Según confirmaron fuentes judiciales, en ese operativo se incautaron computadoras, celulares y papeles vinculados a contrataciones con distintos laboratorios. Todo ese material ya quedó bajo análisis de los peritos.

En la casa de Spagnuolo, en Pilar, los investigadores encontraron dinero en efectivo, dos celulares y hasta una máquina de contar billetes, un detalle que alimenta las sospechas de maniobras financieras fuera de control.

Los allanamientos también alcanzaron a los directivos de Suizo Argentina. En sus autos se hallaron órdenes de pago por sumas millonarias y, en el caso de Emmanuel Kovalivker, nada menos que 266.000 dólares escondidos en el vehículo.

Cómo empezó la causa

El expediente se abrió tras la filtración de audios comprometedores donde se hablaba de supuestos pagos de retornos y sobornos vinculados a la compra de medicamentos. Esos audios, además, mencionan de manera indirecta a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, lo que disparó una polémica aún mayor.

La Justicia busca ahora reconstruir el camino del dinero: cómo se movían los fondos, quiénes participaban en la operatoria y, sobre todo, si existió un esquema sistemático para sostener contratos millonarios con el Estado.

Impacto político y social

El caso golpea de lleno en un terreno especialmente sensible: la atención de personas con discapacidad. Los programas de salud que dependen de ANDIS son vitales para miles de familias en todo el país, lo que explica la indignación que ya empieza a sentirse entre organizaciones y beneficiarios.

Políticamente, el escándalo abre un frente incómodo para el Gobierno, que prometió transparencia y austeridad como bandera. “Esto podría transformarse en un test de credibilidad para la gestión nacional”, advierten analistas judiciales y políticos.

Lo que viene

Aunque la causa recién comienza, todo indica que se avecinan semanas intensas. La Justicia avanzará sobre el peritaje de los teléfonos y documentos secuestrados, al mismo tiempo que se esperan nuevas declaraciones indagatorias.

Lo cierto es que el expediente no solo busca probar la existencia de coimas: también pone bajo la lupa la manera en que el Estado contrata y controla a laboratorios y droguerías. Un terreno donde, según admiten especialistas en políticas públicas, históricamente se mezclaron negocios privados y fondos públicos.

La pregunta que sobrevuela en despachos oficiales y en la calle es inevitable: ¿hasta dónde llegará este escándalo y cuántos nombres más terminarán salpicados?

En el caso del médico, se trata de un profesional de Río Colorado, que en reiteradas oportunidades habría recetado una ampolla de toxina botulínica (“botox”), insumo de alto costo (alrededor de $ 800.000), a nombre de distintos afiliados del IPROSS, mientras que dicho insumo no era para ellos, sino para terceras personas.

Según detalla la denuncia, esto se cometió: “de forma intencional y para que el Instituto pague un tratamiento costoso que debe cubrir otra obra social, o que deben solventar las propias personas (que no son afiliadas al IPROSS) y a quienes estaban en realidad destinados los medicamentos”. En la presentación se detallan y documentan tres hechos, ocurridos entre el 8 de julio de 2024 y el 21 de agosto de 2024.

La otra denuncia penal fue presentada contra una afiliada de la ciudad de General Roca, por la falsificación de múltiples facturas que luego fueron presentadas al IPROSS para recibir un reintegro por dichas sumas.
La afiliada habría falsificado las facturas por tratamientos que, según indicaban dichas facturas falsas, eran prestaciones para su hija; una niña con discapacidad que es afiliada obligatoria indirecta al IPROSS.

En este caso, se realizó un extenso sumario previo, y se comprobaron los números de CAE (Comprobante de Autorización Electrónica) de las facturas, que arrojaron como resultado que no eran facturas auténticas. Incluso los números de CUIT no correspondían a las personas o entidades que supuestamente habían emitido dichas facturas.
En el marco del sumario, la afiliada sumariada (la madre de la niña) nunca ejerció una defensa formal ni ofreció ninguna prueba que desacredite la imputación. En la presentación se detallan y documentan 13 hechos, ocurridos entre el 3 de diciembre de 2021 y el 2 de marzo de 2022.

Cabe recordar que en junio pasado, IPROSS presentó tres denuncias por hechos similares, que actualmente siguen su curso judicial.

