El trágico hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2022 en el barrio Esperanza, cuando la pequeña víctima fue atacada por el perro de raza pitbull, propiedad de Fabián Rafael Ledesma. A pesar de los intentos del dueño por detener el ataque, la niña lamentablemente falleció.

La investigación posterior reveló que el pitbull ya había protagonizado al menos tres ataques previos, sin haber sido denunciados. La fiscal Daniela Di Tomaso, a cargo del caso, recabó testimonios de vecinos que alertaban sobre la peligrosidad del animal, especialmente hacia los niños.

El juez de Garantías Gabriel Aldaz homologó el acuerdo alcanzado por la fiscal Di Tomaso y el defensor oficial Facundo Sotelo, quienes determinaron que Ledesma actuó con dolo eventual, es decir, previó la posibilidad de un ataque mortal dada la agresividad del perro.

Con el consentimiento de los padres de la víctima, Ledesma fue inmediatamente trasladado a la unidad penal local, quedando a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Cautelares.

Este caso pone de relieve la importancia de la tenencia responsable de mascotas, especialmente de aquellas razas consideradas potencialmente peligrosas. La correcta socialización, adiestramiento y control de estos animales son fundamentales para prevenir tragedias como la que enlutó a la familia de la pequeña víctima.

La acusación ha basado su argumento en una serie de pruebas contundentes presentadas ante el tribunal. Entre ellas se destacan la denuncia penal interpuesta por el damnificado, una minuciosa inspección ocular realizada por el personal policial en el lugar de los hechos, el informe emitido por un médico veterinario, el acta de entrega de los elementos utilizados en el delito, un registro detallado de la carne confiscada, el informe del Gabinete de Criminalística y la intervención de la Brigada Rural de Río Colorado, entre otros elementos probatorios.

La defensora penal pública que representa al acusado ha expresado su objeción a la formalización de los cargos, alegando una medida de prueba que consideraba innecesaria para el caso. Sin embargo, el juez de Garantías, sin oposición de la defensa, ha tomado la determinación de imponer una medida cautelar al acusado. Esta medida prohíbe al hombre acercarse a menos de 100 metros respecto del denunciante y su lugar de residencia, así como comunicarse de cualquier forma, ya sea telefónica o a través de redes sociales, tanto directamente como por intermediarios.

Finalmente, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, el juez ha decidido formalizar los cargos contra el hombre por el delito de «abigeato», de acuerdo con lo establecido en los Artículos 45 y 167 quater inc. 1° del Código Penal.

En una audiencia de formulación de cargos llevada a cabo en el día de hoy, los acusados, identificados como M.L.V y J.V, enfrentan cargos por maltrato y crueldad animal en calidad de autores, de acuerdo con el artículo 3, inciso 7 de la Ley 14.346. La asistente letrada Julieta González presentó las acusaciones contra los imputados, quienes presuntamente golpearon y sometieron al perro Rocco a un acto de tortura inhumana al arrastrarlo con su camioneta.

El incidente ha provocado indignación en la comunidad local y ha resaltado la importancia de reforzar las leyes de protección animal. Según la teoría del caso investigada por la fiscalía, el perro Rocco fue atado a la camioneta en una escena que desafía la comprensión humana. Testigos presenciales relatan que el animal fue arrastrado durante al menos cinco cuadras, sufriendo múltiples heridas en el proceso.

Vecinos del barrio El Bosque, conmovidos por la agonía del perro, acudieron en su ayuda y prestaron los primeros auxilios a Rocco. El estado en el que quedó el animal es un testimonio vívido de la crueldad que enfrentan algunos seres indefensos en manos de individuos sin escrúpulos. La comunidad ha expresado su apoyo al perro y su repudio a tal acto de barbarie.

El juez de garantías a cargo de la audiencia de formulación de cargos reconoció la gravedad de la situación y ha fijado un plazo de investigación de cuatro meses para esclarecer todos los detalles del caso. Además, como medida precautoria, el magistrado ha impuesto una orden de prohibición de acercamiento y de causar disturbios hacia los testigos, en línea con las peticiones presentadas por la asistente letrada Julieta González.

La comunidad de Plottier se ha unido en solidaridad con Rocco, alzando la voz en contra de la crueldad animal y exigiendo justicia en este caso atroz. La indignación ante tal acto aberrante sirve como un recordatorio de la importancia de fortalecer las leyes que protegen a los animales y garantizan que aquellos que infligen daño sean llevados ante la justicia. La ciudad espera con ansias los resultados de la investigación judicial, esperando que se haga justicia en nombre de Rocco y de todos los seres vivos que merecen ser tratados con respeto y compasión.