Uno de los golpes más fuertes fue el escándalo de corrupción que salpicó a Karina Milei, hermana del Presidente y actual secretaria general de la Presidencia. A eso se sumó la derrota electoral en Buenos Aires, donde el peronismo logró sacarle más de 13 puntos de diferencia, una brecha que expuso la distancia entre el oficialismo y una parte importante del electorado.

Un presidente “belicoso” con menos apoyos

El Financial Times subraya que los problemas de Milei no se limitan a lo económico. En el Congreso, donde el oficialismo es minoría, el Presidente no logró consenso para avanzar con proyectos clave, como la emergencia en discapacidad, el financiamiento de universidades y la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Todos esos intentos chocaron con un muro de rechazo y posteriores vetos del Ejecutivo.

La consecuencia de esta tensión se refleja en las encuestas: por primera vez desde su asunción, la aprobación presidencial cayó por debajo del 40%. Para el diario británico, esto debilita la posición del mandatario frente a los gobernadores, quienes podrían exigir mayores transferencias de recursos a cambio de apoyar sus reformas.

Según Nurgent, Milei —descrito como un líder de estilo “belicoso”— mostró un gesto inusual tras la derrota en Buenos Aires: se lo vio arrepentido, un matiz poco frecuente en su discurso habitual.

Desafíos urgentes y riesgos políticos

El informe advierte que el Presidente necesita reaccionar con rapidez si quiere recuperar la iniciativa. ¿Cómo? Fortaleciendo su presencia política, mostrando capacidad de diálogo y tejiendo acuerdos con los gobernadores. De no hacerlo, los próximos meses podrían complicarse todavía más.

La principal amenaza sigue siendo la recuperación económica que no termina de consolidarse. La frustración de los votantes, según el Financial Times, podría ampliarse si octubre trae nuevos resultados adversos y no aparecen señales concretas de gestión eficaz.

Lo cierto es que Milei enfrenta una encrucijada: o logra recomponer consensos y encaminar su proyecto político, o corre el riesgo de ver debilitada su autoridad en el tramo más desafiante de su mandato.

En total, el plan prevé la incorporación de 480 cámaras fijas, 120 domos, 150 lectoras de patentes (LPR) y 10 tótems de seguridad, todos ubicados en puntos estratégicos definidos en conjunto con los municipios. Además, ya se inició el proceso de incorporación de más de 100 agentes capacitados que estarán a cargo de operar el nuevo sistema de monitoreo.

Próximas etapas del plan

Durante los próximos meses, ALTEC continuará con la instalación y mantenimiento de dispositivos similares en otras localidades de la provincia, siempre en articulación con el Ministerio de Seguridad y Justicia. Este ambicioso proyecto reafirma el compromiso conjunto con el desarrollo de una infraestructura tecnológica moderna y segura para todos los rionegrinos y rionegrinas.

En este marco, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo, mantuvo una reunión con el intendente de Río Colorado, Duilio Minieri, donde analizaron los avances en materia de seguridad en la localidad. En particular, abordaron la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia al sistema RN Emergencias 911, como parte del plan de fortalecimiento del monitoreo urbano y la mejora en la prevención del delito.

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Desde el Club Deportivo Anguilense, y rodeado de dirigentes, funcionarios y representantes de más de un centenar de clubes de toda la provincia, Sergio Ziliotto confirmó lo que muchos en el ambiente venían esperando: el Estado provincial invertirá más de 5.000 millones de pesos hasta 2026 para seguir fortaleciendo a los clubes como espacios de inclusión, desarrollo y convivencia.

“Invertir en deporte es invertir en calidad de vida”, sostuvo el mandatario. Pero también —y esto no pasó inadvertido— es una estrategia para amortiguar el impacto de una crisis que golpea, sobre todo, a los sectores más vulnerables.

Más que canchas y pelotas: infraestructura, contención y comunidad

El plan relanzado contempla cuatro ejes que ya están en marcha y que seguirán profundizándose: infraestructura, iluminación eficiente, apoyo a clubes en competencias nacionales y material deportivo. El objetivo es claro: que ningún club pampeano se quede afuera por falta de recursos básicos.

El subsecretario de Deportes, Ceferino Almudevar, repasó el camino recorrido desde los días más duros de la pandemia: “Pasamos de administrar la emergencia a construir un modelo integral”. Y en ese proceso, el acompañamiento estatal fue clave: “En 2020, el presupuesto era de 73 millones. Para 2025, será de casi 2.000 millones. Hoy ya se ejecutaron más de 1.200 millones”, detalló Ziliotto.

Uno de los ejemplos más concretos es el programa de iluminación: 77 espacios deportivos de 36 localidades que antes quedaban a oscuras al caer la tarde, hoy tienen luz propia. Literal y simbólicamente.

