El actual presidente, Luis Romeo, fue reelecto y continuará al frente de la institución. Según explicó, la asamblea —considerada el acto más importante dentro de la vida institucional— permitió no solo validar la gestión, sino también habilitar el debate y la participación de los socios mediante el voto. En ese marco, se aprobaron por unanimidad los balances correspondientes a los últimos dos períodos.

Uno de los avances destacados fue la actualización del estatuto, que incorporó cerca de diez nuevos artículos con el objetivo de modernizar el funcionamiento administrativo y legal de la entidad.

En cuanto a la conformación de la nueva comisión directiva, se mantuvo una base de integrantes de la gestión anterior y se sumaron nuevos miembros, en su mayoría personas con experiencia previa en la institución, entre ellos bomberos retirados y exdirectivos. La comisión quedó integrada con Luis Romeo como presidente; Alejo Rojas como secretario; Andrés Pfoh como tesorero; Daniel Pallis como primer vocal; Carlos Tevez como segundo vocal; Víctor Torralba, Pablo Miranda y Héctor Ruiz —representante de Colonia— como vocales. La comisión revisora de cuentas estará a cargo de Liliana Antón y Germán Domínguez.

De cara a esta nueva etapa, Romeo señaló que uno de los principales objetivos será fortalecer la capacitación del personal. “Podemos incorporar tecnología o unidades más modernas, pero sin formación constante no es suficiente”, remarcó. En ese sentido, adelantó que buscarán ampliar las instancias de formación más allá de las propuestas por la Federación provincial.

Además, la institución avanza en la incorporación de una nueva unidad, cuyo proceso administrativo ya finalizó. En los próximos días, el vehículo será retirado del puerto para completar las revisiones técnicas antes de su llegada a la ciudad.

Finalmente, desde la comisión destacaron la importancia del acompañamiento comunitario e invitaron a vecinos y vecinas a acercarse a la institución, ya sea para conocer su funcionamiento o colaborar desde distintos oficios.

Con una comisión renovada y objetivos claros, la Asociación de Bomberos Voluntarios inicia una nueva etapa enfocada en la capacitación, la modernización y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

La novedad se dio a conocer en las últimas horas, luego de que desde el sector emitieran un comunicado para actualizar las restricciones en la atención a afiliados de PAMI ante la falta de recomposición de los ingresos por prestaciones médicas. En ese marco, informó el diario Río Negro, anunciaron que desde el próximo lunes suspenderán prácticas ambulatorias, que se suman a la interrupción de cirugías programadas vigente desde la semana pasada.

En el escrito, remarcaron que siguen «sin tener ningún tipo de respuesta a nuestro reclamo de actualización de los valores retributivos de los servicios médicos que prestamos». Por estos motivos, decidieron avanzar en nuevas restricciones.

«Desde el sector que nuclea clínicas privadas recordaron que desde hace una semana ya se encuentran suspendidas las cirugías programadas, es decir, aquellas que no son urgencias o emergencias», señaló el citado medio y agregó: «A esto se sumará, a partir del próximo lunes, la suspensión de prácticas ambulatorias, que incluyen estudios de diagnóstico por imágenes, consultas con especialistas, cardiología y endoscopías. Por el momento, se mantendrán las atenciones de urgencia y emergencia».

Más medidas.

En el documento, advirtieron que las prestaciones ambulatorias «ya están absolutamente limitadas» por medidas implementadas por el propio PAMI, que estableció cupos tanto por afiliado como por prestador, e incluso para autorizaciones excepcionales en casos urgentes. Por otro lado, anticiparon que en caso de no haber respuestas concretas «a partir de la primera semana de mayo podría verse afectada la atención en guardia».

Para las clínicas y sanatorios, la solución depende de PAMI y las autoridades nacionales. En su caso, hasta el momento buscaron «resguardar, hasta donde nos sea posible, lo más crítico del sistema que son las atenciones de urgencias y emergencias». Finalmente, informó el medio, indicaron que continúan a la espera de una convocatoria para dialogar con el organismo y que mantienen su disposición para encontrar una salida al conflicto.

Fuente: Diario La Arena

El legislador provincial Leandro García expresó su profunda preocupación por el abordaje que está llevando adelante el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro frente a la reciente aparición de amenazas de tiroteos en distintas instituciones educativas del territorio provincial.

