El veredicto fue leído de manera virtual a través de Zoom. El juez Sánchez Freytes consideró que la conducta de Taborda fue “típica, antijurídica y culpable”, dando por probado el relato de la víctima. Según el magistrado, el testimonio de Bünter fue “claro, coherente y sostenido por pruebas periciales y testimoniales”.

Entre las pruebas destacadas figuran las declaraciones de las policías Ludueña y Peláez, del testigo Gutiérrez, y la pericia psicológica de la profesional forense Papayani, quien constató un daño emocional en la víctima.

Pese a los intentos de la defensa por desacreditar la denuncia —alegando que sólo existía la palabra de la denunciante—, el juez desestimó los argumentos y concluyó que el conjunto de evidencias era sólido.

El tribunal fijó un plazo de cinco días hábiles para que las partes presenten pruebas previas a la audiencia de cesura, donde se determinará la pena correspondiente. Los fundamentos completos del fallo serán publicados una vez finalizada esa etapa, tal como establece el Código Procesal Penal de Río Negro y la Acordada 6/2018 del Superior Tribunal de Justicia.

Taborda, policía retirado, fue designado como responsable de la oficina local de ANSES por Lorena Villaverde, referente provincial de La Libertad Avanza, el espacio político que lidera el presidente Javier Milei.

En 2024, su ex pareja, Carina Bünter, lo denunció por violencia de género y amenazas. Desde entonces, el funcionario tenía impuestas medidas cautelares, entre ellas una restricción perimetral de 100 metros. La investigación estuvo a cargo del fiscal Daniel Zornitta, bajo la supervisión del juez de Garantías Roberto Gaviña.

Aun con la causa en curso, Taborda nunca fue suspendido ni apartado de su cargo. Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial del organismo ni del gobierno nacional sobre posibles sanciones administrativas.

El caso generó una fuerte reacción social y política. Diversos colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos reclamaron su inmediata separación del cargo, al menos hasta que se defina la pena.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa el rol del Estado ante situaciones de violencia de género protagonizadas por funcionarios públicos. Para muchas voces, el silencio institucional es un mensaje peligroso.

“Cada vez que un funcionario condenado por violencia sigue en funciones, el Estado manda una señal equivocada: la de la impunidad”, advirtió una referente local del movimiento de mujeres.

La situación también tensiona a La Libertad Avanza, fuerza que enfrenta críticas por su postura frente a las políticas de género y la prevención de la violencia machista.

El funcionario condenado continúa al frente de una de las dependencias más sensibles del sistema de seguridad social argentino, encargada de atender a cientos de familias de Río Colorado.

Para muchos vecinos y vecinas, su permanencia en el cargo es una afrenta. “¿Cómo puede seguir representando a un organismo del Estado alguien que acaba de ser declarado culpable?”, se preguntan.

El caso, además, se da en un contexto nacional donde la violencia de género sigue siendo una problemática urgente y donde los gestos institucionales tienen un peso simbólico profundo.