Entonces, tomó la decisión de acercarse al Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) y consultar si su único hijo podía ayudarla económicamente. Fue en ese espacio que tras la atención oportuna y el asesoramiento concreto de una defensora adjunta especializada en mediación, esta mujer de 85 años logró que su necesidad fuera contemplada.

“Esta historia nos llamó la atención porque fue la señora que realizó la solicitud de la prestación alimentaria, generalmente son los hijos, aquellos que se encargan del cuidado de su madre o su padre que les reclaman a los hermanos que no prestan colaboración”, explicó la representante del Ministerio Público de la Defensa.

“En este caso, el hombre es hijo único, y en alguna oportunidad ella había desistido del reclamo, sin embargo con el sistema de seguimiento que hemos implementado, la llamamos, la convocamos y luego solicitamos la mediación”, comentó la defensora.

“De esta manera, tras algunas horas, el primogénito aceptó que el acuerdo quedara plasmado y deposita un porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil, entre el 1 y el 10 de cada mes, actualizable según los montos que queden determinados por la cartera nacional”, agregó la representante de la defensa pública.

El acuerdo fue celebrado en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) con la intervención de una mediadora, una defensora MARC adjunta que asistió a la señora, y el hijo se acercó con una abogada particular.

¿Tenés o conocés un caso similar? Acá podés consultar:
Centros de Atención de la Defensa Pública, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30.
Ver aquí el CADEP más cercano a tu domicilio.

Nada de todo eso ocurrió. Ni el depósito en la cuenta judicial abierta para ese fin, ni la actualización de la cuota respecto del SMVM, ni los días que la niña compartía con el hombre.

“Entonces, como no podíamos notificarlo, intentamos citarlo y tampoco venía. Seguido a ello, fue su defensora quien no pudo tampoco hacerlo venir. Mientras la denunciante nos explicaba que era imposible hablar con él, que le decía que realizaba los depósitos y seguía depositando lo mismo, que tampoco buscaba a la niña y que ésta le preguntaba por su papá”, describió la representante de la Defensa Civil Pública.

“Es así que la alternativa que nos brinda el Código Civil para destrabar estas cuestiones son varias, de ese crisol nosotros solicitamos a la jueza de Familia que se aplicara una medida razonable”, detalló la defensora.

Por ello, se libró un oficio al Registro de Deudores alimentarios donde se detalla que -además de ingresarlo en el listado provincial- “de conformidad con las disposiciones de los Artículos 553 y 670 del Código Civil, se prohíbe el ingreso a las canchas de fútbol del Estadio Luis Maiolino y a las de la Asociación Española al señor, hasta tanto regularice el pago de los alimentos. Así mismo se lo intima a dar cumplimiento al Régimen de Comunicación pactado en el acuerdo homologado, bajo apercibimiento de aplicar conminaciones económicas”.

¿Qué son las medidas razonables?

“El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia”, Artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Se trata de una norma adaptable y que requiere de la creatividad y del ingenio de los y las defensoras que asisten a quienes se acercan requiriendo auxilio respecto del deber alimentario. Son los funcionarios de la Defensa Pública los responsables de buscar alternativas para volver efectivo ese cumplimiento.

Cabe recordar también que el derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes está consagrado como derecho humano, que se vincula con su derecho a la salud y a una vida digna.

La Convención de los Derechos del Niño en el Artículo 27 les reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social , siendo responsabilidad de los progenitores proporcionarlo, así como obligación del Estado buscar el cumplimiento de la obligación.

El juicio se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas durante el mes pasado y contó con la participación del fiscal Francisco Trucco, el defensor Santiago Vázquez y el defensor oficial Mauro Fernández, quien representó a la querellante particular.

Gianinetto consideró probado que, la noche del 22 de enero de 2023, el acusado fue a la casa de su expareja, madre de su hija, tras una conversación telefónica previa. La jueza determinó que su accionar no fue un impulso momentáneo, sino un plan premeditado con la intención de asesinar a su expareja.

Al llegar al domicilio de la víctima, el hombre la confrontó por estar con otro hombre y comenzó a persuadirla para que ingresara a la vivienda. Una vez dentro, aprovechó que la hija se encontraba en el baño para llevar a la mujer a la habitación, donde intentó estrangularla hasta dejarla inconsciente, continuando luego con las agresiones. Tras recuperar la consciencia, la mujer logró escapar por una ventana y pedir ayuda a un vecino, alertada por los gritos de su hija.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía solicitó una condena de 12 años de prisión bajo la calificación de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido contra la persona con la que el acusado mantenía una relación de pareja, con o sin convivencia. La querella coincidió en la calificación, pero pidió una pena de 13 años de prisión. Por su parte, la defensa solicitó la absolución del imputado, invocando el beneficio de la duda.