“Estamos ante una situación de extrema gravedad que no puede ser minimizada ni abordada con respuestas parciales. Lo que está ocurriendo en nuestras escuelas exige un Estado presente, con políticas integrales, recursos y capacidad de anticipación”, sostuvo Leandro García.

En ese sentido, el legislador señaló que la respuesta oficial ha sido insuficiente y predominantemente reactiva, centrada en protocolos generales y medidas de contención que, si bien son necesarias, “resultan claramente limitadas frente a un fenómeno complejo que involucra violencia simbólica, entornos digitales sin abordajes y una profunda crisis en los vínculos y el entramado social”.

El legislador también cuestionó la adopción de medidas que criminalicen a los chicos/as y a sus familias en algunas instituciones, advirtiendo que “convertir a la escuela en un espacio de control y vigilancia no solo no resuelve el problema de fondo, sino que debilita su rol pedagógico y comunitario”.

Asimismo, remarcó que esta situación no puede analizarse por fuera del contexto de desfinanciamiento educativo que atraviesa la provincia: “No hay forma de abordar seriamente estos conflictos sin equipos interdisciplinarios suficientes, sin políticas de salud mental, sin darle las herramientas a los equipos técnicos y pedagógicos, con docentes sobrecargados y con escuelas que muchas veces funcionan en condiciones precarias”.

“El Gobierno pretende que la escuela contenga todo, pero al mismo tiempo la deja sin herramientas. Esa contradicción es insostenible”, afirmó.

Finalmente, García sostuvo que lo que está en juego “no es solo la seguridad en las escuelas, sino el modelo educativo que queremos construir”, y advirtió: “Si la respuesta del Estado es más ajuste que inversión, más protocolo que política pública, y más reacción que prevención, el problema no se va a resolver: se va a profundizar”.

Lo cierto es que las imágenes que circularon en los últimos días refuerzan esa preocupación. Se observan fisuras, deformaciones y un desgaste que ya no pasa desapercibido. ¿Cuánto más puede resistir la estructura en estas condiciones? Esa es la pregunta que hoy se hacen muchos.

El pedido formal a Nación y la falta de respuestas

El reclamo del gobernador no surgió de la nada. Días antes, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos junto a Vialidad Rionegrina, se había elevado un pedido formal a Nación para conocer el estado real del puente y las obras previstas.

Según explicaron fuentes oficiales, la solicitud apunta a obtener certezas: si hay estudios actualizados, si existen planes de reparación y, sobre todo, en qué plazos podrían ejecutarse. Hasta ahora, la incertidumbre sigue siendo protagonista.

Weretilneck fue claro al respecto: pidió que el organismo nacional “arbitre las medidas necesarias” para resolver tanto los problemas estructurales como el mantenimiento pendiente.

Tránsito pesado y desgaste acelerado: el trasfondo del problema

No hay que perder de vista un dato clave: el puente no solo soporta tránsito local. En los últimos años, el flujo de camiones creció de forma sostenida, especialmente por la actividad vinculada a Vaca Muerta, lo que intensificó el desgaste.

A esto se suma otro factor que genera ruido: la falta de controles de peso en la zona, una situación que —según advierten desde la Provincia— termina acelerando el deterioro de la infraestructura.

Como si fuera poco, el desgaste no se limita a la estructura principal. La calzada también muestra signos de fatiga, lo que complica aún más la circulación diaria.

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Un riesgo latente y una demanda que crece

El planteo de fondo es garantizar condiciones seguras en un punto neurálgico de la región. Miles de personas cruzan ese puente cada día, ya sea por trabajo, producción o vida cotidiana.

Mientras tanto, crece la inquietud. ¿Se actuará a tiempo? ¿Habrá una respuesta concreta en el corto plazo? Por ahora, lo único claro es que el reclamo ya está instalado en la agenda pública.

Y, como suele pasar en estos casos, la presión social no parece que vaya a bajar.

Lo cierto es que no alcanza con “más o menos saber” cómo está el clima. Consultar el índice cada día es clave, porque de ese número dependen las restricciones que rigen en toda la provincia.

Prohibiciones que rigen siempre, sin importar el índice

Hay límites que no se discuten y que están vigentes todo el año. Está prohibido hacer fuego en espacios públicos, como playas, senderos, veredas y sectores similares. Tampoco se permiten quemas de ningún tipo, en ningún lugar, sin excepciones.

