fue así. Si los hechos acontecieron porque se descompuso la cadena mandos o no fueron bien retransmitidas las instrucciones, yo no puedo explicar nada. Sería un juicio de valoración. Desconozco porqué pudo haber ocurrido. No me consta ni me consta lo contrario. No puedo hacer valoraciones, sólo remitirme a lo que viví ese día”.

A partir de ese momento, la declaración del ex funcionario como testigo se diluyó en un mar de “no recuerdo”, “yo no estaba”, y otras explicaciones.

“¿Personal policial disparó escopetas con proyectiles de plomo?», consultó el fiscal Martín Lozada. “No me consta”, respondió Larreguy; “¿Sabe si la policía llevó consigo y utilizó armas reglamentarias?. “Reitero que la orden fue que se portaran armas no letales”; “Desde la Unidad Regional Tercera se dio la orden de convocar al BORA, ¿saber si existió orden para convocar a policías de otras circunscripciones?”. “No me consta”.

El ex ministro planteó que nunca fueron enviadas las fuerzas federales de seguridad que tramitaron ante el Gobierno nacional para que se sumen a las tareas de “contención” de los incidentes. “Nos dejaron solos”, se quejó.

Finalmente, aseguró que no existió la orden de buscar munición de plomo en otra dependencia de seguridad o en una empresa de seguridad privada, tal como se denunció y figura acreditado en el expediente.

“Apego por los derechos humanos”

Al ex Gobernador Saiz se lo vio mucho más distendido que a Larreguy. Insistió en que siguió los hechos a través del relato del ex ministro de Gobierno, quien a su vez admitió que la información le llegaba de los Jefes policiales, ya que tampoco se encontraba en Bariloche.

Saiz aseguró que durante su gestión (2003-2011) la Policía tuvo “apego por los derechos humanos” y evitó la represión en diversos casos de reclamos sociales. Ejemplificó con lo sucedido durante el corte de ruta docente “de más de 30 días” en Chichinales, cuando un Juez Federal ordenó el desalojo, pero el Ejecutivo se negó a cumplirlo de forma violenta.

Llegado ese punto, se dio el siguiente cruce con el Fiscal Jefe.

Martín Lozada: Si su política era el no uso violento de la fuerza pública, ¿cómo explica lo ocurrido el 17 de junio de 2010?

Miguel Saiz: Resulta inexplicable. La información que se me dio fue verbal y muy confusa, (es que) podía haber habido la existencia de arma tumbera. Que se podía pensar o que pudo haber habido. No se tenía conocimiento.

Martín Lozada: ¿Sabe si la Policía usó balas de plomo?

Miguel Saiz: No, no lo sé.

El ex Gobernador relató que “24 o 48 horas después” de lo sucedido en Bariloche, reunió a la Plana Mayor de la Jefatura y les dijo, “muy cortito” que “no quería una muerte más en mi Provincia. A pesar que era innecesaria esa reunión, me parecía oportuno recalcar”, explicó.

Al igual que Larreguy, Saiz evitó cargar responsabilidades sobre Cufré; Villanova; el Jefe de la Regional, Argentino Hermosa; Fidel Veroíza y Jorge Carrizo, todos jefes policiales acusados por “negligencia” e “impericia” en el manejo de la represión del 17 de junio; junto a los policías Marcos Epuñán, Víctor Darío Pil, y Víctor Hugo Sobarzo, imputados por la muerte de Sergio Cárdenas.

Tras su declaración, se calzó una campera negra, miró el reloj, y dijo estar apurado porque su primer nieto estaba por nacer. Se había guardado para el final el último de los gestos irritantes. (Santiago Rey)