En el marco de una audiencia de impugnación llevada a cabo en el día de hoy, solicitada por la defensa pública de un acusado de robo calificado en poblado, en banda y con escalamiento (artículos 167 inciso 2 y 4 del Código Penal), se confirmó la medida cautelar de
prisión preventiva por el término de tres meses, impuesta al momento de la formulación de cargos.
La fiscal adjunta de la descentralizada de Choele Choel Analía Alvarez se opuso por considerar que «los riesgos procesales no han cambiado y persisten hasta la fecha; tanto el eventual entorpecimiento al accionar de la justicia como el peligro de fuga. En primer lugar
porque existen elementos de convicción suficientes para considerar razonablemente que el imputado es co autor del hecho investigado Y en segundo lugar porque en caso de recaer condena la misma no será de ejecución condicional y de allí la conducta desplegada por el imputado para evitar el accionar de la justicia al momento de la detención ordenada».
Agregó que logró fugarse en dos oportunidades el mismo día. La primera fuga, tirándose al río donde también lo hizo el personal policial y el imputado. Traspasando los límites jurisdiccionales, se dirigió por el río en dirección a la Adela y luego al momento de la detención en una zona de chacras, cuando el personal policial fue alertado que el
imputado se encontraba allí, al advertir la llegada de la policía y en presencia de civiles se dio a la fuga corriendo. Luego fue interceptado a 50 metros, con varias voz de alto mediante a las quehizo caso omiso. Al ser aprehendido forcejeó con el personal policial
interviniente con el objeto de evitar la detención»
Finalizó la fiscal que esta es la única medida que va a garantizar la libertad tanto de la damnificada como de los testigos para declarar, sin presión alguna al momento de un juicio, entendiendo que las restante medidas resultan insuficientes.
La defensora Josefina Santos argumentó dicha impugnación considerando entre otros argumentos que se confirmó la prisión preventiva al finalizar diciembre; en la necesidad de producir prueba en relación a una causa por amenazas, que lo tendría por imputado; de la cual sólo
está notificado de la sustanciación de la misma no pudiéndose determinar responsabilidad o autoría sobre el mismo.
Menciona que el imputado tiene antecedentes pero que son condenas ya cumplidas, que el mismo siempre ha estado a derecho, que posee arraigo y que no existe posibilidad de que entorpezca la investigación. Solicitó en consecuencia que se revoque la resolución del Juez de
Garantías que al momento de la formulación de cargos el 15 de noviembre le impuso tres meses de prisión preventiva, por no encontrarse presentes los riesgos procesales. Agregó que de continuar con prisión preventiva su asistido, se configuraría un anticipo depena.
El Juez de Juicio Gastón Martín confirmó la prisión preventiva del imputado dictada oportunamente por el Juez de Garantías Guillermo Bodrato por el término de 3 meses, por valorar que se encuentran reunidos los requisitos que exige la norma y advertir la existencia de
riesgos procesales, tanto el peligro de fuga como el entorpecimiento en la investigación.