Los clubes como sostén en tiempos difíciles

En su discurso, Ziliotto no esquivó la realidad nacional. Con tono firme, hizo referencia al deterioro del entramado social y al rol de los clubes como escudos frente a esa fragmentación: “En tiempos de crisis, hay que reforzar lo que funciona. Y los clubes funcionan”.

La intendenta de Anguil, Daniela Fernández, también dejó un mensaje fuerte: “Mientras el gobierno nacional destruye, nosotros reparamos. Acá, 270 chicos y chicas encuentran contención todos los días. No vamos a entregar esa bandera”.

El acompañamiento institucional, destacó Ziliotto, es tan técnico como humano: “El control también es docencia. Gracias al Tribunal de Cuentas, los clubes saben qué documentación presentar, cómo administrar los recursos. Queremos que esto sea sustentable y transparente”.

¿Qué implica este relanzamiento para La Pampa?

Más allá de las cifras —siempre necesarias, pero no suficientes—, este plan tiene un impacto palpable en la vida cotidiana de miles de pampeanos. Desde el chico que juega al vóley en General Pico hasta la nena que entrena atletismo en Jacinto Arauz, pasando por el profe que arma los equipos en Toay o los dirigentes que, con esfuerzo y vocación, mantienen vivo al club del barrio.

30.000 jóvenes participan activamente en clubes pampeanos y escuelas deportivas municipales. El dato no es menor: en una provincia donde los vínculos comunitarios son fundamentales, el club es muchas veces el primer lugar donde se aprende a convivir, a competir sanamente y a construir ciudadanía.

Mirando hacia adelante: trabajo conjunto y compromiso mutuo

Ziliotto cerró su intervención con un llamado a la acción: “Hicimos mucho, pero no alcanza. Necesitamos de ustedes, de su mirada crítica, de su compromiso. Todos somos falibles. Todos podemos mejorar”.

Almudevar lo sintetizó con claridad: “Nos dimos el lujo de pensar en serio un plan estratégico. Hoy, cada club sabe que cuenta con una herramienta estable. Ya no tienen que remar solos”.

Y es que, en definitiva, el deporte no es un lujo ni un accesorio. Es una política pública que construye futuro. En La Pampa, esa convicción parece estar más firme que nunca.

A la mesa se sumaron dirigentes de Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista y Desde el Pie, fuerzas que adhieren y apoyan a los candidatos y la plataforma del Frente, pero no cuentan con reconocimiento en la Justicia Federal de La Pampa.

Entre los acuerdos logrados se destaca el compromiso de que los candidatos y candidatas del Frente que resulten electos no votarán leyes que se encuentren enfrentadas a los intereses de La Pampa, de las y los trabajadores, jubiladas y jubilados, y de la educación pública.

También, la obligación de apoyar legislación en defensa de los recursos naturales argentinos, el ambiente y de cuidado ante el cambio climático.

Se ratificó la defensa de los derechos de la población pampeana como principal objetivo, frente a los casos de legisladores y legisladoras votados por el electorado provincial, pero que, al momento de levantar la mano, lo hicieron en contra de La Pampa.

Finalmente, expresaron su confianza en que toda la dirigencia política provincial que se sienta identificada con los postulados de velar por la mejora constante en la calidad de vida de la población pampeana, defendiendo la salud, la educación, la seguridad y los derechos de las familias pampeanas, se sume al Frente y trabaje para demostrar que en La Pampa se privilegia la tranquilidad y el bienestar de las y los pampeanos.

Pesatti remarcó que estos organismos no solo cumplen funciones administrativas, sino que son pilares fundamentales del desarrollo nacional. “Estamos asistiendo a una ofensiva contra estructuras esenciales para la salud, la producción y la integración territorial”, sostuvo, al tiempo que se solidarizó con los trabajadores y trabajadoras que “hoy están siendo vaciados de manera deliberada”.

El vicegobernador puso especial énfasis en la relevancia de Vialidad Nacional, a la que calificó como “una columna vertebral de la infraestructura argentina”. En un país como el nuestro, donde las distancias geográficas son amplias y la conectividad es clave para el desarrollo regional, Pesatti advirtió que “sin caminos no hay economía, sin caminos no hay país posible”.

Otro de los puntos que generó fuerte repudio por parte del funcionario fue la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer, un organismo que coordinaba políticas de prevención, tratamiento e investigación de una de las enfermedades que más afecta a la población. “Cerrar un organismo como el Instituto Nacional del Cáncer es un acto de insensatez que vulnera derechos y deja en evidencia la falta total de sensibilidad social”, expresó con dureza.

El cierre de estos organismos se enmarca en el plan de ajuste impulsado por el Gobierno Nacional, con el objetivo declarado de reducir el gasto público. Sin embargo, para muchos sectores políticos, sindicales y sociales, estas medidas implican una pérdida de capacidades estratégicas del Estado y una grave afectación a derechos ciudadanos.

