¿Qué implica la nueva Ley de Facturación Electrónica en España?
España ha aprobado la nueva Ley de facturación electrónica, como el único sistema que debe emplearse en las relaciones comerciales entre las empresas y autónomos.
En este sentido es fundamental que cada empresa cuente con una asesoría adecuada, para cumplir la ley que cuente con el software correspondiente. De no hacerlo se estará incurriendo en un error que sanciones tanto a la asesoría como quien utilice el programa que no esté amoldado a la ley.
En este articulo hablaremos de ello.
La ley es parte forma parte del plan de recuperación y resiliencia que tiene el fin de promover la digitalización y luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, una acción que prevé fomentar el crecimiento empresarial en España.
Esta nueva normativa establece un cierto período desde la entrada en vigencia de la ley para que las empresas se amolden y cumplan los requerimientos técnicos y de información a incluir en la factura electrónica.
En este sentido es sumamente contar con una gestoría, que cumpla con los requisitos necesarios para poder cumplimentar todos los pasos para amoldarse a la nueva ley, como muchas empresas puede utilizarse la gestoría online, que trae consigo muchos beneficios.
Prepararse con tiempo para esta obligación legal, y poder cumplir con el fisco es fundamental, por ello la consulta y asesoría es vital para toda empresa o autónomo.
Las empresas tendrán cierto plazo para implementar esta nueva facturación. Y es asi que por ejemplo si una empresa cuya facturación anual supera los 8 millones de euros, tendrá un plazo de implementación de 1 año. En cambio si una empresa tiene una facturación menor a los 8 millones de euros, el plazo de implementación será de 2 años tras la publicación de la Ley.
Con esta nueva ley española, las empresas se encuentran con la obligación de facturar electrónicamente a otras empresas o autónomos por la prestación de servicios. No es una novedad este sistema, ya que ya ocurre en el ámbito público español con la utilización de facturas electrónicas a la administración pública por parte de los proveedores.
El sistema se traslada con esta ley al ámbito privado, por lo que las empresas y autónomos deberán adaptar sus sistemas a los requerimientos técnicos que impone la ley para poder emitir y recibir facturas de manera electrónica. Si por ejemplo el autónomo no cuenta con el nuevo software o sistema, también una gestoría autónomos.
