ArgentinaEconomíaNoticias

Podrían llegar a 10 mil los despidos en las empresas públicas durante los próximos meses

El dato surge de un estudio publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Las empresas públicas sufrieron 4.556 despidos durante el primer semestre de este año, pero podrían llegar a 10 mil para 2019, luego del acuerdo con el FMI.

El Estudio anticipa que la política de ajuste se profundizará durante el año y medio que resta hasta el final de la administración de la Alianza Cambiemos, merced a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, y que afectará en mayor medida a los trabajadores de las empresas del Estado,  llevando el número de despedidos a 10 mil, más del doble de los registrados hasta ahora.

El documento «El ‘saneamiento’ de las empresas estatales. Reducción de transferencias, despidos y acuerdo con el FMI”, publicado por el CEPA, persigue la evolución de las empresas públicas nacionales durante el período 2003 a 2015 en número, desempeño (recursos económicos y humanos), y establece luego la comparación bajo similares parámetros con los dos años y medio transcurridos desde el cambio de gobierno.

A partir de octubre de 2016 con la creación del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, quedaron definidas las políticas que en meses sucesivos comenzarían a aplicarse en el sector público.

El Consejo de Supervisión Estratégica está integrado por los ministros accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes, y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

El Ente interministerial se reúne periódicamente en Casa Rosada para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño. En las reuniones, los presidentes exponen sobre la situación actual de sus empresas y presentan lo que ellos consideran el rumbo a seguir, relata el informe del CEPA.

El siguiente cuadro muestra las empresas públicas agrupadas bajo supervisión del Consejo:

 

A través de una “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, elaborada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación en abril de 2017, el Gobierno preveía la reducción de transferencias y el retiro del Estado de la administración de la prestación de servicios y áreas estratégicas de producción, como Fabricaciones Militares o Yacimientos Carboníferos Río Turbio, entre otras.

La “Carta” emitida por la Jefatura de Gabinete es permanentemente crítica con respecto a la intervención del Estado en áreas del sector público. Alude a la “falta de coordinación entre las mismas”.

“En diciembre de 2015, el Gobierno encontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas, además, reinaba la corrupción”, se afirma desde la cartera conducida por Marcos Peña.

Luego fustiga a la inversión (que denomina “gasto”), durante el período de re estatización y subsidios a empresas vinculadas directamente al desarrollo, acudiendo a los mismos argumentos que se emplearon para justificar las privatizaciones de los 90: inexperiencia, ineficiencia, sobrecostos, etc. La experiencia, que motivó la recuperación de las empresas para el Estado Nacional, demostró que las privatizadas habían auspiciado en términos generales la falta de inversión, la fuga de capitales y la paupérrima prestación de servicios, cuando no, el vaciamiento (caso Aerolíneas, por ejemplo).

La recuperación para la administración pública del Correo Argentino, en 2003; AySA, en 2006; Aerolíneas Argentinas, en 2008; e YPF, en 2012, entre otras son, para el análisis de la Jefatura de Gabinete, presa de “muchos de los problemas tradicionales de la gestión empresaria del Estado argentino: administración inexperta e improvisada, empresas sin rumbo, déficits crecientes y, en ocasiones, como en Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares o Enarsa, empresas aprovechadas para usos políticos y carcomidas por la corrupción, según auditorías recientes” asegura previsiblemente el  texto.

El cuadro que sigue refleja la decisión política del Gobierno Nacional de intervenir directamente en sectores clave para el desarrollo nacional, durante el período 2003/2015:

 

La decisión contraria, que adopta la Alianza Cambiemos, se expresa con crudeza en el “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras entre Argentina y el FMI”, redactado el 12 de junio. Ahí, entre otras advertencias (como la liquidación del Fondo de Garantías de la ANSES; la venta de las acciones de participación del Estado en un amplio número de empresas), se anuncia que “reduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021”.

El recorte aplicado a las empresas públicas entre diciembre de 2015 y fines de 2016 superó los 30 mil millones de pesos, de acuerdo a los datos recogidos por el CEPA, en base a la información provista por la Jefatura de Gabinete. En algunos casos el ajuste liquidó por completo la producción de las empresas, por caso, en Fabricaciones Militares.

 

Despidos

Los despidos impactan e impactarán en general en el sector público y en particular en las empresas del Estado. Entre ellas está el caso contradictorio de Lotería Nacional, una empresa que no es deficitaria y desmiente las consideraciones ya citadas y expresadas en la “Carta” de análisis de la Jefatura de Gabinete, develando la ideología o en todo caso el modelo de país concebido por Cambiemos: Lotería sufrió 200 despidos hasta el momento.

Este cuadro ilustra la perspectiva de ajuste en el empleo en las empresas públicas:

 

En total el relevamiento hecho por el CEPA contabiliza 26.206 despidos y suspensiones en general englobando empleo público y privado (promedio 4.368 mensuales) durante el primer semestre de este año; esto es, 3.837 más que los registrados durante el mismo período de 2017. Un incremento del 17%.

El 46% de los despedidos (12.191) eran agentes del Estado. De ellos, 7.635 prestaban servicios en el Poder Ejecutivo y 4.556 en empresas públicas. La mayoría perdió su empleo durante enero y febrero de 2018.

Donde en mayor medida se sufrieron las expulsiones fue en los entes descentralizados: Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas, y Senasa, y en distintos municipios del interior. El grueso de los agentes despedidos del Poder Ejecutivo pertenecían a los ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social y de Economía.

Las empresas de integración estatal con más despidos fueron Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y Fabricaciones Militares.

También el gobierno bonaerense  aportó su cuota parte al desempleo (este medio reflejó en marzo las 1500 desvinculaciones tras el cierre de Ferrobaires, por citar un caso).

De acuerdo al estudio publicado por el CEPA la política de ajuste se profundizará de aquí a fines de 2019. En el caso de las empresas públicas los despidos podrían llegar a 10 mil luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que será reflejado en los próximos meses por la Ley de Presupuesto, con un fuerte recorte de partidas destinadas a las empresas de capital estatal.

Esto “implicaría una reducción de entre $1.800 (considerando salarios de 2016) y $3.000 millones (considerando salarios de 2018), es decir, si consideramos las transferencias a las empresas estatales en los niveles de 2016”, concluye el informe.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar