La organización del Tránsito es una de las tareas que más requiere el trabajo conjunto. En este sentido, el día miércoles por la mañana también se realizaron operativos en calle San Martín, requiriéndose en esta ocasión la intervención de personal policial de la Unidad 11 para detener a un conductor que no cumplía con la reglamentación vigente, y tras una discusión intentó darse a la fuga.

Desde el Municipio se insiste en que estas tareas de control no solo apuntan a detectar irregularidades, sino también a concientizar a los conductores, con el fin de proteger la vida de quienes transitan por la vía pública. En otro orden, el trabajo conjunto entre Inspectoría, Fiscalía y Policía también abarca otras áreas, como por ejemplo venta de pirotecnia, maltrato animal y comercialización clandestina de alcohol, temas que también han motivado intervenciones y procedimientos coordinados durante 2025.

La relación entre ambos había terminado apenas dos meses antes, pero desde entonces, según contó J.G. en la comisaría local, la joven le había enviado amenazas reiteradas. “Decía que iba a tirar o matar al chico”, aseguró, visiblemente conmocionado. Esta vez, en lugar de palabras, vino la prueba: el video.

No hay que olvidar que, en casos de violencia intrafamiliar, muchas veces las señales se ignoran hasta que es demasiado tarde. Aquí, la denuncia llegó a tiempo —aunque a nadie debería sorprenderle que un mensaje así encienda todas las alertas del sistema de protección.

Tras la denuncia, la Fiscalía N°4 de Villa Ángela y la Unidad de Protección Integral (UPI) actuaron con celeridad. En cuestión de horas, los dos niños que vivían con D.M.E. —el bebé de siete meses y un pequeño de dos años— fueron resguardados y pasaron a la custodia provisoria de su padre.

Los exámenes médicos no dieron buenas noticias. El bebé tenía un hematoma en la rodilla izquierda y en la zona lumbar, además de palidez cutánea y signos compatibles con anemia. El otro niño presentaba excoriaciones en la espalda, también palidez y mucosas pálidas, indicadores frecuentes de desnutrición o negligencia crónica.

¿Qué tanto había sufrido estos chicos antes de que alguien actuara? Aún no está claro, y esa incertidumbre duele. Pero al menos ahora están a salvo, bajo la vigilancia de un sistema que, por una vez, pareció funcionar sin demoras.

Como si fuera poco, este episodio se suma a otro caso grave ocurrido apenas once días antes, también en la provincia del Chaco. El 12 de diciembre, en Machagai, fue detenido Agustín Alejandro Ramos, acusado de atacar a su pareja, su hija de un año y cinco meses y su suegra con un cuchillo mientras veían una película.

La beba sufrió una herida en el rostro que requirió puntos de sutura. Su abuela terminó con una fisura maxilofacial. Las tres —madre, hija y abuela— debieron ser internadas. El caso está caratulado como “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y lesiones leves”, y la familia pide que el acusado no quede en libertad.

Ambos hechos, separados por apenas unas semanas y unos kilómetros, muestran una triste realidad: la violencia intrafamiliar no es un caso aislado. Es un patrón. Y en muchos lugares del interior del país, como en el Chaco, los recursos para prevenirla siguen siendo insuficientes.

La madre ya fue notificada de su situación legal y, por ahora, no puede tener contacto con ninguno de los menores. La fiscalía continúa con la investigación, y en los próximos días podrían tomarse nuevas decisiones sobre la custodia definitiva, posibles cargos penales o intervenciones sociales.

Mientras tanto, la comunidad de Villa Berthet vive conmocionada. Vecinos dicen que “nadie se esperaba algo así”, aunque algunos reconocen que “había rumores”. La pregunta que queda flotando es incómoda, pero necesaria: ¿cuántas veces se ignoró una señal antes de que todo explotara?