Desde distintas provincias se han alzado voces en defensa de las instituciones públicas, entendiendo que su desaparición impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas, desde la transitabilidad de las rutas hasta el acceso a la salud y el desarrollo tecnológico.

Pesatti hizo un llamado a toda la sociedad para reflexionar sobre el modelo de país que se está construyendo. “Frente a este modelo de desguace, quienes creemos en una Argentina que produce, investiga, cuida y se integra debemos hacernos oír”, manifestó, destacando que “defender lo público no es aferrarse al pasado, es comprometerse con un proyecto de país donde el progreso no sea el privilegio de unos pocos, sino una oportunidad para todos”.

Lejos de posicionarse en una discusión partidaria, el vicegobernador propuso pensar el debate desde la perspectiva comunitaria: “No estamos discutiendo ideologías, estamos discutiendo el sentido mismo de lo que significa construir comunidad”. En ese marco, su intervención se suma a una creciente preocupación que recorre diversos sectores del país ante un proceso que, más allá del ajuste económico, plantea profundas transformaciones en el rol del Estado argentino.

«Vamos a sostener el veto presidencial. Esto ya fue adelantado por Mauricio Macri, presidente de nuestro partido, y nosotros reafirmamos esa postura», declaró Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, ante los medios acreditados en la Casa de Gobierno.

Ritondo argumentó que la ley implica un desvío relacionado con el déficit fiscal y expresó: «Se volvió a crear una ley sin considerar de dónde saldrían los fondos para financiarla».

«Estamos ante la misma situación que generó el populismo: cuando se enfrenta un déficit fiscal, las opciones son imprimir dinero o endeudarse, ambas negativas. Esta ley generaba un déficit entre el 1,2% y el 1,8% del PIB», explicó Ritondo, enfatizando que con el apoyo del PRO, la oposición no alcanzará los dos tercios necesarios para insistir con la ley.

Asimismo, Ritondo adelantó que la postura del Presidente respecto a la Ley de Presupuesto se centra en el objetivo de «déficit cero», una política que el Ejecutivo ha defendido consistentemente.

En el encuentro participaron, además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por solicitud del Presidente.

Durante la reunión, Milei conversó inicialmente con los jefes de bloque Cristian Ritondo, Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), y luego se reunió de manera ampliada con el resto de los legisladores de esos bloques.

Fuentes oficiales informaron que Milei explicó a los legisladores las razones del veto a la ley de jubilaciones y buscó asegurar el apoyo necesario para evitar que la oposición reinstale la norma.

Con el respaldo de estos bloques dialoguistas, el gobierno tenía previsto publicar anoche, de manera excepcional, el decreto de veto que bloquea el incremento del 8,1% en las jubilaciones.

Este movimiento estratégico, según las mismas fuentes, forma parte de los acuerdos alcanzados en las recientes reuniones entre Milei y Macri en la Quinta de Olivos.

En la Casa Rosada estuvieron presentes diputados como María Eugenia Vidal, Luciano Laspina y Diego Santilli (PRO), junto a senadores libertarios como Bartolomé Abdala, Vilma Bedia y Ezequiel Atauche, entre otros legisladores.

Al referirse a la situación de los jubilados, Milei destacó que «las jubilaciones han aumentado en términos reales un 5%, es decir, han superado a la inflación» desde que comenzó su mandato libertario.

Más adelante, abordó la posibilidad de vetar la ley aprobada recientemente en el Congreso: «Voy a vetarla en su totalidad. Siempre hago lo que digo, mi palabra es innegociable, y no permitiré que los irresponsables fiscales que buscan arruinar al país avancen ni un centímetro».

Discurso del Presidente Javier Milei en la conmemoración de los 140 años de la Bolsa de Comercio de Rosario. pic.twitter.com/TjUnszJwgk

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 24, 2024

El conflicto comenzó después de que los diputados del PRO en el Congreso votaran en contra de la medida impulsada por el oficialismo, lo que provocó una reacción furiosa por parte de los seguidores de Milei, quienes previamente consideraban al PRO como un aliado del Gobierno.

«No compartimos ni compartimos nunca la misma ideología. Vos engañaste a tus votantes y te rendiste a la agenda que defienden los kirchneristas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gestión y en las elecciones. La diferencia es de fondo», publicó en X «el Gordo Dan», uno de los principales referentes en redes del entorno presidencial.

Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, exlíder del PRO, cuestionó la postura de su partido y afirmó: «Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente, un país que sufrió dos atentados… y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para proteger a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo en su rechazo, decidieron alinearse con las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán asumir las consecuencias!».