La jueza Gianinetto coincidió con la acusación en que «el único atenuante es que el acusado es una persona trabajadora». Sin embargo, valoró como agravantes la existencia de una condena anterior, impuesta por el mismo Tribunal en agosto de 2022, que le había fijado nueve meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves agravadas contra la misma víctima. En el momento del hecho, el acusado aún estaba sujeto a restricciones de acercamiento y comunicación con la víctima, las cuales desobedeció.

Asimismo, la magistrada consideró como agravante el contexto violento del ataque, llevado a cabo en presencia de la hija menor de ambos, así como el daño físico y psicológico causado a la víctima, incluidas las secuelas permanentes en su voz y las repercusiones emocionales en la niña. Gianinetto también subrayó la conducta posterior del acusado, quien huyó del lugar para eludir su responsabilidad y envió un mensaje simbólico y perverso a través de su hija, al mandarle un anillo a la madre.

La investigación, a cargo del juez Miguel Ángel Farías, también involucra al padre y al hermano del legislador. En este contexto, la Dirección de Cibercrimen y la Secretaría de Asistencia a Investigaciones Complejas (SAIC) llevaron a cabo una requisa en la localidad de Apóstoles, donde reside Kiczka.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron una computadora personal, dos teléfonos móviles y un pendrive, todos conteniendo material relacionado con abuso sexual infantil, zoofilia e incesto. La difusión pública del caso provocó que diferentes sectores políticos exigieran que Kiczka sea removido de su cargo, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también para que se le aplique el mismo tratamiento que a cualquier ciudadano.

Desde Activar, el espacio político al que pertenece y que es liderado por el libertario Pedro Puerta, hijo del expresidente interino Ramón Puerta, emitieron un comunicado subrayando que «nada ni nadie está por encima de la ley».

Pedro Puerta, quien hasta hace poco se mostraba públicamente junto a Kiczka, tomó distancia del legislador y le solicitó públicamente que renuncie a su cargo y a los fueros parlamentarios. «Como espacio político y como ciudadanos, necesitamos conocer la verdad», expresó en redes sociales.

Misiones: el contenido de la renuncia de Germán Kiczka

En su renuncia presentada ante la Cámara de Diputados provincial, Kiczka argumentó: «Mi decisión se basa en la necesidad de dedicarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado».

Asimismo, añadió: «Lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones y demostrar mi inocencia».

Le pedí a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado para que, sin fueros, la justicia investigue y avance con celeridad en el esclarecimiento del caso. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley.

Como espacio político y como ciudadanos, necesitamos conocer la… https://t.co/4uvpzd5Qem

— Pedro Puerta (@pedropuertaok) August 9, 2024

Fabiola Yañez presentó una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia de género. Recientemente, se divulgaron imágenes de los moretones en el cuerpo de la ex primera dama, junto con capturas de pantalla de conversaciones entre ella y su esposo, así como videos tomados en la Casa Rosada que comprometen al exmandatario.

Fabiola Yañez estaba embarazada al momento de la presunta agresión por parte de Alberto Fernández.

El 23 de septiembre de 2021, mediante un comunicado de la Presidencia, se informó que Fabiola Yañez se encontraba en su décima semana de embarazo. «Se informa que la primera dama, Fabiola Yañez, se encuentra cursando su décima semana de embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Desde la Unidad Médica Presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión», detallaba el comunicado.

En las capturas de pantalla de los chats, se puede observar que la conversación entre la pareja presidencial fue registrada en la madrugada del 13 de agosto de 2021. En esos mensajes, la ex primera dama envió fotos de su rostro y brazo, y escribió: «Me venís golpeando hace tres días seguidos».

La situación se agrava aún más, ya que se afirma que Yañez estaba embarazada cuando le pidió a Fernández que dejara de golpearla. Las pruebas que respaldan esta afirmación incluyen las capturas de los chats difundidos entre ellos.