Estas restricciones permanentes buscan reducir al mínimo las situaciones de riesgo que, en segundos, pueden convertirse en incendios de gran magnitud.

Cuando el riesgo es EXTREMO, no hay excepciones

Cuando el índice de peligro de incendios alcanza el nivel EXTREMO, la prohibición es total. En ese escenario, no se puede hacer fuego en ningún punto de la provincia de Río Negro, incluidos terrenos privados, campings y espacios recreativos, estén donde estén.

No importa si el lugar parece seguro o si “siempre se hizo así”. Con riesgo extremo, el fuego queda completamente fuera de juego.

Fuego en propiedades privadas: un punto sensible

Uno de los temas que más dudas genera es el uso del fuego en propiedades particulares. La normativa es clara: con índice EXTREMO, el fuego al aire libre está prohibido bajo cualquier circunstancia.

Incluso actividades cotidianas como el asado representan un riesgo alto. En esos días, solo se permiten espacios cerrados y seguros, siempre respetando las condiciones establecidas para esa jornada. No hay margen para improvisar.

¿Qué pasa con los “lugares habilitados”?

Desde el SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) fueron claros: el organismo no otorga habilitaciones. Su función es realizar inspecciones y emitir recomendaciones técnicas, en el marco del decreto vigente, para reducir riesgos y mejorar la seguridad.

Es decir, no existe una “autorización automática” para hacer fuego: todo depende del índice diario y del contexto.

Cómo y dónde denunciar: un detalle que hace la diferencia

Ante una situación de riesgo o un incendio, las denuncias deben realizarse exclusivamente por canales oficiales:

103 – Protección Civil

Las redes sociales y los teléfonos personales del personal no son vías válidas. No es un capricho: cada llamado mal direccionado puede demorar una respuesta urgente.

El rol clave del radio operador en una emergencia

Durante un incendio, el radio operador es una pieza central. Mantiene la comunicación con los combatientes en el terreno y gestiona los recursos necesarios en tiempo real. Por eso, cuando se llama al SPLIF, hay que ir al punto.

Informar claramente el motivo del llamado, indicar el lugar con la mayor precisión posible y escuchar las indicaciones. Cada segundo cuenta: una línea ocupada de más puede afectar toda la coordinación operativa.

Qué hace y qué no hace el SPLIF

Un dato que suele generar confusión: el SPLIF no investiga las causas de los incendios. Su rol está enfocado en la prevención operativa, la respuesta ante emergencias, la contención y el combate del fuego. La investigación queda en manos de otros organismos.

Prevención sostenida: el trabajo que no siempre se ve

Más allá de las emergencias, hay un trabajo silencioso y constante. Difusión diaria del índice, comunicación permanente por redes sociales y WhatsApp oficial, articulación con distintos sectores y acciones territoriales de prevención.

Puede parecer repetitivo, pero no lo es. En materia de incendios, la información a tiempo también salva territorio, recursos y vidas.

La llegada de Laura Ortiz a la secretaría general confirmó lo que ya se insinuaba durante la campaña gremial: un perfil más combativo, dispuesto a confrontar con el Gobierno provincial y a dejar atrás la lógica de acuerdos parciales.

“Poner al sindicato de pie”, fue una de las consignas que acompañaron la asunción. Y esa idea empezó a tomar forma rápidamente con la presentación del primer pedido formal de convocatoria a paritarias.

El mensaje fue directo, sin demasiados rodeos: si no hay respuestas ahora, el conflicto se proyecta hacia el inicio del próximo ciclo lectivo.

Para entender el malestar docente, hay que mirar los números finos del recibo de sueldo. Según denuncia Unter, desde septiembre de 2025 no hay aumentos reales al salario básico.

En ese contexto, el Gobierno provincial optó en los últimos meses —octubre y diciembre— por otorgar bonos no bonificables. Una decisión que, lejos de descomprimir, profundizó el conflicto.

Desde el gremio lo explican con una frase que se repite en las salas de maestros: “el bono es pan para hoy y hambre para mañana”. Al no incorporarse al básico, esas sumas no impactan en la antigüedad, la zona desfavorable ni en el cálculo jubilatorio. Como si fuera poco, achatan la escala salarial y reducen la diferencia entre quienes recién se inician y quienes tienen años de carrera.

El reclamo central es concreto: una recomposición del 30% al básico, como paso previo a cualquier discusión sobre la pauta salarial de 2026.