En medio de esta ola de críticas, Macri dejó trascender: «Hace ocho meses que nos vienen tomando el pelo. No cumplen nada con nuestros gobernadores, no aceptaron la integración, y esto de la SIDE institucionalmente está mal”, según reveló el periodista Lautaro Maislin.

El PRO toma distancia del Gobierno y rechaza el DNU que asignaba $100 mil millones a la SIDE

En un nuevo golpe legislativo para el Gobierno, la Cámara de Diputados rechazó esta tarde el DNU que destinaba 100 mil millones de pesos a la SIDE. Para que el decreto sea anulado, el Senado deberá confirmar la decisión.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coalición Cívica impulsaron la sesión especial, a los que se sumaron el Frente de Izquierda y, este mismo miércoles, sectores de la Unión Cívica Radical y del PRO, cercanos a Mauricio Macri, luego de que el Gobierno no reconociera al senador Martín Goerling (PRO) como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia.

El PRO justificó su decisión de no apoyar la propuesta gubernamental y declaró: «Esto no es el cambio».

En un comunicado contundente en redes sociales, desde el PRO subrayaron: «Desde el inicio de esta gestión, respaldamos al Gobierno en todas las medidas que promovían el cambio en Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin claridad sobre el destino de los fondos, no es el cambio».

Los senadores sí se beneficiarán de la suba, que fue firmada por las autoridades del Senado, incluyendo a María Laura Izzo, secretaria administrativa, y Agustín Giustinian, secretario parlamentario. En la Cámara de Diputados, las firmas correspondieron a Laura Oriolo, secretaria administrativa, y Diego Molina Gómez, secretario general, junto con representantes de los sectores sindicales como Norberto Di Prospero y Fabián Zacardi de la APL (Asociación del Personal Legislativo), Claudio Britos de ATE, y Martín Roig de UPCN.

Cabe recordar que en abril, la Cámara alta aprobó una resolución que vincula los aumentos salariales de los legisladores con los de los empleados legislativos. Esta medida fue impulsada por Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, y contó con el respaldo de legisladores de diversas fuerzas políticas, incluido Bruno Olivera Lucero de La Libertad Avanza. La normativa establece que, desde mayo de este año, los senadores nacionales recibirán 13 dietas anuales, cada una equivalente a 2500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos adicionales por desarraigo. El valor del módulo se ajusta conforme a la Ley 24.600, que regula los salarios de los empleados legislativos.

La aprobación de esta medida, realizada el 18 de abril a mano alzada, generó tensiones dentro del oficialismo, particularmente con Victoria Villarruel, quien respondió a las críticas a través de sus redes sociales. Villarruel aclaró que, como presidenta del Senado, no es senadora, no cobra un salario del Senado, y no tiene autoridad para intervenir en decisiones de este tipo. También señaló que el proceso fue completamente legal y que carece de herramientas para detenerlo.

Por su parte, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, decidió desvincular los salarios de los diputados de los de los empleados legislativos, estableciendo un cuadro de aumentos que fija las dietas de los diputados en 2,6 millones de pesos mensuales netos.

«Se viene más libertad», declaró el funcionario en una entrevista con el canal TN.

Sturzenegger explicó que «aún queda por reglamentar la parte de la Ley Bases relacionada con la reforma laboral. Tenemos un plazo límite para completar esta reglamentación, liderada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en colaboración con el Banco Central, la AFIP, la ANSES y otras áreas competentes».

Además, subrayó la relevancia del Fondo de Cese Laboral, mencionando que las relaciones laborales en Argentina están marcadas por una elevada incertidumbre y costos asociados a los procesos de indemnización y despido, lo que incrementa significativamente los costos laborales, especialmente para las pymes y otras empresas.

Para ilustrar la importancia de esta iniciativa, Sturzenegger mencionó el caso de la UOCRA, una industria que ha desarrollado un régimen laboral específico que facilita la rotación de trabajadores entre proyectos, logrando un equilibrio entre los intereses empresariales y sindicales, con resultados positivos dado el contexto particular de ese sector.

El ministro detalló que el artículo de la Ley Bases «permite a cada industria diseñar su propio convenio para resolver estos desafíos. Estamos trabajando en la reglamentación de este artículo con el objetivo de que los beneficios alcancen tanto a trabajadores como a empresas y sindicatos».

Sturzenegger concluyó que el objetivo es que esta reglamentación posibilite la implementación del nuevo sistema sin generar resistencia por parte de empresarios o sindicatos, ya que ambos sectores se beneficiarían, mientras que la industria del juicio, que consume muchos recursos, sería la única perjudicada.

Este novedoso sistema «ofrecerá a empleados y empleadores la posibilidad de establecer acuerdos más favorables que los actuales bajo la Ley de Contrato de Trabajo», indicó Sturzenegger, aunque aclaró que «no será obligatorio», permitiendo a las empresas y trabajadores optar por no adoptarlo si consideran que no es beneficioso.