Según la Presidencia, el embarazo de Yañez habría comenzado entre el 12 y el 18 de julio, lo que indica que en agosto ya estaba en proceso de gestación, coincidiendo con especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo de la ex primera dama.

Además de las pruebas de los chats, la propia Fabiola Yañez confirmó que estaba embarazada al momento de la agresión. En su declaración ante la Dirección de Protección a las Víctimas, la ex pareja de Alberto Fernández aseguró haber sido golpeada «en el piso» mientras cursaba su octavo mes de embarazo.

Alberto Fernández imputado por violencia de género contra Fabiola Yañez

Tras la denuncia presentada por su ex pareja, el expresidente Alberto Fernández fue imputado por violencia de género, y la Justicia ha comenzado a reunir pruebas. Según informó la periodista Vanesa Petrillo en C5N, «se le notificó oficialmente de la segunda declaración realizada por Fabiola Yañez ante los fiscales especializados en violencia de género. Alberto había sido notificado de las medidas restrictivas en la primera declaración».

De esta manera, el exmandatario quedó formalmente imputado por los hechos, y queda pendiente la calificación jurídica que determinará la Justicia en este caso.

La medida fue tomada después de que Maciel declarara durante más de siete horas ante la jueza Cristina Penzo en el Juzgado Federal de Goya.

Pierri comentó sobre la declaración de su cliente: «Creemos que todos mintieron, especialmente su círculo íntimo, incluso sus familiares. Maciel declaró durante 7 horas y 15 minutos, además de una reunión previa de dos horas. Proporcionó un relato detallado a la jueza desde el primer momento en que tuvo contacto con el caso”.

«Respondió más de 105 preguntas y ofreció citas que la jueza está verificando actualmente. Algunas diligencias se llevaron a cabo ayer. La jueza visitó a la abuela de Loan para corroborar datos relacionados con la declaración de Maciel», añadió.

En cuanto a su posible vínculo con Benítez, Pierri señaló: “No lo conocía. Maciel lleva solo 4 meses como comisario en la zona, por lo que hay lugares que ni siquiera conoce. Este paraje no lo conocía y tampoco a las personas presentes en el almuerzo, salvo a la señora Victoria por actos protocolares a los que asistió como funcionario. Al resto no los conocía ni tenía relación con ellos”.

Sobre el botín encontrado, Pierri comentó la versión de su defendido: «Maciel advirtió al fiscal Castillo que Laudelina y Macarena mentían y pidió su detención 48 horas después de la desaparición de Loan, tras el episodio de la zapatilla. Aclaró quién sacó la zapatilla de la tierra, indicando que fue la tía de Loan, y Maciel se la entregó al fiscal. La sorpresa fue que Laudelina identificó la zapatilla como de Loan, a pesar de estar envuelta en tierra y ser irreconocible».

«Maciel era el único que buscaba la verdad y fue encarcelado por ello. Hoy, la única que investiga verdaderamente es la jueza, quien también está siendo investigada. Esta es una de las peores investigaciones que he visto en mucho tiempo», expresó Pierri.

También señaló que este lunes habrá una diligencia procesal por una llamada telefónica que Maciel recibió del sargento Duarte, lo que resultará en una sanción y su citación a declarar.

«Hasta ahora se han corroborado dos declaraciones muy contundentes de Maciel. Creo que en las próximas horas tendremos una idea más clara de lo que ocurrió y lo que podría estar pasando», concluyó Pierri.

Por último, sobre la detención de su cliente, afirmó: «No cabe ninguna duda de que alguien quería que Maciel no estuviera en la investigación. Evidentemente, molestaba a la investigación. No tengo ninguna duda de que había una visión de que Maciel era el problema de todos los males».

Los hechos se remontan a la noche del 9 de enero, cuando Jorge Gatica se encontraba en una camioneta S10 junto a Martín Urrutia. La víctima decidió detenerse en una despensa para comprar chorizos y carne, pero al salir corriendo sin pagar, fue perseguido por los dueños del comercio. Fue en ese momento cuando una menor de edad que pasaba por la comisaría local alertó a la policía sobre la situación.

Cuatro oficiales, identificados como el sargento Vilmar Alcides Quintrel, el cabo primero Jorge Luciano Sosa, la sargento primera Andrea Carmen Henríquez y el cabo primero Walter Denis Carrizo, llegaron al lugar y redujeron a Gatica con una toma por el cuello. Lo detuvieron y lo trasladaron a la comisaría bajo la sospecha de haber cometido un hurto menor.