El conflicto no se limita a lo salarial. Otro punto sensible es el sistema de auditorías médicas tercerizadas, que la nueva conducción exige derogar de manera inmediata.

Acompañada por Mauricio Ovadilla (secretario adjunto) y Gabriela Aguilar (secretaria gremial), Ortiz fue clara en su postura: consideran que el actual esquema vulnera derechos y genera un clima de sospecha permanente.
“Se criminaliza la enfermedad. Un docente enfermo no es un sospechoso”, sostienen desde Unter, cuestionando un mecanismo que califican de invasivo y excesivamente burocrático.

El tercer eje del planteo apunta al estado de las escuelas. Según el sindicato, existe una subejecución del presupuesto educativo, mientras se repite todos los años la misma postal: edificios sin gas, filtraciones, techos en mal estado y aulas que no están en condiciones al inicio de clases.

La exigencia es clara: que enero y febrero se utilicen para realizar reparaciones reales, y no solo trabajos cosméticos de último momento. La idea es evitar que el debate educativo vuelva a arrancar, como tantas veces, con escuelas que no están listas para enseñar ni para aprender.

Qué puede implicar este escenario para 2026

El cierre del ciclo lectivo 2025 llega, así, con una advertencia que atraviesa a toda la comunidad educativa rionegrina. El inicio de clases 2026 está condicionado y dependerá de las respuestas que dé el Gobierno en las próximas semanas.

Desde Unter aseguran que no buscan el conflicto por el conflicto mismo, pero también dejan en claro que no habrá dilaciones eternas. Según referentes gremiales, la pelota está ahora del lado del Ejecutivo provincial.
La pregunta empieza a circular, casi inevitablemente, en cada hogar con chicos en edad escolar: ¿habrá clases el 2 de marzo? La respuesta, por ahora, sigue abierta.

Frente a este escenario, el proyecto propone un cambio de paradigma: responsabilizar también a los adultos que, por acción u omisión, permiten que el maltrato continúe. “El objetivo no es castigar por castigar, sino promover la prevención y la intervención temprana”, explicaron desde el entorno del legislador.

De aprobarse, la ley determinaría que los padres, madres o tutores de un alumno que ejerza acoso, discriminación o violencia física o psicológica hacia otro compañero deberán actuar de forma inmediata para detener la conducta. Si no lo hacen, podrían enfrentar una multa económica de hasta 30 JUS (una unidad judicial que ronda los 65.000 pesos), lo que hoy equivale a casi dos millones de pesos.

Pero el castigo no será sólo económico. Los adultos responsables también deberán asistir a talleres o espacios de orientación organizados por el Ministerio de Educación o el Consejo Provincial de Educación, enfocados en convivencia escolar, responsabilidad parental y prevención de la violencia.

El proyecto aclara que estas sanciones no se aplicarán cuando se compruebe que los padres actuaron con diligencia razonable o que existieron circunstancias de fuerza mayor o problemas de salud que justificaran la falta de intervención.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la obligatoriedad de denunciar el acoso escolar dentro de las 24 horas posteriores a su detección. Las autoridades educativas deberán comunicarlo al Consejo Provincial de Educación, al Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, o incluso a la Justicia, en caso de configurarse un delito.

La iniciativa también contempla la reubicación urgente del alumno afectado en otro establecimiento, como medida de resguardo físico y emocional. De esta manera, se busca evitar que la víctima siga conviviendo con su agresor, un reclamo que muchas familias vienen planteando hace años.

La falta de denuncia o dilación será considerada una falta grave, y podría derivar en sanciones administrativas, civiles o penales para los responsables, según la gravedad del caso.

El proyecto de Domínguez todavía debe tomar estado parlamentario y ser analizado en las comisiones legislativas. Recién después, si logra consenso, podría llegar al recinto para su debate final. Sin embargo, el solo hecho de que se haya presentado ya abrió una conversación necesaria en la comunidad educativa.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los adultos? ¿Qué herramientas tienen las escuelas para actuar ante el acoso? Son preguntas que este proyecto pone sobre la mesa, y que, más allá de la letra de la ley, exigen un compromiso social más amplio.

Lo cierto es que el bullying escolar sigue dejando huellas profundas en quienes lo padecen, y la provincia de Río Negro busca dar un paso firme para cambiar esa realidad.