Lo cierto es que hoy, al menos, esos dos chicos tienen una segunda oportunidad. Y eso, en medio de tanto dolor, es lo único que importa.

“Lo vi arriba de mi hija, con una mano ahorcándola y con la otra clavándole el cuchillo”, contó en diálogo con Telenoche. Hablaba pausado, como si todavía necesitara ordenarlo antes de decirlo. “Y la nena estaba llena de sangre… no pensé nada, me tiré encima de él”.

Ese movimiento desesperado pareció descolocar al agresor. Ramos soltó a Kiara, pero antes le dio un golpe tan fuerte que le fracturó el pómulo en tres partes. Ella misma lo explicó con crudeza: “Tengo que operarme, ponerme una prótesis… pero creo que ese golpe me salvó la vida”.

La beba también fue herida

La violencia no se detuvo ahí. La nena terminó con cortes profundos en el rostro: un tajo de siete puntos de un lado y dos del otro. Mónica no recuerda otro episodio tan feroz, aunque admite que sí había discusiones previas en la pareja. Nada de esta magnitud.

Según reconstruyó Kiara, no hubo pelea previa ni tensión visible. Estaban mirando una película. Diez minutos después, todo cambió: “Se le tiró encima, la ahorcó, le pegó en la cara… y después agarró el cuchillo”, relató Mónica, quebrada.

Denuncias que se multiplican y un prófugo que preocupa

Tras hacerse público el caso, otras jóvenes se comunicaron con Kiara para contar que también habían vivido episodios de violencia con Ramos. Esa información encendió aún más las alarmas de la familia, que exige su detención.

Para Mónica, el riesgo es claro: “Es un femicida en potencia. No quiero que mi hija ni mi nieta vivan con miedo. Esto no puede quedar impune”.

Mientras tanto, la Justicia lo busca intensamente. La familia, entre curaciones, trámites médicos y noches sin dormir, intenta procesar lo que pasó. Lo cierto es que esta investigación podría abrir preguntas más amplias sobre cómo se detectan —o no— señales de violencia previa, y sobre la urgencia de actuar cuando aparecen los primeros indicios.

La investigación sigue en marcha y las heridas, físicas y emocionales, tardarán en sanar. Lo que está claro es que el caso volvió a poner sobre la mesa un tema que incomoda pero que es necesario mirar de frente: la violencia que se ejerce puertas adentro y que, muchas veces, estalla sin aviso.

A partir de ahí, el área de Inteligencia Criminal de ACOLN, junto a la Justicia Federal, desplegó una investigación paciente: escuchas, seguimientos, análisis de rutas, movimientos sospechosos. Nada quedó librado al azar.

“Esto no fue casualidad. Fue una intervención quirúrgica”, comentó una fuente cercana al operativo, bajo estricta reserva.

El operativo sobre la Ruta 22, a la altura de La Adela, parecía un control más. Pero no lo era.

Los agentes interceptaron un vehículo que tenían identificado desde hacía días. En un primer registro decomisaron 4,4 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas. Hasta ahí, el operativo ya era exitoso.

Pero el desconcierto llegó después: al revisar nuevamente el auto, detectaron un doble fondo en el chasis. Dentro del compartimento oculto había otros 10 kilos de cocaína perfectamente embalados.

Una maniobra usada por bandas de alta organización. Nada improvisado.

Con ese hallazgo, la carga incautada en La Adela ascendió a 14,4 kilos, que sumados a los 4,2 de Catriló, hacen un total de:

➡ 18,6 kilos de cocaína fuera de circulación

Los investigadores reconstruyeron que el líder de la banda, con base en Buenos Aires, financiaba la compra de vehículos de manera constante. Luego los adaptaban con modificaciones para crear compartimentos invisibles a simple vista.

Los movimientos eran frecuentes sobre rutas pampeanas y con conexiones hacia el sur del país. La Policía cree que La Pampa era un corredor estratégico, no un destino final.

