El trágico hecho ocurrió el 20 de mayo de 2019 cuando Aníbal Suárez, de 22 años, paseaba con su auto Fiat 147 por el centro de Monte, se cruzó a los jóvenes Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (14) en una plaza y los invitó a dar una vuelta.

Mientras recorrían la ciudad en un momento de solo diversión, dos patrulleros de la Policía bonaerense comenzaron a perseguirlos a los tiros sin mediar palabra y, ante el miedo y al no entender que sucedía, Suárez decidió escapar con los jóvenes para sobrevivir, pero lamentablemente el Fiat 147chocó contra el acoplado de un camión que estaba estacionado a la vera de la ruta.

Allí se constató que Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez murieron en el acto, mientras que Rocío Quagliarello fue la única sobreviviente. En tanto, en la autopsia se pudo confirmar que Domínguez había recibido en su glúteo uno de los 11 disparos que efectuó la Policía.

Desde ese momento comenzó un plan de encubrimiento para que este hecho no trascendiera, ya que, todo lo sucedido daba por confirmado el mal manejo de los uniformados y que dejó el saldo de cuatro víctimas fatales que no habían cometido ningún delito.

De los 23 acusados, hay cuatro que son los principales imputados y que estaban en los patrulleros que realizaron la persecución: Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.

Todos ellos cumplen prisión preventiva por ser coautores de «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público».

El juez de Garantías N° 2 de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, a cargo de la elevación a juicio oral sostuvo en su escrito que se trató de «un lamentable suceso en el cual se investiga la comisión de graves delitos presuntamente cometidos por el personal policial en el ejercicio de sus funciones».

Rocío, la única sobreviviente, estuvo internada casi un mes con diversas fracturas y en todo momento expresó el dolor que le ocasionó la pérdida de sus amigos, siendo ella también protagonista de un delito policial con pocos precedentes.

«Gracias a Dios y a todos los que nos acompañan desde el día 20 de mayo de 2019 que nos dan fuerzas para seguir en este pedido de Justicia. Hace tres años y tres meses que pedimos Justicia y hoy tenemos fecha de juicio. Sé que lo lograremos», posteó la mamá de uno de los jóvenes asesinados.

Por el horario en el que ocurrió la masacre hubo un dato que dio un giro en la investigación. Fue cuando un empleado del centro de monitoreo dio a conocer el video de la persecución policial a los chicos, en los que se ve claramente cómo los policías les disparan desde el móvil al auto en movimiento. Fue el dato clave para que se enfocara la causa en los policías que actuaron esa noche en San Miguel del Monte.

El abogado del dueño del campo manifiesta que «El hijo de mi cliente el viernes hizo un recorrido, a 8 km de la reserva dentro del área protegida, y se encontró con que se levantó un alambrado electrificado y que se abrió un camino paralelo al alambrado. Todo eso se hizo ingresando al campo de mi cliente”, aseguró el abogado en diálogo con Diario Jornada.

Uzcudún sostuvo que “lo grave es que se hizo sobre lugares donde están los pingüinos y nacen sus crías. Los animales no podían transitar libremente, ante eso mi cliente acudió a la reserva y realizó la denuncia».

El abogado aseguró que lo sucedido no respondería a un conflicto sucesorio, ya que la división entre las partes se encuentra dirimida. La Regina evaluaría denunciar penalmente al responsable de la usurpación “para deslindar responsabilidades”.

La estancia llamada “La Perla” , explicó el letrado, habría sido heredada por La Regina y su hermano, quien fue declarado insano y la tutela otorgada a su hijo.

Uzcudún, además, indicó que podrían presentar también una denuncia civil para reparar los daños producidos en las hectáreas invadidas.

La Denuncia penal

El Ministerio de Ambiente de la Nación que conduce Juan Cabandié anunció que hará una presentación ante la justicia. «Vamos a denunciar penalmente a los responsables de la matanza de pingüinos que se produjo en Punta Tombo. Este daño ambiental es irreparable», dijo Cabandié y dispuso el envío de la Brigada de Control Ambiental (BCA) al lugar para fiscalizar las presuntas infracciones a la ley de conservación de fauna.

La denuncia del Ministerio se suma a la realizada por la cartera de Turismo de Chubut. «Mató a los pingüinos para facilitar su paso hacia la playa», afirmó el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Enrique García.

Esta muestra contribuye a la memoria colectiva en la medida en que visibiliza un crimen de lesa humanidad que registra pocos antecedentes en la historia mundial y establece una reparación para con las víctimas, rescatándolas del olvido impuesto por el terrorismo de Estado.

El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea llevaron adelante un ataque sin declaración previa sobre la Plaza de Mayo y otros puntos del centro de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo del grupo de militares y civiles opositores era sembrar el terror y derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, asesinando al presidente y a todo su gabinete.

A las 12 del mediodía, sectores antiperonistas dieron inicio a un violento golpe de estado arrojando 13 toneladas de bombas en la Plaza de Mayo y ametrallando distintos blancos con 34 aviones. Los objetivos principales eran la Casa Rosada, el edificio de la CGT y la entonces residencia presidencial.

Perón, informado de los movimientos militares por el ministro de Ejército, Franklin Lucero, se había retirado al Ministerio de Ejército, ubicado a 200 metros de la Casa Rosada, por lo cual no se encontraba en ella al comenzar los ataques aéreos.

A los criminales, poco les importó que, como cualquier día hábil, la plaza esté repleta de gente inocente que había salido a trabajar, a caminar o simplemente de turismo. Igualmente atacaron y descargaron la primera bomba sobre un trolebús lleno de niños y niñas que habían llegado desde Santiago del Estero para conocer la Capital con sus maestros.

El odio político-social que quedaría impune meses más tarde por los responsables de la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”, se llevó la vida de más de 308 inocentes que azarosamente tuvieron la desgracia de estar caminando por las calles porteñas ese mismo día. Además, esta acción criminal dejó más de 800 heridos.

En 2010, el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos publicó una investigación oficial en la que identificó a las víctimas fatales, aclarando que a los 308 debían sumarse «un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse, como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las deflagraciones».

La fuertísima grabación se viralizó rápidamente por las redes sociales. En la misma se puede ver cómo Tarrant, vestido con ropa militar, dispara con un arma automática a varias personas paradas y luego sigue haciendo lo mismo con aquellos que ya estaban tendidos en el piso. El sujeto cambió el cargador del arma al menos dos veces.

La policía detuvo a tres «extremistas de derecha», uno de los cuales ha sido acusado de asesinato, y desactivó explosivos a punto de estallar.

Además de las víctimas fatales, 48 personas, incluidos niños, están siendo atendidas por heridas de bala en el hospital de Christchurch, con lesiones que «oscilan entre graves a leves», según las autoridades sanitarias de Canterbury, la región donde se encuentra Christchurch.