Esta oferta se presentó en el marco de la Mesa de la Función Pública, donde se mantuvieron conversaciones constructivas con los gremios estatales representados por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), así como en la Paritaria Docente con la UNTER (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro).

La propuesta gubernamental, que fue discutida exhaustivamente durante las reuniones, busca aliviar las tensiones económicas que afectan a los empleados públicos en la provincia. El bono de $60,000 se entregará en dos partes iguales, comenzando en septiembre y concluyendo en octubre. Este beneficio se destinará a los trabajadores cuyos salarios netos teóricos sean inferiores a $400,000.

Es importante destacar que la liquidación de cualquier componente de esta oferta está sujeta a la aprobación integral de la misma, lo que significa que tanto el bono como la revisión de la pauta salarial deben recibir el visto bueno de las partes involucradas.

Un aspecto clave de esta propuesta es la convocatoria a una nueva reunión que tendrá lugar el próximo jueves 14 de septiembre a las 11 a.m. Este encuentro será crucial, ya que se llevará a cabo después de que se publique el índice de precios al consumidor del mes de agosto. Durante esta reunión, se revisará la pauta salarial acumulada en función de los datos económicos más recientes, lo que permitirá ajustar las condiciones salariales de acuerdo con la situación económica actual.

El Gobierno de Río Negro ha expresado su compromiso de trabajar en conjunto con los gremios estatales para abordar las necesidades y preocupaciones de los trabajadores públicos en un momento económico desafiante. Esta propuesta y la futura revisión de la pauta salarial representan un esfuerzo significativo para garantizar que los empleados estatales reciban un trato justo y adecuado en un contexto económico en constante cambio.

En otras palabras, la norma disolvió la posición dominante en el Consejo del gremio conducido por Juan Carlos Scalesi que leyó en eso una “represalia” del gobernador Weretilneck, y recurrió a la Justicia con un planteo de inconstitucionalidad.

El gremio argumentó que la Constitución Nacional establece que es función exclusiva del Gobierno Nacional dictar normas vinculadas a la relación de trabajo, “por lo que la provincia de Río Negro ha dictado una ley violando los poderes cedidos al Congreso de la Nación”.

La norma además modificó la distribución de los fondos de aportes para las obras sociales sindicales y una composición diferente en la representación de los gremios en el IPAP y en la Juntas. Extraoficialmente se menciona una cifra que podría superar los 32 millones de pesos anuales destinada a la obra social sindical de UPCN, que a partir de la sanción de la Ley pasa a distribuirse en partes iguales con ATE.

“Nosotros nos enteramos de que el Estado rionegrino repartía estos fondos (a las obras sociales de los gremios integrantes de la función pública, incluyendo a ATE a partir de la sanción de la Ley) que es 0.5 del total de la masa salarial recién cuando los medios de comunicación lo difundieron”, protestó Scalesi, para quien el gobierno “sacó” a ATE de las calles con el dinero de la obra social.

La Fiscalía de Estado dictaminó en un primer momento la improcedencia del reclamo argumentando que “la ausencia de fundamentación suficiente en la demanda ya que esta es una mera disconformidad del gremio UPCN con la legislación dictada”.

Sin embargo el Procurador General, Jorge Crespo, el pasado 11 de septiembre emitió un dictamen en el que sostiene que a su criterio “cabe otorgar preponderancia a los argumentos esbozados por la demandante (….) en tanto afirma que con la ley 5277 se ha visto afectada su representación y los ingresos patrimoniales”.

Con estos antecedentes el reclamo llegará al Superior Tribunal de Justicia.