“Aún no está claro si la droga iba a distribuirse en la región o seguir viaje hacia otras provincias”, deslizó un investigador.

El secuestro de casi 19 kilos de cocaína no solo representa un fuerte golpe económico para la banda. También, según analistas en seguridad, evita que miles de dosis lleguen al mercado ilegal.

En números concretos, la incautación podría equivaler a más de 90.000 dosis.

Esto genera alivio en la comunidad, especialmente en localidades pequeñas como La Adela, donde hechos de este tipo suelen tener un impacto mayor.

La causa ya está en manos del Juzgado Federal competente. Los investigadores creen que aún quedan eslabones por identificar y que las detenciones en La Adela podrían ser solo el inicio.

Según fuentes judiciales, la investigación sigue abierta.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos estaban acusados de delitos graves como abuso sexual, violencia de género, estafas y hurto. Las detenciones fueron realizadas por la Policía Bonaerense, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina (PFA), en un operativo coordinado que abarcó distintos puntos del país.

El primer arresto se concretó en Moreno, donde un hombre de 48 años —acusado de cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”— fue detenido al salir de la Escuela de Educación Especial N°501. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

En Tristán Suárez, un hombre de 60 años fue arrestado tras ser imputado por producción y comercialización de material de menores con fines sexuales. La captura se llevó a cabo en la Escuela N°2, luego de una investigación previa de la Bonaerense y con la intervención del Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza.

Otro de los detenidos fue Martín Alejandro Heim, de 55 años, quien era buscado por hurto. Fue interceptado por personal de la DDI en Trenque Lauquen, al retirarse de la Escuela N°3, y quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal local.

La Matanza también fue escenario de dos arrestos por delitos sexuales. En Virrey del Pino, un hombre de 35 años fue capturado por abuso sexual gravemente ultrajante, mientras que en La Tablada, otro de 38 años fue detenido por abuso sexual agravado. Ambos estaban bajo la órbita de la UFI N°1 de Violencia de Género del distrito.

En La Plata, tres hombres terminaron detenidos en diferentes escuelas. Uno fue arrestado por violencia de género, otro —Osvaldo Adrián Mansilla, de 81 años— por abuso sexual reiterado calificado, y el tercero —Leandro Xavier Ferrarazzo, de 36— por incendio. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

En San Nicolás, la DDI local detuvo a Luis Alberto Fraga, de 37 años, prófugo por un abuso sexual cometido en 2024. Lo esperaban en la Escuela de Educación Secundaria N°10, donde fue arrestado sin resistencia.

El último operativo tuvo lugar en Colonia Elía, provincia de Entre Ríos, donde la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 66 años acusado de abuso sexual agravado. La causa estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, encabezada por José María Campagnoli.

Aunque para muchos resulte sorprendente, no es la primera vez que las jornadas electorales se convierten en terreno fértil para este tipo de detenciones. Las fuerzas de seguridad suelen aprovechar el carácter obligatorio del voto para localizar a personas con pedidos de captura, que, confiadas, se presentan en sus escuelas asignadas.
“Es un momento en el que bajan la guardia”, explicó una fuente policial. “Muchos creen que por el movimiento general del día nadie los va a identificar, pero ocurre lo contrario: los registros son controlados con más atención”.

Mientras la ciudadanía cumplía con su derecho al voto, estos diez hombres enfrentaron un destino diferente: el reencuentro con causas judiciales que intentaban esquivar.
Las detenciones, distribuidas entre Buenos Aires y Entre Ríos, no solo cerraron casos pendientes, sino que también dejaron en evidencia la coordinación entre las distintas fuerzas y el poder judicial.

Como cada elección, hubo quienes buscaron ejercer su deber ciudadano… y terminaron rindiendo cuentas ante la Justicia.