Una médica de guardia examinó a Gatica al llegar a la comisaría y certificó que tenía traumatismos faciales y escoriaciones, aparentemente sufridos durante su detención, pero consideró que no necesitaba atención adicional. Sin embargo, lo que sucedió a partir de ese momento es verdaderamente escalofriante.

Los policías mantuvieron a Gatica bajo su control durante aproximadamente dos horas y media, tiempo durante el cual, según la investigación, lo golpearon brutalmente. La autopsia reveló que sufrió más de cincuenta lesiones en todo su cuerpo, producto de golpes, patadas y el uso de objetos contundentes. Estas lesiones, indudablemente, contribuyeron a su trágica muerte.

En el procedimiento abreviado, el oficial ayudante Gastón Alexis Moraga, quien se encontraba de servicio la noche de los hechos, admitió su culpa por no haber evitado que sus compañeros torturaran a Gatica y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Moraga, visiblemente afectado, pidió perdón a la familia de la víctima y reconoció que, como oficial de la Policía provincial, tenía la responsabilidad de proteger la integridad de quienes estaban bajo custodia.

El abogado Rubén Antiguala, representante de la familia de la víctima, destacó la importancia de esta condena, enfatizando que el hecho ocurrió en una institución pública y a manos de agentes policiales cuya principal responsabilidad era salvaguardar la vida y la integridad de Jorge Gatica.

El acuerdo alcanzado en el juicio abreviado incluye una pena de tres años de prisión en suspenso para Moraga, la solicitud de su renuncia a la fuerza provincial, la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones policiales y la prohibición de acercarse a los familiares de la víctima. El juez encargado de la audiencia anticipó que homologaría el acuerdo, y la sentencia se dará a conocer en los próximos días.

Este trágico caso arroja luz sobre la necesidad urgente de reformar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y garantizar la rendición de cuentas en el sistema de justicia. La sociedad exige respuestas y acciones concretas para prevenir futuros abusos de poder y asegurar que tragedias como la de Jorge Gatica no vuelvan a ocurrir.

La historia comenzó cuando un hombre de Luis Beltrán, cuya identidad no ha sido revelada, intentó realizar una transferencia de 52.000 pesos a través de la popular plataforma de pagos electrónicos, Mercado Pago. Sin embargo, un simple error al ingresar los datos del destinatario llevó a que el dinero fuera a parar a la cuenta equivocada.

El destinatario involuntario de la transferencia, identificado como otro hombre de la misma localidad, reconoció de inmediato el error y procedió a realizar una transferencia de regreso. Sin embargo, debido a dificultades financieras, solo pudo devolver 43.000 pesos, quedando un saldo pendiente de 9.000 pesos.

Después de semanas de intentar resolver la situación de manera amigable sin éxito, el afectado decidió tomar medidas legales. Presentó una demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de su ciudad, adjuntando como prueba las conversaciones de WhatsApp con el deudor y todas las transacciones relacionadas con el caso.

La jueza a cargo del caso fijó una audiencia presencial en la sede del juzgado para resolver la disputa. En dicha audiencia, el demandado admitió la deuda y explicó que la cantidad que había devuelto inicialmente era todo lo que tenía en ese momento debido a dificultades económicas personales. Aseguró que nunca tuvo la intención de quedarse con el dinero ajeno y se comprometió a completar el saldo pendiente lo antes posible.

Después de considerar los argumentos de ambas partes, la jueza emitió una orden de pago formal y estableció un plazo para que el deudor cumpla con su compromiso de manera integral. El proceso, desde el momento en que se presentó la demanda hasta la resolución final, tomó apenas 19 días hábiles, gracias al formato íntegramente digital implementado a través del Sistema PUMA del Poder Judicial. Además, cabe destacar que la tramitación del caso fue gratuita para ambas partes, lo que agilizó aún más el proceso.

Este caso destaca la importancia de mantener una comunicación abierta y respetuosa en situaciones de error en las transacciones electrónicas, así como la eficacia del sistema legal en la resolución de conflictos de menor cuantía. Aunque los errores pueden ocurrir, la vía legal proporciona un medio confiable para garantizar que las partes afectadas puedan recuperar su dinero de manera justa y oportuna.