Al intentar identificar a los ocupantes, el conductor —un joven de 24 años— aceleró bruscamente y se dio a la fuga, desatando una persecución que se extendió por varias cuadras. La tensión aumentó cuando el automóvil derrapó en la esquina de Belgrano, quedando cruzado frente al móvil policial. A pesar de las reiteradas órdenes de detenerse, el conductor volvió a escapar, impactando incluso contra un lateral del patrullero.

Otro móvil se sumó rápidamente al operativo, y ambos iniciaron la persecución en dirección a La Adela, cruzando el límite interprovincial. Finalmente, el vehículo fue interceptado en territorio pampeano, donde los tres ocupantes fueron reducidos e identificados.

Los jóvenes —de 24, 19 y 17 años, todos con domicilio en Río Colorado— fueron demorados mientras se notificaba a las autoridades locales. Por tratarse de un hecho que involucró a dos jurisdicciones, intervinieron tanto la policía como la fiscalía de La Pampa, aunque las actuaciones judiciales continuarán en Río Negro.

El caso fue caratulado como “Atentado y resistencia a la autoridad” y “Daño calificado”, delitos que podrían tener implicancias judiciales para el conductor. Fuentes cercanas a la investigación no descartaron que el intento de fuga haya estado motivado por eludir un control vehicular, aunque aún se analizan las circunstancias completas del hecho.

Vecinos de la zona señalaron que los operativos de prevención se intensificaron en las últimas semanas, especialmente en sectores de alto tránsito nocturno. “No es la primera vez que ocurre algo así”, comentó un residente del barrio, reflejando cierta preocupación por la reiteración de maniobras temerarias en la vía pública.

Más allá del episodio puntual, la situación vuelve a poner en discusión la seguridad vial y la responsabilidad juvenil al volante. “Esto podría haber terminado en una tragedia”, reconoció un oficial que participó del operativo.

Lo cierto es que el incidente dejó un claro mensaje: evadir un control policial no solo es un delito, sino una acción que pone en riesgo la vida de quienes la protagonizan y de terceros inocentes.

Las pruebas fueron determinantes: huellas de un vehículo compatibles con su automóvil y restos cárnicos hallados en un inmueble cercano a su casa terminaron por sellar la responsabilidad penal.

“Quedó acreditado el hecho y, de esta manera, el acusado fue encontrado culpable del delito de robo de ganado, conforme al artículo 167 quáter inciso 1 del Código Penal”, sostuvo el tribunal.

La disputa por la condena

En la audiencia de cesura, celebrada este jueves, el Ministerio Público Fiscal —representado por Daniel Zornita y Matías Álvarez Reynolds— reclamó ocho años de cárcel. Los fiscales insistieron en que no se trató de un acto de necesidad, sino de un delito planificado, ejecutado con conocimiento del terreno y con intención de ocultar pruebas.

Zornita recordó que Pacheco tiene antecedentes en el fuero federal por tenencia de armas y estupefacientes. “No mostró arrepentimiento y su accionar genera inseguridad entre productores de la zona”, enfatizó.

La defensora oficial, Josefina Santos, rechazó el pedido de la fiscalía por considerarlo desmedido. Pidió aplicar el mínimo legal, cuatro años, y cuestionó la valuación económica del daño: “El cálculo no es concluyente porque no se disponía de los animales completos para peritar”, explicó. También puso en duda que una condena efectiva logre la reinserción del acusado ante la falta de programas específicos en las cárceles.

La voz del acusado

Antes de que el tribunal se retirara a deliberar, Sergio Pacheco tomó la palabra. Con tono firme, recordó que en otras causas había sido sobreseído y reclamó un juicio justo: “Que se haga justicia. Yo siempre trabajé en la calle y no me escondo”, aseguró.

Lo que viene

La expectativa está puesta en el próximo lunes 1 de septiembre al mediodía, cuando los jueces darán a conocer la sentencia integral. Ese día se sabrá si la condena se acerca a los ocho años que reclama la fiscalía o a los cuatro que solicita la defensa.

Mientras tanto, el caso reaviva un debate de fondo en la región: ¿cómo enfrentar los delitos rurales que generan preocupación entre productores y vecinos? La respuesta, al menos en este expediente, quedará en manos de los magistrados.

La sospecha no tardó en confirmarse. Tras una verificación con luz ultravioleta, se determinó que los papeles eran falsificados. De inmediato, la fiscalía federal ordenó el secuestro de la documentación y las chapas patentes, además de iniciar actuaciones por falsificación y uso de documentación adulterada.

La investigación no terminó allí. Personal de la Planta Verificadora revisó el rodado y descubrió que el número de motor no coincidía con el registrado en la cédula. Al cotejarlo en la base de datos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), surgió un dato clave: pertenecía a un vehículo robado el 25 de marzo de este año en Mar del Plata, bajo jurisdicción del departamento judicial de General Pueyrredón.

La situación escaló rápidamente. Con la intervención de la fiscalía de Río Colorado y a pedido de la justicia bonaerense, se dispuso el secuestro total del auto y se sumó una nueva imputación contra el conductor: encubrimiento.

Más allá de la causa puntual, el hecho vuelve a poner en agenda un tema recurrente: el mercado ilegal de autopartes y la circulación de vehículos adulterados. Según especialistas en seguridad vial y judicial, estos hallazgos no son aislados y exponen tanto la vulnerabilidad de los sistemas de control como la extensión de las redes de robo automotor.

“Cada hallazgo como este no solo es un delito en sí mismo, sino que también deja en evidencia un circuito más grande detrás”, explicó un funcionario consultado de manera extraoficial.

El conductor quedó imputado en dos causas paralelas: una por falsificación de documentación y otra por encubrimiento. Mientras tanto, el vehículo permanece bajo custodia judicial. Resta ahora definir si la investigación permitirá avanzar sobre posibles responsables del robo en Mar del Plata o si se trata de un hecho aislado.

Aunque la moto ya había sido hallada por efectivos de la Comisaría 11 el domingo a la madrugada —estaba estacionada frente a una vivienda de la calle Raúl B. Díaz—, el hombre seguía prófugo. En ese momento, la policía solo pudo secuestrar el vehículo, pero no dar con el presunto ladrón.

Un intento de fuga que terminó en cerco

Todo cambió este martes pasadas las 20:30, cuando un patrullero (el interno 2803) divisó al sospechoso caminando por la intersección de 18 de septiembre y Santos Malvinos. Al notar la presencia del móvil policial, el hombre comenzó a correr en dirección contraria, ignorando por completo la voz de alto que le dieron los efectivos.

La persecución continuó por calle 18 de septiembre y terminó, momentáneamente, cuando logró refugiarse en una vivienda ubicada nuevamente en la calle Ramón Tuero.

Allí se inició un operativo cerrojo que incluyó el apoyo de unidades de la Comisaría de Familia y Seguridad Vial. El despliegue policial fue inmediato y coordinado, ya que había riesgo de que intentara escapar nuevamente por los fondos o ingresar a otras propiedades.

Durante los minutos siguientes, el prófugo intentó burlar el cerco escapando por casas vecinas. En una de ellas, perteneciente a una familiar, se atrincheró y ofreció resistencia, generando momentos de tensión tanto para los efectivos como para los vecinos del lugar.

El encierro duró cerca de dos horas. Finalmente, pasadas las 22, arribó al lugar el fiscal a cargo de la causa. Según se supo, tras mantener un diálogo directo con el hombre, logró persuadirlo para que se entregara sin necesidad de utilizar la fuerza.

Aún no trascendieron los cargos formales que se le imputarán, pero se espera que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal brinde más información sobre su situación procesal. Lo cierto es que, al cierre de esta nota, el hombre permanece detenido y la causa continúa su curso.

Con información del área de Prensa de la Unidad Regional IV